/ lunes 21 de diciembre de 2020

Habrá graves sanciones por “jineteo” de recursos en Pensiones

Desde 2009 organismos e instituciones afiliados mantienen adeudos con PCE que han ido en incremento

La situación financiera que mantiene Pensiones Civiles del Estado puede derivar en sanciones graves para diversos funcionarios por probable desvío de recursos.

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La maestra jubilada Beatriz Verduzco, de la Comisión Síndica Genuina (Cosigen), señaló que el gran problema de PCE es que desde 2009 los organismos e instituciones afiliados mantienen adeudos que han ido en incremento.

Explicó que quincena tras quincena y mes con mes, los funcionarios públicos han permitido que los organismos afiliados no cumplan con el pago, e incrementen sus adeudos; ninguno ha denunciado, como lo establece la Ley General de Responsabilidad Administrativa, porque hay un probable desvío de recursos.

Es grave que las aportaciones no lleguen PCE, ahora en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se está pensando en etiquetar más recursos para “rescatar” a PCE, sin embargo la docente señaló: “No se habla de esos casi 4 mil millones de pesos que no llegaron a Pensiones, ¿qué va a pasar con ese dinero?, ¿nadie tiene culpa que no hayan llegado?”, se pregunta la maestra Verduzco.

A pesar de que los adeudos datan desde 2009, fue hasta 2017 cuando se inició la cobranza de los adeudos, que a la fecha asciende a 3 mil 950 mdp.

Para los docentes pensionados y jubilados que integran la Comisión Síndica Genuina de la Sección 42 del SNTE, la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en diversos artículos tiene prevista la responsabilidad por los daños o perjuicios que se llegaren a generar por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Ante la ley, tanto los servidores públicos de las instituciones deudoras, como de PCE incurren en violaciones. Así como otros servidores públicos implicados en probables faltas administrativas, como son los empleados de la Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior del Estado, de los Órganos Internos de Control, los diputados y los dirigentes sindicales de la Sección 42 del SNTE, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En la ley de PCE, en su artículo 18 establece que la institución, por conducto del director general, podrá solicitar a la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Chihuahua la práctica de auditorías a los patrones para verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones que les corresponden en materia de afiliación, aportaciones y retenciones.

Mientras que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 49 se menciona que el servidor público incurre en falta administrativa grave al no denunciar los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.

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La maestra jubilada Beatriz Verduzco, de la Comisión Síndica Genuina (Cosigen), señaló que el gran problema de PCE es que desde 2009 los organismos e instituciones afiliados mantienen adeudos que han ido en incremento.

Explicó que quincena tras quincena y mes con mes, los funcionarios públicos han permitido que los organismos afiliados no cumplan con el pago, e incrementen sus adeudos; ninguno ha denunciado, como lo establece la Ley General de Responsabilidad Administrativa, porque hay un probable desvío de recursos.

Es grave que las aportaciones no lleguen PCE, ahora en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se está pensando en etiquetar más recursos para “rescatar” a PCE, sin embargo la docente señaló: “No se habla de esos casi 4 mil millones de pesos que no llegaron a Pensiones, ¿qué va a pasar con ese dinero?, ¿nadie tiene culpa que no hayan llegado?”, se pregunta la maestra Verduzco.

A pesar de que los adeudos datan desde 2009, fue hasta 2017 cuando se inició la cobranza de los adeudos, que a la fecha asciende a 3 mil 950 mdp.

Para los docentes pensionados y jubilados que integran la Comisión Síndica Genuina de la Sección 42 del SNTE, la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en diversos artículos tiene prevista la responsabilidad por los daños o perjuicios que se llegaren a generar por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Ante la ley, tanto los servidores públicos de las instituciones deudoras, como de PCE incurren en violaciones. Así como otros servidores públicos implicados en probables faltas administrativas, como son los empleados de la Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior del Estado, de los Órganos Internos de Control, los diputados y los dirigentes sindicales de la Sección 42 del SNTE, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En la ley de PCE, en su artículo 18 establece que la institución, por conducto del director general, podrá solicitar a la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Chihuahua la práctica de auditorías a los patrones para verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones que les corresponden en materia de afiliación, aportaciones y retenciones.

Mientras que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 49 se menciona que el servidor público incurre en falta administrativa grave al no denunciar los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.

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