/ sábado 18 de mayo de 2019

Exigen revisión de proceso contra expolicías

“Hay muchos casos de que salen libres con pruebas en la mano, siendo culpables, y quienes son inocentes los quieren tener retenidos”...

Un proceso penal enmarcado por “revanchismos políticos”, así como el asesinato de uno de los principales testigos de la defensa y también la fabricación de dos jóvenes que “presenciaron” el hecho, por parte de la Fiscalía General del Estado es lo que vive actualmente la familia del exdirector de la Policía de Buenaventura, Enrique Lozano Saucedo, acusado junto con otros dos agentes del delito de desaparición forzada.

El juicio cumplirá dos años en noviembre, sin embargo, tampoco se sabe nada desde el 12 de mayo del 2017 de los jóvenes Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos, quienes aparentemente fueron víctimas de desaparición forzada tras una detención que no ha podido ser acreditada judicialmente en la que participarían Enrique Lozano Saucedo, director de la DSPM de aquel municipio y los agentes Manuel Héctor Arreola Soto y Héctor Manuel Alcalá.

A esta redacción acudió Julieta Lozano, hermana del excomandante, para exigir se revise el proceso penal debido a que la Fiscalía quiere tenerlos de “chivos expiatorios”, y ocultar a los verdaderos responsables de que los jóvenes no aparezcan.

La familia ha vivido un viacrucis que inició en noviembre del 2017 cuando fue detenido el excomandante Lozano Saucedo y luego el 18 de diciembre del 2107, un pistolero asesinó en calles del municipio de Casas Grandes a Marco Antonio López Chávez, quien acudiría a una audiencia a rendir su declaración de haber saludado y dialogado con el imputado el día de los hechos -12 de mayo-, cuando Lozano Saucedo acudió a una convención de seguridad municipal que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno.

Desde el Cereso 5 de Nuevo Casas Grandes, Enrique Lozano, policía ministerial por 15 años e invitado en 2016 por la actual alcaldesa de Buenaventura para dirigir la Policía Municipal, declara que hay cuestiones políticas para su encarcelamiento.

Dice sustentar su dicho con lo acontecido el 26 de mayo del 2017 (14 días después de la desaparición), cuando arribó al poblado de Flores Magón un grupo de policías estatales para detener arbitrariamente e incomunicar a los agentes municipales de Buenaventura: Salas Durán, Rodríguez Hernández, Sotelo Pérez, Seáñez Solís y Mancha, esta detención arbitraria fue denunciada ante Derechos Humanos y según Lozano fue motivo de represalia para hundirlo y relacionarlo con la desaparición de los jóvenes Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos.

En su lucha por clarificar el caso, Julieta Lozano ha acudido a la Comisión de Derechos Humanos y entregará un escrito para la Corte Interamericana para documentar un mal procedimiento en el caso de su hermano y los dos agentes de la policía.

“Nos preocupan los jovencitos, claro que sí, queremos que se castigue a los responsables, pero también queremos justicia para los inocentes”, dijo.

Julieta explica como principal argumento que se han presentado 13 testimoniales que no sitúan a los agentes en la ciudad de Buenaventura, a las 17:30 horas aproximadamente tiempo en que ocurrió la desaparición de los jóvenes.

Se han presentado reportes de geolocalización en los cuales se ha determinado que los tres agentes no pudieron estar presentes en el lugar y hora en que ocurrieron los hechos, la hermana del imputado señala que el testigo principal de la desaparición de los jóvenes es un tercero que los acompañaba a quien los oficiales supuestamente “dejaron ir”.

Julieta dice que es incongruente que lo hayan dejado ir si su intención era “desaparecerlos”.

Otro de los aspectos es que el segundo testigo ofrecido por el Ministerio Público es un primo del chico que “liberaron”, quien declaró haber visto la detención a un kilómetro de distancia, sin embargo, la molestia de la familia es el hecho de que la Fiscalía valide el testimonio de una persona cuando es una distancia en la que nadie alcanzaría a ver.

