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Las autoridades en el estado, como los propios campesinos de la zona sur del estado, dicen desconocer el origen de las armas de fuego que presuntamente se extraviaron durante el conflicto en la presa La Boquilla y que fueron aseguradas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit.
Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no tiene conocimiento de algún reporte de robo de armas de fuego que le haya notificado la Fiscalía General de la República o la Guardia Nacional, y que la única investigación que se encuentra vigente es el robo de bombas de gas lacrimógeno y chalecos, por lo cual se encuentran detenidos Juan Carlos R.M., Juan L.M. y Rosendo L.L. desde septiembre de 2020.
“Habla que se han encontrado en Nayarit armas que fueron robadas, no tenía conocimiento, ni la Fiscalía General, no sé si el Ministerio Público Federal de que se hubiera denunciado el robo de armas en La Boquilla, lo que hubo fue una denuncia de la Guardia Nacional en contra de tres personas que se les acusó de portar granadas, cosa que es falsa y hemos varias veces intervenido”, refirió el gobernador Javier Corral Jurado.
Dijo que varias personas sustrajeron chalecos y gases lacrimógenos, pero que estos artefactos no son letales como un arma de fuego, “es la única denuncia que conocemos que se ha presentado por parte de la Guardia Nacional, no sabíamos que se había sustraído armamento de la Guardia Nacional y que ahora aparecieron en Nayarit, donde detuvieron a integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, estamos dispuestos a colaborar”.
El conflicto por el agua en la presa La Boquilla, ubicada en San Francisco de Conchos, ha registrado una serie de incidentes e incluso señalamientos de parte de las autoridades federales, donde en febrero de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como “politiquería”, por haber muchos intereses en la movilización en dicha presa.
Para el 5 de febrero se registró la llegada de más de 150 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes comenzaron a instalar el campamento en un perímetro aledaño a la presa, lo que tensó el ambiente con los agricultores y ciudadanos que se mantenían plantados en el lugar para evitar la extracción de agua para cumplir con el Tratado de Aguas Internacionales.
Tras este conflicto entre autoridades federales e intentos por abrir las compuertas por instrucción de Conagua, para realizar el pago del tratado, fue que los manifestantes se inconformaron y tuvieron una serie de confrontaciones con los elementos castrenses, quienes meses después aceptaron dejar las armas y vigilar el lugar equipamiento militar.
El 8 de septiembre de 2020, la Guardia Nacional depositó 64 armas largas que portaban los uniformados y cuatro armas de goma, que fueron aseguradas por los mismos guardianes nacionales para evitar un confortamiento armado, ya que los agricultores alegaban que ellos no estaban armados y sólo intentaban intimidar con su equipamiento.
Horas después de haber retirado las armas a los elementos de la Guardia Nacional, se registró la mayor confrontación con los agricultores, lo que terminó con la retirada de los castrenses y después de los hechos capturaron a tres campesinos, a quienes los calificaron de haber cometido robo de bombas de gas lacrimógeno, cargadores y chalecos, por lo cual actualmente siguen detenidos.
Tras ese arresto, los elementos de la Guardia Nacional, al momento de retirarse de ese lugar, abrieron fuego contra un vehículo, lo que dejó una mujer sin vida identificada como Yessica Silva y su pareja Jaime Torres quedó herido de gravedad a causa de los disparos de los uniformados.
En las primeras declaraciones los guardianes nacionales se escudaron diciendo que habían sido atacados por un grupo armado que quería liberar a los detenidos, sin embargo esto jamás fue comprobado y en cambio días después se detuvo a los elementos que habían participado en estos hechos y se encuentran actualmente presos.
Diez días después (18 de septiembre), productores y campesinos realizaron daños a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde acusaron de interponer una denuncia por daños, ya que las pérdidas rondaban en los 100 millones de pesos, pero hasta el momento ninguna persona fue detenida.
Luego de estos hechos, el presidente de la República exhibió a los políticos que estaban detrás de las manifestaciones, productores que recibían gran parte del agua de la presa e incluso instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera a “congelar” las cuentas de algunos de los principales manifestantes de La Boquilla, incluso a la del exgobernador José Reyes Baeza.
Ante las acusaciones que mencionó ayer sobre que miembros de la Cártel de Jalisco Nueva Generación se encontraban en la manifestación, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, dio a conocer que no tienen evidencia de la afirmación que emitió el Presidente de la República, y que en las áreas de inteligencia y en las áreas operativas se ha descartado la presencia de este grupo criminal en el estado de Chihuahua.
“No ha sido transparente el gobierno con la información. Desconozco si en realidad hubo armas sustraídas, ni sus características. Pero eso de ninguna forma puede ser un dato por el que se pueda afirmar que hay presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, comentó el fiscal general.
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