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Ejidatarios de San Ignacio de Arareco encabezan un histórico juicio de reversión de expropiación en contra del Gobierno del Estado de Chihuahua, debido a que la autoridad estatal incumplió durante 38 años pagar una indemnización a los habitantes que eran los legítimos dueños de la zona desde el decreto de 1929.
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Haciendo un poco de historia, el decreto de expropiación que fue impulsado en la gestión de José López Portillo el 11 de noviembre de 1981 dictó que las tierras serían para uso gubernamental.
A los habitantes de San Ignacio de Arareco nunca se les pagó ninguna indemnización y fue hasta 2014 cuando las autoridades notificaron que realizarían un pago de 51 pesos, argumentando que era el costo que tenía en 1981.
Para los habitantes fue ridículo el ofrecimiento, por lo cual impugnaron y con base en un nuevo avalúo se asentó que la propiedad costaba 164 mil pesos, en marzo de este año; representantes ejidales solicitaron a la Secretaría de Obras Públicas que pagara ese monto, pero no sucedió.
En julio, los habitantes de la zona, representados por el abogado Antonio Salgado Estrada, se inconformaron por el retraso en el pago por parte de Gobierno y por ello iniciaron el recurso de revisión de la expropiación, convencidos porque el terreno originalmente tenía un valor más alto y además es requerido para que los propios habitantes realicen promoción turística.
El juicio, con número de expediente 647/ 2019 del mes de julio de este año, es de los pocos que se ha llevado a cabo en Chihuahua en su historia; el licenciado Salgado informó que se busca que las cosas se regresen a su estado original, para que la población rarámuri aproveche la vocación turística.
“El caso es: Gobierno del Estado tiene que regresar ese terreno porque no lo pagaron a tiempo, las consecuencias legales son claras, Gobierno sabe de los efectos de no pagar indemnizaciones de terrenos expropiados y al no pagar tiene que regresar las tierras”, externó Salgado.
“El bosque se está acabando y el turismo es de lo único que vamos a poder vivir, por eso queremos que se nos regrese ese terreno”, dijo por su parte Benigno Villalobos Dolores, habitante de la zona.
Actualmente el área en litigio sirve como campamento de los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, los cuales laboran en el mantenimiento de carreteras.
La población rarámuri tiene el concepto de que la tierra vale más que el dinero, los representantes de San Ignacio de Arareco quieren que se les devuelvan sus tierras.
Aunque los 164 mil pesos fueron depositados, según les informaron en una cuenta del fideicomiso de Fomento Ejidal, no se ha dispuesto del dinero que quedó transferido por el Estado el 4 de septiembre pasado, a efecto de que no halla repercusiones legales.
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