El desplazamiento forzado interno en Chihuahua se ha incrementado desde hace 3 años en Guadalupe y Calvo, pero desde hace una década en la Sierra Tarahumara, a pesar de que el Estado atiende a las víctimas, no existen detenidos ni procesados por este delito. El próximo miércoles se realizará una mesa de seguridad en la zona.
El año pasado, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la tipificación del delito de desplazamiento forzado interno. Anteriormente se investigaba como consecuencia de un homicidio, amenazas o despojo.
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En el capítulo VII del Código Penal del Estado de Chihuahua en el Artículo 206 Quater se establece que a quien o quienes por medio de la violencia física o moral, o por sus actos de violencia reiterada, con el propósito de ejercer el control, dominio o alguna actividad ilícita, ocasione que una persona o grupo de personas cambie, huya o abandone su lugar de residencia habitual, se le impondrá prisión de tres a diez años y de cien a cuatrocientos días multa.
Además se adiciona el siguiente párrafo en una reforma posterior: No se considerará desplazamiento forzado interno si el sujeto pasivo propicia o participa en hechos de violencia contra el activo, con alguno de los propósitos descritos en el párrafo que antecede, con independencia de que se pueda cometer algún otro delito en su perjuicio.
En la pasada legislatura se apuraron a sacar esta tipificación debido a la gravedad de la situación de desplazamiento, sin embargo como muchas otras es letra muerta.
Muchos de los casos de víctimas de desplazamiento reciben ayuda porque cuentan con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso por amparos otorgados.
El caso más reciente de desplazamiento se registra en la comunidad de Cinco Llagas, donde permanecen 150 personas en espera de mayor seguridad para continuar su vida o ser trasladados a Baborigame.
A pesar de que una comisión interinstitucional acudió a la zona, a las personas afectadas se les entregaron cuatro bolsas de despensa por familia por parte del gobierno estatal, por lo que tienen pocos víveres para pasar la semana.
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De momento, están en espera de que sesione la Mesa de Seguridad Estatal en esa localidad, el próximo miércoles, esperando que en ese entonces se tomen decisiones a mediano y largo plazo para atender la situación de inseguridad en el municipio.
Tras la reunión que organizaciones civiles sostuvieron con la Secretaría de Gobierno Estatal, se comprometió a realizar reuniones mensuales con las organizaciones civiles y con la Diócesis de la Tarahumara, así como a reunirse con personas desplazadas para conocer de viva voz la situación que viven. Asimismo, se comprometió a que la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas se mantendrá en comunicación para atender las necesidades de las comunidades afectadas.
Las organizaciones como Consultoría Técnica Comunitaria y Alianza Sierra Madre señalaron que es necesario realizar un plan a mediano y largo plazo, en coordinación con todos los niveles de gobierno, para garantizar el restablecimiento de la paz en Guadalupe y Calvo.
“Es primordial que se realicen acciones sistemáticas de atención a las comunidades indígenas, en los rubros de seguridad pública, salud, educación y abastecimiento de alimentos. Sólo con acciones conjuntas, los gobiernos y la sociedad civil, podremos garantizar que las comunidades indígenas puedan permanecer en sus territorios, en sus comunidades y a salvo”.