Además la familia está inconforme ya que no se respetó el fallo del juez Marco Antonio Palma, que a mediados del año pasado ya había decretado su inocencia, sin embargo, éste fue retirado del caso y retomado por otra juzgadora.

Mencionó Julieta que el afán de la Fiscalía de tenerlos presos ha desviado la atención de la investigación y no se ha aceptado como medio de prueba el uso de las tarjetas de crédito de los muchachos; esto ocurrió el 14 de mayo, hecho en el cual la Fiscalía tiene datos precisos de la persona que realizó la compra y un retrato hablado, pero no ha procedido a su detención.

“Ahí están las imágenes de la camioneta de los jovencitos, una GMC Envoy en la caseta de Villa Ahumada y que desvincula totalmente a los oficiales e involucra a terceros”.

“Todo pasa el 12 de mayo y los detienen el 19 de noviembre, cómo es posible tanto tiempo”.

Cuando los detuvieron, dijo que su hermano se entregó pacíficamente, y eso es señal de que el que nada debe nada teme; “entregó su porte de armas, cuando uno tiene algo que ver en un delito, claro que sale a sangre y fuego para morirse con ellos”.

“Enrique tiene 15 años como policía, nunca le haría daño a nadie, es incapaz de hacer algo malo, se quita la camisa por cualquiera, es amable, carismático, te ayuda sin esperar nada a cambio y sin que le preguntes. Supongamos que Enrique los encontró en la carretera a los chicos, los hubiera ayudado, en cuanto los vio, porque se toma súper en serio su trabajo”, afirma.

“Para su familia ha sido muy desgastante el saber que no es culpable, nos tiene muy indignados”.

Para Enrique Lozano Saucedo, otro hermano del ex jefe policiaco hay vendettas en el caso: “Hay muchos casos de que salen libres con pruebas en la mano, siendo culpables, y quienes son inocentes los quieren tener retenidos, aquí la situación es muy turbia. Esto es muy sencillo, buscaron un culpable, pero no se les han podido comprobar”.

“No hay firmas, no hay comprobante que ellos los hayan detenido, lo que quiero es un testimonio, un video, donde mi hermano y los agentes aparezcan como responsables, pero no hay nada”, expone Jesús.

Explicó que la detención de los agentes ocurrió tras el dicho de un joven que acompañaba a los dos desaparecidos y éste declaró que los detuvieron tres hombres vestidos con chalecos, botas tácticas y camisas tipo Polo y que eso fue motivo suficiente para inculparlos.

Jesús Lozano declaró que durante el año y medio de proceso han cancelado 10 audiencias, sólo porque quieren alargar el proceso porque no tienen pruebas.

Cabe mencionar que las familias de los tres oficiales inculpados ubican en diferente tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos a los tres implicados, Arreola se encontraba en una fiesta de XV años, el agente Alcalá en un Alsuper y por último el jefe de la DSPM de Buenaventura estaba en trayecto a la ciudad tras haber acudido a la Conferencia Estatal de Seguridad Pública Municipal, que encabezó el gobernador, Javier Corral, el 12 de mayo del 2017, día en que ocurrió la presunta detención y posterior desaparición de los dos muchachos.

LO QUE DICE LA FISCALÍA

A las 17:30 horas, los agentes Enrique Lozano Saucedo, Manuel Héctor Arreola Soto y Héctor Manuel Alcalá detuvieron a los jóvenes Jesús Martín Miranda Cruz, originario de Cananea, Sonora; y Jesús Antonio Servín Ramos, oriundo de Chínipas, junto con otro joven, aparentemente el director de la Policía interrogó a los jóvenes, pero sólo liberó a uno de los tres, posterior al supuesto arresto ya no se supo nada de los vacacionistas que pasaban por el municipio de Buenaventura.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que los oficiales son los presuntos responsables de la desaparición y días después de la denuncia de la familia de los desaparecidos, personal de Asuntos Internos y de la Comisión Estatal de Seguridad de la FGE realizaron la captura tras la orden de aprehensión librada por un juez de Control del Distrito Judicial Galeana.

