/ martes 25 de mayo de 2021

Hostigan penalmente a comunidad ralámuli de Mogótavo

Para desplazarlos de su territorio ancestral que fue heredado por sus generaciones predecesoras y que un grupo de empresarios pretende desplazar a 300 personas

Por el supuesto delito de despojo agravado, al pretender desplazarlos del lugar que ha sido su posesión ancestralmente, y desocupar la escuela-albergue, iglesia y panteón, que son parte del patrimonio colectivo del pueblo ralámuli

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Los tres gobernadores tradicionales ralámulis de la comunidad de Mogótavo, municipio de Urique, fueron denunciados penalmente por el delito de despojo agravado, por habitar el territorio ancestral que fue heredado por sus generaciones predecesoras, y que un grupo de empresarios pretende desplazar a 300 personas, integrantes de 80 familias, y retirar la escuela-albergue donde estudian sus hijos, iglesia, e incluso el panteón donde reposan sus difuntos.

Así lo informó Horacio Lagunas Cerda, asesor jurídico de la comunidad de Mogótavo, quien explicó que la comunidad se encuentra en la zona a la que se le denomina Divisadero-Barrancas del Cobre, en una extensión de 150 hectáreas, donde han sido víctimas de hechos que han desestabilizado a la comunidad.

“Un grupo de empresarios están presentando una denuncia penal en contra de la comunidad indígena, por Ricardo Orvis Blake, Omar Bazán Flores, Agustín López Daumas, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alveláis, -quien es finado, pero su familia está al frente del asunto-. A través de Ricardo Orvis están acusando a la comunidad de Mogótavo por conducto de sus tres gobernadores de despojo agravado. La denuncia fue presentada ante el ministerio público de Cuauhtémoc, que formuló una carpeta de investigación y solicitó a la juez de lo penal, para que convocara a una audiencia de imputación, que fue obsequiada y ya se generaron los citatorios para los tres gobernadores contra los cuales está formulada esta denuncia”, refirió.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Luis Gonzáles Rivas, Bertha Moreno, y Enrique Manuel Parra, son los gobernadores tradicionales -representantes y manejan los asuntos internos de la comunidad-, quienes están acusados y citados a la audiencia que se llevará a cabo el 9 de junio a las 10:00 horas, en la que se les dará a conocer los términos y contenido de la denuncia, los elementos que componen la acusación, que fue calificada como incomprensible, porque la propiedad por la que se les acusa, es el que ha sido posesión de la comunidad desde hace generaciones, reconocida por registros eclesiásticos, e incluso sanitarios, por los sobrevivientes de la peste española, hace alrededor de un siglo.

Además, pretenden desalojar a la escuela albergue, que está ubicada en la zona de conflicto, que depende del gobierno federal, donde se imparte la enseñanza es bilingüe con más de 60 alumnos, de nivel preescolar y primaria. Así mismo, hay una iglesia, con reuniones dominicales, celebración de fiestas religiosas y es un lugar simbólico para los ralámulis en su comunidad, y hay otras cosas que son importantes, como un panteón, con el implícito respeto a los muertos.

El asesor jurídico confirmó la asistencia de los gobernadores tradicionales, y el acompañamiento que les brindan asociaciones dedicadas a la defensa de los territorios, de las que hasta el momento se han sumado cinco.

“Este caso que constituye evidencia de la falta de respeto a las comunidades indígenas, a las posesiones, independientemente de que ellos puedan tener documentos o títulos que les algún derecho, pero la posesión es la que está reconocida a nivel internacional como título de propiedad y más ellos, que tienen muchos años de estar por generaciones que se han venido heredando la posesión de ese territorio”, enfatizó Lagunas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, Diana Villalobos, en representación de la red de asociaciones en defensa del territorio, señaló que es alarmante el uso de instancias de gobierno para criminalizar a los indígenas. “Está pasando en Mogótavo, pero no es la única comunidad. Recientemente, en Bosques San Elías, son patrones del estado para criminalizar a los pueblos indígenas, y eso nos parece muy preocupante”, enfatizó.

