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La asociación civil Asentamientos Tarahumares está vulnerando el objeto social para el que se creó e incluso ha solicitado apoyo a diversas instancias para mejoramiento y dotación de vivienda para indígenas rarámuri, dinero que no llegó a los dos asentamientos que manejan, además de lucrar al vender las viviendas de asistencia social.
A las personas que conocen la historia de la creación del asentamiento y no se oponen a la venta de las casas, son a quienes están desalojando, incluso hay personas que ya terminaron de pagar y están en espera de sus escrituras pero no se les ha dado respuesta.
El abogado Héctor Juvenal Acosta Solís, defensor de los indígenas, informó que se está buscando que la asociación civil no rebase los fines para los cuales fue creada, ya que se conformó para brindar apoyo y protección a grupos rarámuris que llegan a Chihuahua sin un lugar donde estar, pues han solicitado apoyos a nivel nacional lucrando con los indígenas. Tan sólo en el 2018 recibieron alrededor de un millón de pesos para un programa de autoproducción de vivienda con subsidio federal.
Ahora la asociación está vendiendo las viviendas e incluso han solicitado apoyo del municipio de Chihuahua para que les autorice una venta o generar una especie de fraccionamiento o condominio. Han permitido la entrada a personas ajenas a las comunidades rarámuri, dejando de atender el sentido para el cual fue creada la asociación.
El abogado mencionó que los actuales dirigentes han estado tergiversando el objetivo de la asociación civil, inclusive han buscado apoyos a nivel nacional para hacer ventas y justificar un apoyo federal, utilizando a los indígenas para beneficio propio.
La organización pidió dinero en México para dotar de vivienda a indígenas, pero lo que pretenden es sacarlos de las viviendas y vender la casa, pues si los indígenas se atrasan con alguna mensualidad de la supuesta venta los desalojan y vuelven a vender la vivienda.
En el caso de Esteban se llevó un proceso porque se había dado por terminado un contrato de comodato, mismo que estaba vencido desde hacía 7 años. La sentencia fue que tenía que desalojar por lo cual se presentó un recurso jurídico que se revisa en segunda instancia. El tribual considero que el contrato estaba vencido.
Esteban era el gobernador del asentamiento cuando decide no firmarles nada, pues la intención era manejarlo a su antojo. A muchos les han quitado 30 a 40 mil pesos, si se atrasan con la mensualidad los desalojan y se quedan con el dinero como concepto de renta.
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