Tras la celebración de la audiencia por el proceso de responsabilidad administrativa en contra del consejero de la Judicatura del Estado, Joaquín Sotelo Mesta, el juez de control imputó cargos por los hechos identificados como abuso de funciones, falta de probidad y honradez, llevar a cabo conductas que atentan contra la independencia judicial y emitir opinión pública que prejuzgue.
Lo anterior luego que interpusiera una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el proceso de elección de jueces y magistrados, lo cual fue presentado de igual forma ante medios de comunicación, motivo por el que le iniciarán un proceso administrativo.
El consejero de la Judicatura del Estado, Joaquín Sotelo Mesta, fue presentado ante un juez de control por el proceso administrativo PRA 1/2021, en el que se le acusa de haber emitido posturas como servidor público y por presuntos actos ilegales en la elección de jueces y magistrados en el Tribunal Superior de Justicia.
El pasado mes de marzo, el consejero fue suspendido de su cargo como tal, le redujeron el 70% de su sueldo tras haberle iniciado un procedimiento administrativo, toda vez que desde 2019 estuvo emitiendo posturas y convocando a medios de comunicación para informar de supuestas irregularidades en el proceso de elección de los jueces y magistrados.
El abogado de Joaquín Sotelo, Rodolfo Sandoval Peña, dijo que los 60 denunciantes, entre jueces y magistrados, presentaron un escrito con manifestaciones como ofrecimiento de pruebas, lo cual será analizado por el cuerpo de la defensa y tendrán un plazo de tres días para presentar una respuesta sobre este escrito.
El abogado dijo que en tres días conocerán lo que a derecho convenga, toda vez que al consejero se le acusa de haber convocado a una rueda de prensa con la finalidad de solicitar a los medios de comunicación que informaran la presentación de una denuncia de hechos por probables delitos por la Fiscalía Anticorrupción.
“El concurso de designación de jueces y magistrados, el procedimiento se le sigue por eso, no obstante el artículo 222 Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a los servidores hacerlo conocimiento de la autoridad correspondiente, sin importarles que la Ley de Transparencia General como del estado señala que los hechos relativos con actos o hechos de corrupción no pueden ser materia pública, les interesa conocer hechos de corrupción”, comentó.
Abundó que lejos de que la parte acusadora investigara los actos ilícitos, paradójicamente se le abrió una investigación a Joaquín Sotelo, por haber informado supuestos actos en el desarrollo del proceso de elección, en lugar de transparentar el proceso.
El abogado del consejero de la Judicatura destacó que se trata de una persecución que va más allá de lo legal, “él denunció la posible comisión en concurso de oposición, si no hubo hechos, entonces debieron haber ofrecido las pruebas; Sotelo por ser consejero no se le proporcionó por sus homólogos la información necesaria para tener el pleno conocimiento legales, se le exilió del conocimiento de la información y lo obligaron a interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción”.
Dijo que el procedimiento de responsabilidad administrativa continuará durante los próximos días y se espera que el juez, después de que se cumpla el plazo de tres días, pasará a la presentación de pruebas y finalmente a la resolución para determinar la posible sanción.
