Hoy hace tres años, se registró uno de los accidentes máslamentables en la ciudad de Chihuahua y fue en el evento denominadoAero Show 2013 en el que, el conductor del espectáculo Big Show,atropelló a decenas de personas, donde 9 de ellas perdieron lavida y decenas más resultaron con lesiones de consideración.
Francisco Velázquez Samaniego, piloto del “monster truck”,es hasta el momento el único responsable de matar a nuevepersonas, quien declaró en su defensa que se desmayó al golpearsu cabeza al volante. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubredel 2013. Velázquez Samaniego se encuentra purgando una sentenciade cinco años de prisión, que obtuvo en julio del 2015, medianteun procedimiento abreviado, donde aceptaba su responsabilidad enlos hechos donde 9 personas fallecieron y 90 resultados heridas, delas cuales 58 fueron de gravedad.
Las víctimas mortales fueron: José Ángel Renova, de 12 años;Paulina Santos Luna, de 6 años; Julia Sofía Tarango, de 7;Héctor Renova Ortiz, de 40; Guadalupe Chávez Sáenz y LiliaAcosta Armendáriz, de aproximadamente 45 años; Cristina BacaGámez, de 47; Diego Tarango, de 11 y Mariana Bernardina Chávez,de ciudad Cuauhtémoc.
A tres años del suceso no se ha cumplido totalmente con larecomendación 12/2014, emitida el 31 de marzo de 2014, por laComisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que resolvióque “se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridadjurídica en agravio de todas las víctimas, a la protección a lavida de nueve personas y a la integridad y seguridad personal enperjuicio de decenas de chihuahuenses”.
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A la fecha no se han fincado cargos por la vía penal en contrade los citados ex servidores públicos, sólo la FGE formulóimputación, atendiendo dicha recomendación, en contra del exsubdirector de Gobernación municipal, Javier Torres Cardona, quienfue vinculado a proceso el 12 de septiembre de 2014 por el delitode ejercicio ilegal del servicio público; éste se amparó ante unjuez federal.
Ministerio Público insiste en encarcelar a MarcoQuezada pese a que prescribe acción penal
Como último recurso para intentar encarcelar a Marco AdánQuezada por el accidente del Aero Show, la administración estatalde César Duarte, que hoy concluye, interpuso una formulación deimputación durante los últimos días de septiembre para buscaracción penal en contra del exalcalde, sin embargo, el MinisterioPúblico no logró su objetivo al prescribir el supuestodelito.
Heliodoro Araiza Reyes, abogado del exalcalde explicó para ElHeraldo de Chihuahua, que el Ministerio Público insiste en buscarmedidas para enjuiciar a Marco Quezada y sus colaboradores, puesestán utilizando recursos que han prescrito desde el año 2015,como último recurso volvieron a reanudar la audiencia para buscarvincularlos, sin notificación y de manera sorpresiva parareactivar el juicio antes de que concluya la administraciónestatal.
“El mes de septiembre de este año, sin que nos hayannotificado que existieran nuevos elementos, el Ministerio Públicoinsistió en formular imputación; se fija una audiencia para laformulación de imputación, estudiamos el asunto y encontramos quese encuentra prescrita la acción penal, entonces hacemos unapromoción y el tribunal fija una fecha para una audiencia que serealizó la semana pasada, exponemos los argumentos por los cuales,sin entrar al fondo del asunto, la acción penal ya se encontrabaprescrita”.
“El Ministerio Público defiende el punto y lo defiende conganas, es decir presenta argumentos con la intención de seguirformulando la imputación, sin embargo después de escuchar losargumentos tanto del Ministerio Público y defensa, el juezdetermina que efectivamente se encontraba prescrita la acciónpenal”, relató el abogado del caso.
Fue el pasado mes de noviembre del año 2015 cuando se realizala formulación de imputación y se desiste de la acción penal, enaquel entonces se decía que el asunto se había terminado; elexalcalde y su esposa, Lucia Chavira, hacían señalamientos contraCésar Duarte para así buscar la candidatura al Gobierno delEstado, pero el arreglo se dio en la alcaldía, pues la esposa deMarco Quezada fue la candidata del PRI a la presidenciamunicipal.
Heliodoro Araiza explicó que los señalados como culpables delcaso son inocentes, toda vez que no tuvieron participación directaen el caso, ya que no se celebró un contrato de prestación deservicios y en cambio se hizo un convenio de colaboración para larealización del evento.
Related content“La verdad de las cosas es que no había delito, las conductasque se pretendían formular o imputar son prácticasadministrativas que se hacen con regularidad y dentro de la ley,porque no se trataba de ningún contrato de prestación deservicios, sino que se trataba de un convenio decolaboración”.
“Tanto administraciones municipales del PAN, del PRI enmunicipio y gobierno, han celebrado este tipo de convenios decolaboración, en donde se apoyan de distintas actividadesdeportivas, artísticas, culturales o turísticas”, comentó elabogado.
Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cayóen contradicción al argumentar sin conocer a detalle lasituación, ya que no era un contrato de prestación de servicioslo que se hizo, sino un convenio de colaboración que es una figurajurídica diferente.
“En estos días el Ministerio Público tiene la opción deinterponer un recurso de apelación, probablemente lo haga, pero detodos modos consideramos que esta prescrita la acción penalademás de que tenemos la certeza de que no hay delito”,mencionó.
La semana pasada a raíz de esta resolución, se presentó unescrito al Congreso del Estado, cuando ya se había aprobado lacuenta pública del 2013 y al estar aprobada dicha cuenta, seanalizaron todas las cuestiones que sucedieron en dicho año, “yen tal virtud el Congreso del Estado emite una resolución en esesentido y efectivamente quedaba sobre seguido el procesoadministrativo, un punto muy importante es que se habíadeterminado previamente que no había quebranto patrimonial, esdecir que todo había estado conforme a la a ley”.
Heliodoro Araiza recalcó que existen resoluciones de colegiadosque definen que no hay responsabilidad penal sobre el comandanteDomínguez, “se analizan todos los hechos y el colegiadodetermina que no hay ninguna responsabilidad, también hay unadeterminación de un tribunal colegiado donde se determina que notuvo responsabilidad el representante legal de la empresa, ellicenciado Valdez; en el caso de Guillermo Ávila hay un aparoconcedido porque no hay suficientes motivos para una vinculación aproceso”.
