Con la finalidad de garantizar el debido acceso a la justicia como un derecho humano, se realizó un censo de la población indígena que se encuentra privada de la libertad. En los centros penitenciarios de Chihuahua existen 424 personas de origen indígena.
La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) se encargó de realizar este censo sobre todo para impulsar la transversalización de la pertinencia cultural y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, toda vez que ha quedado de manifiesto que muchas de estas personas no entienden el español y no se les asignan los traductores o intérpretes necesarios.
De acuerdo al censo, en el Cereso 1 hay 11 personas y en el 2, mejor conocida como Unidad de Bajo Riesgo, están recluidas 14 personas.
Mientras que en el Cereso 3 en Juárez son 7 indígenas; en el Cereso 4 de Parral son 28; en el Cereso 5 de Casas Grandes 5 indígenas los recluidos. En el Cereso 7 de Cuauhtémoc son 96 los internos, la mayor cantidad se ubica en el municipio serrano de Guachochi, sede del Cereso 8. En el Cereso Femenil 1 de Chihuahua son 10 mujeres y en el Femenil 2 de Juárez hay otras 3 mujeres purgando penas.
Los resultados del censo se fueron compartidos en una mesa de trabajo interinstitucional, con presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, Coepi, Secretaría General de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; así como con la participación de Héctor Javier Talamantes Abe, magistrado de la Sexta Sala Penal, y Nora Angélica Balderrama Cano, titular de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Las inscripciones del padrón, que contienen datos personales, socioeconómicos, culturales, jurídicos y de la vida en reclusión de las personas indígenas, se dieron a conocer a las y los presentes, mediante un diagnóstico que arrojó las principales problemáticas a las que se enfrentan las personas indígenas procesadas y sentenciadas en el estado de Chihuahua, una de ellas es la falta de entendimiento, pues en ocasiones en las audiencias no se les proporciona un traductor.
La situación anterior ha quedado de manifiesto en el caso del juicio oral que se le sigue a Romeo Q.M. por el homicidio de Isidro Baldenegro, donde se ha tenido que recurrir a diversos traductores debido a que el dialecto cambia de una región a otra, lo que ha causado una dilación en el proceso.
La información proporcionada por la Coepi apunta a que se busca garantizar el acceso a la justicia, así como el equilibrio entre los derechos de las víctimas y los de las personas involucradas en un proceso legal.
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