/ martes 17 de septiembre de 2019

Dictan auto de vinculación a proceso a habitantes de Pensiones

Tanto el MP, como la Consejería Jurídica solicitaron medidas cautelares, ya que se consideran "un peligro para la sociedad"

A Claudia Ivonne G N, Miguel Alberto M., Juan Manuel B. Ch. y Guadalupe P. B., se les dictó Auto de Vinculación a proceso por el delito de Despojo y el Ministerio Público exigió la restitución inmediata de los bienes, en este caso las casas de las casas ubicadas en la calle Derechos Humanos 2241 y 2233.

La defensa se inconformó debido a que no es posible la entrega de los mismos debido a que no hay datos suficientes para establecer que los representados entraron ilegalmente, "además se violaría un derecho Humano fundamental".

El delito está tipificado en artículo 232, fracción primera en perjuicio de Pensiones Civiles, la juzgadora ratificó que la vinculación a proceso no determina la culpabilidad de los cuatro, sin embargo se otorga porque hay elementos suficientes hasta para la apertura a juicio. Dijo que esta definición es apelable y se puede impugnar.

La Ministerio Público se pronunció por un plazo de 4 meses, para cierre de investigación, petición que no fue controvertida por la defensa.

Tanto el MP, como la Consejería Jurídica solicitaron medidas cautelares, ya que se consideran "un peligro para la sociedad", además de que no tienen arraigo ni domicilio fijo, tienen familiares fuera del Estado y pueden evadirse de la justicia.

El Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares no gravosas, como lo es la presentación periódica ante un Juez cada semana y la prohibición de comunicarse o visitar a sus vecinos, toda vez que pueden influir en las declaraciones de los ciudadanos que testificaron sufrir incomodidad por parte de los imputados.

El representante legal de Pensiones Civiles, Carlos Alvarado Montes, se pronunció a favor de las medidas toda vez que ha recogido numerosas quejas de vecinos en cuanto a que las personas que han tomado viviendas indebidamente, han realizado actos vandálicos como lo son ponchaduras en neumáticos.

Sin embargo, no se presentaron pruebas contundentes de que los imputados los hayan cometido.

Por último la jueza ratificó la imposición de las medidas cautelares, por un plazo de 6 meses.

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La defensa se inconformó debido a que no es posible la entrega de los mismos debido a que no hay datos suficientes para establecer que los representados entraron ilegalmente, "además se violaría un derecho Humano fundamental".

El delito está tipificado en artículo 232, fracción primera en perjuicio de Pensiones Civiles, la juzgadora ratificó que la vinculación a proceso no determina la culpabilidad de los cuatro, sin embargo se otorga porque hay elementos suficientes hasta para la apertura a juicio. Dijo que esta definición es apelable y se puede impugnar.

La Ministerio Público se pronunció por un plazo de 4 meses, para cierre de investigación, petición que no fue controvertida por la defensa.

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