Las víctimas viajaban junto con otra persona en una camioneta GMC Envoy, modelo 2002 y un auto compacto, pero cuando llegaron a la altura de una gasera fueron detenidos por los agentes policiacos y trasladados a la comandancia donde el jefe de la policía los interrogó, según establece el expediente de la FGE.

“Enseguida el jefe policiaco ordenó que la tercera persona detenida que acompañaba a las víctimas fuera puesta en libertad. No así a las víctimas de quienes ocultaron su detención”, se detalló.

A su vez, la autoridad resaltó que Enrique L.S., tampoco realizó el registro de ambos de su detención y no lo puso a disposición de alguna autoridad.

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El juicio cumplirá dos años en noviembre, sin embargo, tampoco se sabe nada desde el 12 de mayo del 2017 de los jóvenes Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos, quienes aparentemente fueron víctimas de desaparición forzada tras una detención que no ha podido ser acreditada judicialmente en la que participarían Enrique Lozano Saucedo, director de la DSPM de aquel municipio y los agentes Manuel Héctor Arreola Soto y Héctor Manuel Alcalá.

A esta redacción acudió Julieta Lozano, hermana del excomandante, para exigir se revise el proceso penal debido a que la Fiscalía quiere tenerlos de “chivos expiatorios”, y ocultar a los verdaderos responsables de que los jóvenes no aparezcan.

La familia ha vivido un viacrucis que inició en noviembre del 2017 cuando fue detenido el excomandante Lozano Saucedo y luego el 18 de diciembre del 2107, un pistolero asesinó en calles del municipio de Casas Grandes a Marco Antonio López Chávez, quien acudiría a una audiencia a rendir su declaración de haber saludado y dialogado con el imputado el día de los hechos -12 de mayo-, cuando Lozano Saucedo acudió a una convención de seguridad municipal que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno.

Desde el Cereso 5 de Nuevo Casas Grandes, Enrique Lozano, policía ministerial por 15 años e invitado en 2016 por la actual alcaldesa de Buenaventura para dirigir la Policía Municipal, declara que hay cuestiones políticas para su encarcelamiento.

Dice sustentar su dicho con lo acontecido el 26 de mayo del 2017 (14 días después de la desaparición), cuando arribó al poblado de Flores Magón un grupo de policías estatales para detener arbitrariamente e incomunicar a los agentes municipales de Buenaventura: Salas Durán, Rodríguez Hernández, Sotelo Pérez, Seáñez Solís y Mancha, esta detención arbitraria fue denunciada ante Derechos Humanos y según Lozano fue motivo de represalia para hundirlo y relacionarlo con la desaparición de los jóvenes Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos.

En su lucha por clarificar el caso, Julieta Lozano ha acudido a la Comisión de Derechos Humanos y entregará un escrito para la Corte Interamericana para documentar un mal procedimiento en el caso de su hermano y los dos agentes de la policía.

“Nos preocupan los jovencitos, claro que sí, queremos que se castigue a los responsables, pero también queremos justicia para los inocentes”, dijo.

Julieta explica como principal argumento que se han presentado 13 testimoniales que no sitúan a los agentes en la ciudad de Buenaventura, a las 17:30 horas aproximadamente tiempo en que ocurrió la desaparición de los jóvenes.

Se han presentado reportes de geolocalización en los cuales se ha determinado que los tres agentes no pudieron estar presentes en el lugar y hora en que ocurrieron los hechos, la hermana del imputado señala que el testigo principal de la desaparición de los jóvenes es un tercero que los acompañaba a quien los oficiales supuestamente “dejaron ir”.

Julieta dice que es incongruente que lo hayan dejado ir si su intención era “desaparecerlos”.

