La Secretaría de la Función Pública ha sancionado con inhabilitación en el servicio público desde uno a 10 años, de febrero a septiembre del año pasado, a un total de ocho funcionarios por varias faltas como negligencias administrativas e incumplimiento en la declaración de su situación patrimonial.
Son varios los expedientes que la Secretaría de la Función Pública resolvió con la inhabilitación en el servicio público, el primero de ellos fechado el 28 de febrero del año pasado, y el más reciente, el 14 de septiembre del 2017.
Cinco de los ocho casos fueron por negligencias administrativas, según dicta la información de la SFP, y los tres restantes fueron por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial.
En los casos de negligencia administrativa, todos han sido originados con denuncias de servidores públicos y la inhabilitación que se estableció como sanción es de un año en uno de los casos, dos años en otros dos casos, tres años en uno más y 10 años para uno de los casos de negligencia.
Respecto a los casos de incumpliendo en la declaración patrimonial, las sanciones son: un año en dos casos y dos años en otro de los casos.
Los funcionarios que fueron sancionados con inhabilitaciones por negligencias administrativas son: María Enedina Sáenz Molina, con dos años de castigo; Juan Enrique García Toledo, inhabilitado un año; Ramón Grado Muela, con tres años de inhabilitación; Rodvick Adrián Solís Bueno, con dos años y Jorge Arturo Molina Ostos, quien recibió una inhabilitación por 10 años.
Los funcionarios que fueron inhabilitados por no cumplir con la declaración de situación patrimonial fueron: José Santos Salcido Acosta por un año, Roberto Cabrera Rico por dos años y Enrique Córdova Navarro por un año.