Dominio de grupos tras el paro del magisterio; corrupción y manipulación de plazas

El sistema educativo de la entidad aún es dominado por la corrupción y la manipulación de las plazas docentes, de acuerdo con un documento interno del Gobierno del Estado, que hace un diagnóstico crítico del sector y señala como responsables de la problemática al secretario Pablo Cuarón por sus omisiones y a los titulares de los subsistemas estatal y federal, Alfredo Attolini y Manuel Arias Delgado.

Según el diagnóstico, presumiblemente entregado al gobernador Javier Corral, Arias Delgado, director de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, el organismo desconcentrado que atiende la parte federalizada de la educación, controla el 70% del sector en la entidad y desde su llegada comenzó a operar políticamente a favor de Morena y optó por no aplicar criterios de la reforma educativa, con la idea de que en 2018 las normas se derogarían con el cambio de administración.

En tanto, el subsecretario de Planeación y Administración, Attolini Pesqueira, ejerce control en un 29% de la plantilla educativa y el secretario Cuarón Galindo apenas controla el 1%, la parte administrativa y burocrática de la Secretaría de Educación y Deporte.

Esta situación ha derivado en violaciones sistemáticas a la Ley General del Servicio Profesional Docente, para mantener las mismas prácticas irregulares que por décadas se siguieron y que no han desaparecido con la reforma educativa, “prácticas que comparan a Chihuahua con estados como Guerreo, Oaxaca y Chiapas”.

PREVALECEN CORRUPCIÓN Y MANIPULACIÓN

De acuerdo con el documento, prevalecen la corrupción y la simulación en el manejo de los recursos humanos de Servicios Educativos y de Educación Estatal, en los que se invierten anualmente 24 mil 820 millones de pesos, de los cuales 16 mil 334 millones de pesos se destinan a la nómina magisterial, para los miles de trabajadores que componen el sistema: 34% estatales, 65% federales y 1% ciento de la burocracia de la Secretaría de Educación y Deporte.

Actualmente, mediante la Ley General del Servicio Profesional Docente se puede transparentar el ejercicio del gasto educativo y dejar atrás los esquemas discrecionales para la contratación de profesores, prácticas que dañaron por décadas al maestro y a la sociedad, pero a 4 años de aprobada la norma se mantienen en la entidad, según se expone.

Al comienzo de la administración actual –se asienta- se debió realizar un análisis de la situación de los recursos humanos de ambos subsistemas, para cumplir a cabalidad con la LGSPD, pero no sólo no se hizo, “sino que se montó toda una estructura que opera para que las cosas sigan igual, simulando cambios superficiales”.

Fue así que Arias Delgado en el subsistema federal y Attolini, al frente del estatal, mientras el secretario Cuarón se ocupaba de asuntos menores de la administración, privilegiaron los esquemas de corrupción y discrecionalidad del pasado y violaron el proceso que se supone tenían que consolidar, dado que estaba en marcha desde el año 2015, aunque sus avances eran insignificantes.

MANUEL ARIAS EN LA OPERACIÓN A FAVOR DE MORENA

En el primer encuentro entre el equipo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y el de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, Manuel Arias Delgado pidió en forma sarcástica que se violara la LGSPD, ya que no tenía futuro y en 2018 se derogaría con la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, según el diagnóstico interno.

“A Arias se le considera un enemigo de la reforma educativa, en el ámbito federal personajes del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) se han visto en la necesidad de cancelar conferencias o eventos porque el director de SEECh organiza manifestaciones a través de sus operadores del Movimiento Resissste”, asienta.

Se establece además que Arias conformó su equipo en SEECh con personajes de un negro historial en el ámbito educativo, con antecedentes de corrupción como Carlos Vázquez, Jorge Covarrubias y Carmen Ornelas, con cargos directivos en la dependencia, todos impuestos por Horacio Chavarría, quien transitó entre la administración de César Duarte y Javier Corral en el sector educativo.

Es Arias quien ve como un riesgo la Coordinación del Servicio Profesional Docente porque si se aplicaba la ley, ”perdería el botín que se les había puesto en charola de plata”, razón por la que comenzó una estrategia guiada por Chavarría, la cual comenzó dándole toda la autoridad al director de SEECh, que cambió de director ejecutivo a director general.

“Nuevamente Cuarón fue engañado o bien, se hace el engañado”, dice el documento.

Adicionalmente se simuló una batalla contra la corrupción, anunciándose con bombo y platillo que se iniciaba un proceso contra el exsecretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alejandro Villarreal Aldaz, y 14 de sus colaboradores, que se asignaron plazas de nivel superior, pero nunca hubo resultados.

“Hasta al gobernador lo engancharon en ese tema”, critica.

COMISIONADOS Y PLAZAS PARA MILITANTES DE MORENA

También en SEECh, establece, en el comienzo de la administración actual, inició la estrategia de operación política a favor de López Obrador, pues a través de las coordinaciones regionales se han entregado las plazas selectivamente a favor de militantes de Morena, por encima de los procedimientos legales.

“Toda la estructura del PAN le ha denunciado a Cuarón esto… pregúntese por la reunión a gritos que sostuvieron el doctor Jorge Issa (actual secretario de Administración del Congreso del Estado, exdirector médico de Pensiones Civiles del Estado y consejero activo de Acción Nacional) y Manuel Arias, cuando el primero fue a reclamarle por la operación política contra el Gobierno y contra el PAN”, señala el documento.

Pero además en SEECh no han sido desaparecidos los maestros comisionados, como preveía la reforma, sino que se han aumentado hasta llegar a más de 500 en las regiones, “y cada vez que Cuarón le dice algo (a Arias), lo amenaza con su renuncia”.

Arias Delgado, agrega, además trató de apoderarse del Programa de Formación Continua, a través de Chavarría, debido a que quien lo manejaba era Miriam Jáquez, prima del exgobernador Duarte, y de ahí se financiaban algunos viajes para negocios privados de los funcionarios.

“Jáquez fue liberada y puesta a disposición de Arias, para que la reubicara en su plaza docente como lo establece le ley, pero en vez de enviarla a trabajar le dio un puesto en SEECh”, sostiene.

APARATO EDUCATIVO DESCOMPUESTO

Según el diagnóstico, todos los instrumentos de control de personal se encuentran monopolizados por Arias Delgado y Attolini Pesqueira, quienes manejan todos los movimientos de recursos humanos.

En ocasiones, asevera, la oficina de Servicio Profesional Docente solicitó a los funcionarios acceso a sus sistemas de personal, para validar la información, pero se le negó por ser donde se manipula y esconde la información sobre el otorgamiento de plazas.

En general, el análisis realizado del sistema educativo en el aspecto del personal arrojó datos preocupantes.

Entre los problemas más graves se encontró la discrecionalidad en la entrega de plazas violando la ley sistemáticamente; cientos de comisionados, muchos camuflados como asesores técnicos pedagógicos; una Coordinación del Servicio Profesional Docente sin reconocimiento jurídico y estructura deficiente, prestaciones sin definir por la falta de armonización de las leyes locales con las federales, cientos de maestros sin pagar porque fueron contratados al margen de la ley y procesos de evaluación devaluados.

En suma, la Ley del Servicio Profesional Docente era letra muerta y así ha querido mantenerlo la Secretaría de Educación y Deporte a través de sus directivos.