Otro de los aspectos es que el segundo testigo ofrecido por el Ministerio Público es un primo del chico que “liberaron”, quien declaró haber visto la detención a un kilómetro de distancia, sin embargo, la molestia de la familia es el hecho de que la Fiscalía valide el testimonio de una persona cuando es una distancia en la que nadie alcanzaría a ver.

Además la familia está inconforme ya que no se respetó el fallo del juez Marco Antonio Palma, que a mediados del año pasado ya había decretado su inocencia, sin embargo, éste fue retirado del caso y retomado por otra juzgadora.

Mencionó Julieta que el afán de la Fiscalía de tenerlos presos ha desviado la atención de la investigación y no se ha aceptado como medio de prueba el uso de las tarjetas de crédito de los muchachos; esto ocurrió el 14 de mayo, hecho en el cual la Fiscalía tiene datos precisos de la persona que realizó la compra y un retrato hablado, pero no ha procedido a su detención.

“Ahí están las imágenes de la camioneta de los jovencitos, una GMC Envoy en la caseta de Villa Ahumada y que desvincula totalmente a los oficiales e involucra a terceros”.

“Todo pasa el 12 de mayo y los detienen el 19 de noviembre, cómo es posible tanto tiempo”.

Cuando los detuvieron, dijo que su hermano se entregó pacíficamente, y eso es señal de que el que nada debe nada teme; “entregó su porte de armas, cuando uno tiene algo que ver en un delito, claro que sale a sangre y fuego para morirse con ellos”.

“Enrique tiene 15 años como policía, nunca le haría daño a nadie, es incapaz de hacer algo malo, se quita la camisa por cualquiera, es amable, carismático, te ayuda sin esperar nada a cambio y sin que le preguntes. Supongamos que Enrique los encontró en la carretera a los chicos, los hubiera ayudado, en cuanto los vio, porque se toma súper en serio su trabajo”, afirma.

“Para su familia ha sido muy desgastante el saber que no es culpable, nos tiene muy indignados”.

Para Enrique Lozano Saucedo, otro hermano del ex jefe policiaco hay vendettas en el caso: “Hay muchos casos de que salen libres con pruebas en la mano, siendo culpables, y quienes son inocentes los quieren tener retenidos, aquí la situación es muy turbia. Esto es muy sencillo, buscaron un culpable, pero no se les han podido comprobar”.

“No hay firmas, no hay comprobante que ellos los hayan detenido, lo que quiero es un testimonio, un video, donde mi hermano y los agentes aparezcan como responsables, pero no hay nada”, expone Jesús.

Explicó que la detención de los agentes ocurrió tras el dicho de un joven que acompañaba a los dos desaparecidos y éste declaró que los detuvieron tres hombres vestidos con chalecos, botas tácticas y camisas tipo Polo y que eso fue motivo suficiente para inculparlos.

Jesús Lozano declaró que durante el año y medio de proceso han cancelado 10 audiencias, sólo porque quieren alargar el proceso porque no tienen pruebas.

Cabe mencionar que las familias de los tres oficiales inculpados ubican en diferente tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos a los tres implicados, Arreola se encontraba en una fiesta de XV años, el agente Alcalá en un Alsuper y por último el jefe de la DSPM de Buenaventura estaba en trayecto a la ciudad tras haber acudido a la Conferencia Estatal de Seguridad Pública Municipal, que encabezó el gobernador, Javier Corral, el 12 de mayo del 2017, día en que ocurrió la presunta detención y posterior desaparición de los dos muchachos.

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A las 17:30 horas, los agentes Enrique Lozano Saucedo, Manuel Héctor Arreola Soto y Héctor Manuel Alcalá detuvieron a los jóvenes Jesús Martín Miranda Cruz, originario de Cananea, Sonora; y Jesús Antonio Servín Ramos, oriundo de Chínipas, junto con otro joven, aparentemente el director de la Policía interrogó a los jóvenes, pero sólo liberó a uno de los tres, posterior al supuesto arresto ya no se supo nada de los vacacionistas que pasaban por el municipio de Buenaventura.

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