CD. JUÁREZ.- El gobernador Javier Corral Jurado señaló en esta frontera que el estado no puede garantizar el retorno a la Sierra Tarahumara de los desplazados por el crimen organizado, ya que no se cuenta con el estado de fuerza para ello. Sin embargo, aseguró se realizan acciones para protegerlos en las ciudades e inclusive se integra un “libro blanco” sobre los avances en la materia y en los casos de desapariciones forzadas.
El mandatario estatal hizo hincapié en la ausencia de la federación en esta problemática, la cual queda en evidencia con los escasos expedientes y apertura de carpetas de investigación sobre estos temas, pues el estado inicia procesos en temas de desplazamientos forzados y desapariciones, pero por delitos del fuero común, no por delincuencia organizada que le corresponde a la federación.
Informó que en días pasados se ha estado reuniendo con familiares de personas desplazadas y víctimas de desapariciones forzadas en Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua para darles a conocer los avances en las investigaciones y en la resolución de sus casos en particular.
Externó que se está integrando un expediente robusto sobre los casos, incluso se está armando una especie de “libro blanco” sobre el tema, para que las nuevas autoridades, independientemente de la filiación partidista que sea, tengan los elementos necesarios para continuar con las investigaciones y no tengan que partir de cero.
Informó que esta semana las áreas sustantivas de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Local de Búsqueda, así como la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer (FEM), los fiscales de zona y el fiscal general, se reunirán para documentar los logros, los pendientes, los retos sobre el tema, así como reconocer lo que nos falta por hacer.
“Para ello estamos documentando lo que se ha avanzado en desapariciones, también los avances que tenemos en recuperación de desplazamientos, que son pocos, sobre todo en los forzados, que es todo un tema que tenemos necesidad de intervención del gobierno federal en la materia, sobre todo en el caso de la tala clandestina e ilegal de árboles, que genera fuertes desplazamientos en la sierra.
“A esas personas las estamos ayudando con vivienda temporal, salud, trabajo y de otras formas. Todo esto se está documentando en este proyecto de libro blanco”, subrayó.
Sobre la ausencia del gobierno federal sobre las desapariciones y los desplazamientos, señaló que también se refleja en los escasos expedientes y apertura de carpetas de investigación sobre estos delitos de parte de las autoridades judiciales de la federación, como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo).
“Nosotros hemos abierto carpetas sobre estos temas de desplazamientos forzados y desapariciones, pero por delitos del fuero común, no de delincuencia organizada que le corresponde a la federación. Estamos haciendo este balance recogiendo las inquietudes de los familiares de las víctimas, fortaleciendo los rastros de los desaparecidos”, manifestó.
“Cito como ejemplo el trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado en el municipio de Cuauhtémoc, donde se han realizado rastreos acompañados de los familiares, donde lo piden ellos, y donde no se les arriesgue, casi tenemos dos rastros en promedio por mes”, subrayó.
Indicó que en estos asuntos concatenados de desapariciones y desplazamientos forzados existe un plan que se está reforzando para los últimos meses de la administración.
Sobre el retorno de los desplazados en la sierra, señaló que con franqueza y objetividad no existen condiciones de seguridad para garantizar su regreso, “no tenemos la fuerza policiaca estatal y creo que ni con la Guardia Nacional y el Ejército podamos estar seguros de un retorno, por las condiciones geográficas de los asentamientos de los desplazados, que son distancias enormes entre un asentamiento y otro, estamos hablando de kilómetros de distancia”, dijo.
Puso como ejemplo el caso de Julián Carrillo, líder que estaba amenazado, quien a pesar de todas las medidas cautelares para su protección dictadas por el gobierno federal, sus agresores lo estaban esperando agazapados para privarlo de la vida.
“Por ello, estamos trabajando poco a poco en este informe sobre los desplazamientos y desapariciones forzadas, para dejar un antecedente físico con carpetas de investigación abiertas y sus avances, mismos que servirán a la próxima administración para no empezar de cero las investigaciones y se aproveche todo lo que existe a la fecha, en beneficio de los familiares y de las víctimas”, concluyó.
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