/ sábado 11 de mayo de 2019

Denuncia Corral a exfuncionario que dejó ir a "La Coneja"

Son delitos contra la administración de la justicia cuando se abstienen injustificadamente de ejercer la acción penal, reitera gobernador

El gobernador del estado Javier Corral Jurado y el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés presentaron dos denuncias formales en contra del exencargado de la Procuraduría General de la República (PGR) Alberto Elías Beltrán y quien resulte responsable por la obstrucción de justicia en el caso de Alejandro Gutiérrez tras el desvío de 250 millones de pesos.

Fue en la Ciudad de México donde el mandatario estatal arribó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, a presentar dos denuncias formales, una de carácter penal y la otra de carácter administrativo, por considerar que no se veló por la administración de justicia por abstenerse a ejercer la acción penal en contra del detenido, en este caso Alejandro Gutiérrez, ex funcionario nacional del PRI.

Dijo que la denuncia de carácter penal se presentó en contra de todos aquellos que resulten responsables por los presuntos delitos cometidos contra la administración de justicia, conforme a lo que dispone el Código Penal Federal, particularmente en lo señalado en la fracción Novena del Artículo 225, que señala lo siguiente:

“Se cometen delitos contra la administración de la justicia cuando se abstienen injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda, de una persona que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún delito”.

Además, la denuncia se sustenta en la fracción Trigésimo Segunda del mismo Código Penal, que señala: “obstaculizar la investigación de ley, del hecho delictuoso de que se trate o de favorecer que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia”.

Recordó que Chihuahua, a través de las instancias como la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda, denunció en su momento la acción combinada, o componenda, que se organizó entre varios agentes del Ministerio Público Federal, como el juez federal Gerardo Moreno García y la defensa de Alejandro Gutiérrez para, primero, fraguar la atracción del caso del desvío de 250 millones de pesos al erario público, atraerlo al ámbito federal.

“Una vez que estaba atraído por la Federación, cinco agentes del Ministerio Público se desistieron en una audiencia de juicio oral en la Ciudad de México, de todos y cada uno de los cargos, 21 en total, que se le imputaban a Gutiérrez, con base en ese hecho, evidente componenda para conseguir la exoneración de Alejandro Gutiérrez, es que se formuló una de las denuncias ante la FGR”, comentó el gobernador en la Ciudad de México.

Dentro de la segunda denuncia que presentaron de carácter administrativa, fue con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por considerar violaciones a los derechos humanos conforme lo estipula el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fracción Sexta, que señala: cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, cuando cauce perjuicios graves a uno o varios estados, y la fracción Séptima: omisión de carácter grave en términos de la fracción anterior.

“Acto seguido, no teníamos más que ser consecuentes con lo que habíamos dicho que en este caso llevaremos la exigencia de justicia a sus últimas consecuencias, incluso, como lo hemos anunciado, al ámbito de los organismos internacionales”, reiteró.

El gobernador del estado estuvo acompañado por el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés y Agustín Basave, representante en la Ciudad de México, así como Juan Ramos López, quien estuvo presente en representación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

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Fue en la Ciudad de México donde el mandatario estatal arribó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, a presentar dos denuncias formales, una de carácter penal y la otra de carácter administrativo, por considerar que no se veló por la administración de justicia por abstenerse a ejercer la acción penal en contra del detenido, en este caso Alejandro Gutiérrez, ex funcionario nacional del PRI.

Dijo que la denuncia de carácter penal se presentó en contra de todos aquellos que resulten responsables por los presuntos delitos cometidos contra la administración de justicia, conforme a lo que dispone el Código Penal Federal, particularmente en lo señalado en la fracción Novena del Artículo 225, que señala lo siguiente:

“Se cometen delitos contra la administración de la justicia cuando se abstienen injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda, de una persona que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún delito”.

Además, la denuncia se sustenta en la fracción Trigésimo Segunda del mismo Código Penal, que señala: “obstaculizar la investigación de ley, del hecho delictuoso de que se trate o de favorecer que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia”.

Recordó que Chihuahua, a través de las instancias como la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda, denunció en su momento la acción combinada, o componenda, que se organizó entre varios agentes del Ministerio Público Federal, como el juez federal Gerardo Moreno García y la defensa de Alejandro Gutiérrez para, primero, fraguar la atracción del caso del desvío de 250 millones de pesos al erario público, atraerlo al ámbito federal.

“Una vez que estaba atraído por la Federación, cinco agentes del Ministerio Público se desistieron en una audiencia de juicio oral en la Ciudad de México, de todos y cada uno de los cargos, 21 en total, que se le imputaban a Gutiérrez, con base en ese hecho, evidente componenda para conseguir la exoneración de Alejandro Gutiérrez, es que se formuló una de las denuncias ante la FGR”, comentó el gobernador en la Ciudad de México.

Dentro de la segunda denuncia que presentaron de carácter administrativa, fue con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por considerar violaciones a los derechos humanos conforme lo estipula el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fracción Sexta, que señala: cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, cuando cauce perjuicios graves a uno o varios estados, y la fracción Séptima: omisión de carácter grave en términos de la fracción anterior.

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