Al menos 9 municipios del estado deberán enfrentar procesos penales por faltas graves detectadas por la Auditoría Superior del Estado, en varios casos por contratos de servicios que nunca se dieron, contratación de despachos para la recuperación del ISR, e incluso por conflicto de intereses al contratar a familiares para la prestación de un servicio o como contratista.
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Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado, informó que se están integrando las denuncias, así mismo se están coordinando con la Fiscalía Anticorrupción y con la Secretaría de la Función Pública.
El próximo 15 de enero se concluirá con la revisión del resto de cuentas públicas 2019, durante 18 meses de trabajo de la ASE se han presentado 39 denuncias penales.
El funcionario explicó que muchos de los entes sujetos a auditoría solicitaron prórrogas para entregar sus resultados. Ahora que la Auditoría tiene mayor autonomía para la fiscalización se ha podido ejercer acción penal en el desvío de recursos.
Entre ellos, la primera sentencia condenatoria por peculado contra estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, a quienes debieron otorgarles una beca; asimismo, en la ASE detectaron a dos funcionarios que desviaron recursos, uno por 500 mil pesos para pagarse unos viajes a Miami, Cancún y San Francisco, otro por la contratación de una empresa para brindar cursos de capacitación que nunca se brindaron, por un monto de 5 millones de pesos.
Con las auditorías se ha podido combatir la corrupción, sin embargo hay prácticas que siguen muy arraigadas en algunos ayuntamientos.
Entre los municipios señalados está Bocoyna, donde se promueve acción de presunta responsabilidad administrativa y denuncia de hechos porque se autorizaron y realizaron pagos por concepto de sueldo y gratificaciones a Beatriz Elisa Cortinas Cano, quien tenía un puesto de enlace y a su vez era parte de la nómina del Congreso del Estado.
Explicó que entre estas están las relacionadas con el contrato de servicios y no existen evidencias de que se hayan efectuado, pero sí se pagaron con recursos públicos.
En cinco municipios, entre ellos Guachochi, se detectó que se contrató a diversos despachos para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo con el convenio de coordinación fiscal tiene el derecho que se les reintegre por sus contrataciones de personas, este reintegro es automático y a pesar de ello realizaron la contratación del despacho, al que pagaron un porcentaje de lo recuperado, sin embargo no existen evidencias.
En el el caso del municipio de Chínipas la denuncia de hechos se atribuye a que presuntamente alteraron diversas facturas presentadas ante el municipios relacionada con la adquisición de vehículos usados.
En materia de faltas graves se encuentran las contrataciones de parientes de personas que forman parte del Cabildo, ya sea el presidente municipal, secretario del Ayuntamiento y regidores. Esta práctica es considerada por la ley como falta grave, el Código Municipal lo prohíbe y la Ley de Responsabilidad Administrativa también lo considera grave.
Se le denomina contratación con conflicto de interés en razón de que el proveedor contratado o contratista tiene nexos familiares o de negocios con funcionarios municipales que participaron en la contratación.
En otros municipios se otorgan prestaciones que no están previstas en el presupuesto, como son préstamos personales, gastos en los que no se solicita comprobación, bonos, descuentos y otras prestaciones que no tienen sustento ni autorización por Cabildo.
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