Para finalizar, manifestaron que el sábado 29 de mayo se hará una manifestación de protesta en el área turística de Divisadero Barrancas, donde se ha desconocidola presencia, la posesión de las comunidades indígenas, perturbando la idiosincrasia, la cosmovisión, el trabajo de las comunidades; y se van a hacer manifestaciones de las comunidades que están siendo afectadas por el proyecto de desarrollo turístico y económico de alto nivel.

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Los tres gobernadores tradicionales ralámulis de la comunidad de Mogótavo, municipio de Urique, fueron denunciados penalmente por el delito de despojo agravado, por habitar el territorio ancestral que fue heredado por sus generaciones predecesoras, y que un grupo de empresarios pretende desplazar a 300 personas, integrantes de 80 familias, y retirar la escuela-albergue donde estudian sus hijos, iglesia, e incluso el panteón donde reposan sus difuntos.

Así lo informó Horacio Lagunas Cerda, asesor jurídico de la comunidad de Mogótavo, quien explicó que la comunidad se encuentra en la zona a la que se le denomina Divisadero-Barrancas del Cobre, en una extensión de 150 hectáreas, donde han sido víctimas de hechos que han desestabilizado a la comunidad.

“Un grupo de empresarios están presentando una denuncia penal en contra de la comunidad indígena, por Ricardo Orvis Blake, Omar Bazán Flores, Agustín López Daumas, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alveláis, -quien es finado, pero su familia está al frente del asunto-. A través de Ricardo Orvis están acusando a la comunidad de Mogótavo por conducto de sus tres gobernadores de despojo agravado. La denuncia fue presentada ante el ministerio público de Cuauhtémoc, que formuló una carpeta de investigación y solicitó a la juez de lo penal, para que convocara a una audiencia de imputación, que fue obsequiada y ya se generaron los citatorios para los tres gobernadores contra los cuales está formulada esta denuncia”, refirió.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Luis Gonzáles Rivas, Bertha Moreno, y Enrique Manuel Parra, son los gobernadores tradicionales -representantes y manejan los asuntos internos de la comunidad-, quienes están acusados y citados a la audiencia que se llevará a cabo el 9 de junio a las 10:00 horas, en la que se les dará a conocer los términos y contenido de la denuncia, los elementos que componen la acusación, que fue calificada como incomprensible, porque la propiedad por la que se les acusa, es el que ha sido posesión de la comunidad desde hace generaciones, reconocida por registros eclesiásticos, e incluso sanitarios, por los sobrevivientes de la peste española, hace alrededor de un siglo.

Además, pretenden desalojar a la escuela albergue, que está ubicada en la zona de conflicto, que depende del gobierno federal, donde se imparte la enseñanza es bilingüe con más de 60 alumnos, de nivel preescolar y primaria. Así mismo, hay una iglesia, con reuniones dominicales, celebración de fiestas religiosas y es un lugar simbólico para los ralámulis en su comunidad, y hay otras cosas que son importantes, como un panteón, con el implícito respeto a los muertos.

El asesor jurídico confirmó la asistencia de los gobernadores tradicionales, y el acompañamiento que les brindan asociaciones dedicadas a la defensa de los territorios, de las que hasta el momento se han sumado cinco.

“Este caso que constituye evidencia de la falta de respeto a las comunidades indígenas, a las posesiones, independientemente de que ellos puedan tener documentos o títulos que les algún derecho, pero la posesión es la que está reconocida a nivel internacional como título de propiedad y más ellos, que tienen muchos años de estar por generaciones que se han venido heredando la posesión de ese territorio”, enfatizó Lagunas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, Diana Villalobos, en representación de la red de asociaciones en defensa del territorio, señaló que es alarmante el uso de instancias de gobierno para criminalizar a los indígenas. “Está pasando en Mogótavo, pero no es la única comunidad. Recientemente, en Bosques San Elías, son patrones del estado para criminalizar a los pueblos indígenas, y eso nos parece muy preocupante”, enfatizó.

Para finalizar, manifestaron que el sábado 29 de mayo se hará una manifestación de protesta en el área turística de Divisadero Barrancas, donde se ha desconocidola presencia, la posesión de las comunidades indígenas, perturbando la idiosincrasia, la cosmovisión, el trabajo de las comunidades; y se van a hacer manifestaciones de las comunidades que están siendo afectadas por el proyecto de desarrollo turístico y económico de alto nivel.

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