Estamos en un tsunami, por los sucesos provocados por el Ejecutivo federal y su séquito de legisladores que tienen la mayoría en el Congreso, ya que con sus actos y ocurrencias causan graves heridas a la democracia, una condición que nos ha costado mucho construir, y que el gobierno pretende destruir.
Ya no causan sorpresa las iniciativas de ley, los discursos de odio, ni las ocurrencias diarias y sin rumbo de López Obrador, que evidencian sus ansias de poder y de querer controlar todo, emulando los regímenes dictatoriales. Hay mucho de qué preocuparnos, pero más de que ocuparnos, los mexicanos hemos trabajado y seguimos trabajando por un país libre, democrático que brinde a los mexicanos oportunidades reales de crecimiento, en base al trabajo digno y a la cultura del esfuerzo, como nos enseñaron nuestros padres, y respetando la dignidad de la persona.
Siguen sin freno las señales de alerta, crecimiento de violación a los Derechos Humanos, de los que la CNDH cuya titular es incondicional del presidente se hace de la vista gorda para no molestar a su tlatoani, situación que deja a los mexicanos en estado de vulnerabilidad. Ante este escenario se ha tenido que recurrir con mayor frecuencia a la justicia federal mediante la interposición de los juicios de amparo, que a decir verdad la mayoría de los mexicanos no tienen acceso porque el costo para la tramitación no lo permite, ya que como todo procedimiento jurídico exige puntual seguimiento.
Para los escépticos, son muchos los ejemplos para comprobar lo dicho, me referiré sólo a la modificación del artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extender el periodo del presidente de la Suprema Corte por dos años más, en flagrante violación a la carta magna, que categóricamente señala que la duración de dicho encargo es por cuatro años y punto. De la anterior modificación al transitorio se deslindó el Consejo de la Judicatura Federal, ya que no fue solicitado por el Poder Judicial de la Federación. López Obrador lo justifica argumentando que Zaldívar, presidente actual de la SCJN, es la única persona que puede llevar a cabo la reforma judicial. Desdeñando la capacidad, experiencia y sapiencia de otros juristas de mucha valía en el país, jueces, magistrados y ministros de carrera, y que cuentan con igual o mayor capacidad que la del actual ministro presidente.
Sostienen analistas que con la extensión al mandato del presidente de la SCJN, Andrés Manuel prepara terreno para en su momento pedir la extensión de su mandato, para mantenerse en el poder, como sucedió con Porfirio Díaz y con el propio Benito Juárez, ni Dios lo quiera.
La exigencia del respeto a nuestros derechos y libertades empieza por nosotros mismos, ni un voto más a los gobernantes y candidatos que los ponen en riesgo y los violentan flagrantemente.
