/ martes 1 de junio de 2021

Hechos y criterios | Reglas

Una acepción del término “regla” refiere a un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Es aquello que ha de cumplirse, por estar convenido en un grupo, colectividad o asociación.

Para un buen funcionamiento de la convivencia familiar se imponen las reglas, lo mismo para los diferentes deportes. Las relaciones laborales, empresariales, educativas, comerciales, bancarias y de organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil, se rigen –o deben regirse- por reglas que, valga la redundancia, las regulen.

Si en una familia o en una comunidad no existen las reglas, o se dejan al arbitrio de cada quien, las cosas no marcharán bien y los enfrentamientos o las tensiones aflorarán tarde o temprano.

Para que las reglas funcionen se necesitan acuerdos y alguien que esté pendiente de su cumplimiento. Para el primer punto se requiere un reglamento que analice esos acuerdos y lo plasme en determinadas normas que deban acatarse, y también que, de no hacerlo, existan sanciones para quienes no las cumplan. Para el segundo, es adecuado nombrar o señalar un árbitro que actúe como mediador o juez si existen conflictos.

En el trayecto de las campañas electorales para gobernantes y representantes populares, que arriban a su culmen en estos días, salieron a relucir algunos elementos que creemos es necesario señalar, de ningún modo a toro pasado, sino para tomarlos en cuenta para el futuro y corregir lo que sea menester o darle cauce adecuado.

Las reglas generales que indican el modo de proceder antes y después de las precampañas y campañas pueden reelaborarse para considerar algunas situaciones que, si bien sucedían o fueron ahora inéditas, no estaban suficientemente claras y permitieron que partidos y actores políticos se brincaran las trancas, o interpretaran las reglas –o la falta de las mismas- a su gusto o a su leal saber y entender. Los conflictos no faltaron, y bajo la premisa de que lo que no está prohibido está permitido se realizaron acciones que, si existieran reglas claras, pudieran ser motivos de sanción.

El papel de los árbitros electorales requiere también una revisión, que deje a salvo su autonomía y se aleje la intervención de otros entes públicos o privados, pero igualmente que sus decisiones se lleven a cabo según reglas específicas y transparentes.

Los ciudadanos, en general, confiamos en las instituciones y en los organismos a cargo de los procesos electorales, y esperamos que las reglas que les sirven de base en su actuar sean claras. Y esperamos también que partidos y clases gobernantes respeten su actuación. ¿Lo ven?



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Para un buen funcionamiento de la convivencia familiar se imponen las reglas, lo mismo para los diferentes deportes. Las relaciones laborales, empresariales, educativas, comerciales, bancarias y de organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil, se rigen –o deben regirse- por reglas que, valga la redundancia, las regulen.

Si en una familia o en una comunidad no existen las reglas, o se dejan al arbitrio de cada quien, las cosas no marcharán bien y los enfrentamientos o las tensiones aflorarán tarde o temprano.

Para que las reglas funcionen se necesitan acuerdos y alguien que esté pendiente de su cumplimiento. Para el primer punto se requiere un reglamento que analice esos acuerdos y lo plasme en determinadas normas que deban acatarse, y también que, de no hacerlo, existan sanciones para quienes no las cumplan. Para el segundo, es adecuado nombrar o señalar un árbitro que actúe como mediador o juez si existen conflictos.

En el trayecto de las campañas electorales para gobernantes y representantes populares, que arriban a su culmen en estos días, salieron a relucir algunos elementos que creemos es necesario señalar, de ningún modo a toro pasado, sino para tomarlos en cuenta para el futuro y corregir lo que sea menester o darle cauce adecuado.

Las reglas generales que indican el modo de proceder antes y después de las precampañas y campañas pueden reelaborarse para considerar algunas situaciones que, si bien sucedían o fueron ahora inéditas, no estaban suficientemente claras y permitieron que partidos y actores políticos se brincaran las trancas, o interpretaran las reglas –o la falta de las mismas- a su gusto o a su leal saber y entender. Los conflictos no faltaron, y bajo la premisa de que lo que no está prohibido está permitido se realizaron acciones que, si existieran reglas claras, pudieran ser motivos de sanción.

El papel de los árbitros electorales requiere también una revisión, que deje a salvo su autonomía y se aleje la intervención de otros entes públicos o privados, pero igualmente que sus decisiones se lleven a cabo según reglas específicas y transparentes.

Los ciudadanos, en general, confiamos en las instituciones y en los organismos a cargo de los procesos electorales, y esperamos que las reglas que les sirven de base en su actuar sean claras. Y esperamos también que partidos y clases gobernantes respeten su actuación. ¿Lo ven?



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