Alrededor de las 9:00 horas del 8 de julio de 2020, el exgobernador César Horacio D. J. se disponía a acudir a su negocio de compraventa de autopartes en Florida, como cualquier día ordinario, pues nunca se imaginó que desde días antes las autoridades estadounidenses se encontraban siguiendo sus pasos para capturarlo por una serie de delitos cometidos en el estado de Chihuahua.
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Se trataba de los alguaciles federales, conocidos como US Marshals Service, los que estaban siguiendo los pasos de César Horacio, quienes al reconocerlo al exterior del negocio Chávez Used Auto Parts, le leyeron sus derechos y le informaron que sería capturado para que respondiera por las investigaciones que mantenía en su contra.
En México comenzó a difundirse el siguiente mensaje cerca de las 11:00 horas locales: “El agregado de la Fiscalía General de la República, en la Embajada confirman que el exgobernador César Duarte fue detenido en Florida con fines de extradición y que el Departamento de Estado acaba de notificarlo a la embajada de México”, sin embargo fue confirmado por el gobernador ya por la tarde con un mensaje en donde informó la detención y coordinación con el Gobierno de México.
En 2018, el Gobierno de Chihuahua presentó ante la entonces Procuraduría General de la República las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra de César “D”, por diversos delitos. Durante todo ese año la entonces Procuraduría, en la administración anterior, mantuvo inactivo el caso y fue reactivado a la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, en 2019 la hoy Fiscalía General de la República (FGR) inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense.
El 8 octubre de 2019, la jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró la orden de aprehensión en contra de César “D” por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa; y el 18 diciembre de ese mismo año, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición de César “D” ante el Gobierno de los Estados Unidos.
Para el 8 de julio de 2020, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EUA comunicó que César “D” fue detenido en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, por el Servicio de los Alguaciles Federales, por lo cual fue presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicaron sus derechos y los delitos por los cuales es requerido por el Gobierno de México.
A pesar de que la detención se realizó con fines de extradición, por el momento el exgobernador permanece preso en una cárcel en Florida, a espera de que Lauren F. Louis, jueza de la Corte Federal del Distrito Sur, emita su resolución por escrito para determinar si es o no enviado a México para que cumpla con su condena.
El exgobernador mantiene por lo menos 21 órdenes de captura en el estado de Chihuahua, por delitos relacionados o ligados con el desvío de recursos públicos que superan los 6 mil millones de pesos que salieron del erario, para el pago de la “nómina secreta”, gastos personales, la creación o financiamiento de un banco, campañas políticas y una serie de entregas de dinero más que se hicieron de forma ilegal.
De 2011 a 2016 se tiene acreditados, por investigaciones de la Fiscalía General del Estado, diversos peculados instruidos por el exgobernador, quien a través de empresas fantasmas, simulación de contratos y otras formas, lograron distraer el recurso público del estado, en los que apoyaron notarios, empresarios, políticos, figuras públicas, entre otros sectores.
Actualmente más de 30 exfuncionarios, empresarios y personas ligadas al exgobernador se mantienen tras las rejas por cometer o participar en la distracción del dinero público, mientras que al menos 8 personas más cuentan con órdenes de aprehensión vigente y por lo menos 10 más decidieron unirse a un criterio de oportunidad para colaborar con las autoridades.
A pesar de que casi se cumplen cinco años de que César Horacio dejó el cargo como gobernador de Chihuahua, el Estado no ha podido enajenar los bienes y propiedades, animales, vehículos y demás patrimonio debido a las “batallas” legales que han emprendido la defensa del ex gobernador y el estado de Chihuahua.
Por este motivo el estado, en especial la Fiscalía General, se debe hacer cargo de mantener las 15 propiedades del exgobernador, las miles de cabezas de ganado y todos los bienes que le han asegurado, pues no pueden comercializarlas y en cambio deben estar erogando recurso para su perseverancia, hasta que un juez dicte lo contrario.
