“Ya ha pasado más de un año, ya es hora que el Poder Judicial salga de la zona de confort en que se encuentra, que de verdad en Chihuahua se aplique la ley sin distingos y como debe de ser”, afirmó el abogado David Rodríguez, integrante del Comité de Salud Pública, en rueda de prensa en la que se dio a conocer información detallada sobre los elementos de prueba en el caso abierto contra la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos Galván.
“El estado de derecho no puede ser burlado por nadie, los privilegios no tienen razón de existir, si no se encuentra una relación de complicidad, o de omisión, o de satisfacción”, señaló exhortando al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo González “a que retome la dirección del Poder Judicial, las buenas prácticas y haga que la ley se aplique pareja para todos”.
“Exigimos imparcialidad en la aplicación del Derecho, como debe de ser, para todo el mundo, sin miramientos, sin selecciones. Tenemos que romper con ese estado de excepción que está estableciendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, para unos sí hay beneficios y para otros hay castigos. La justicia debe ser aplicada en los términos del Artículo 20 Constitucional, con garantía de defensa y manteniendo todos los principios que rigen esa garantía, que en este caso, en el juicio de María Eugenia y en el de los otros dos imputados en esta carpeta, no lo hemos visto”, aseguró.
Por su parte, el licenciado Oscar Castrejón expuso que “interpretamos el sentimiento de la comunidad chihuahuense, vamos a estar vigilantes a ver si el Poder Judicial no continúa dándole privilegios a este clan duartista y vamos a hacer equipo para ver si se dan las condiciones del apoyo popular para hacer una manifestación y estar como testigos vigilantes de la actuación del Poder Judicial”.
Señaló que está claramente establecido, “con sólo indicios se debe de vigilar, hay infinidad de pruebas y aparte hay una tristeza muy grande en el pueblo.
Mañana vamos a hacer una junta, si se dan las condiciones de que el pueblo nos apoye, como testigos, que no se confunda que estamos presionando”.
En un gráfico mostro las acciones cometidas por María Eugenia C, en contra de la ley:
a) Recibió sobornos por la cantidad de 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 de CHDJ.
b) Dispuso ilegalmente de recursos públicos a través de una cuenta simulada a nombre “Campos Galván y Asociados, SA”, propiedad de su hermano Manuel, hasta por 1 millón de pesos, usada en México, Italia y Francia.
c) Ordenó la adjudicación de cinco empresas, recibiendo pagos mensuales por más de 1.3 millones entre 2017 y 2018.
Esta misma gráfica señala, que el Artículo 280 del Código de Procedimientos del Estado, menciona en su Fracción III los requisitos para vincular al imputado: “De los antecedentes de la investigación expuestos por el MP se desprenden los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”.
Te puede interesar:
