EJIDO CONSTITUCIÓN, Chih.- Una confrontación en la que hubo balazos y al menos un herido por impacto de bala y otros más por golpes con piedras se registró en el rancho “La Mojina”, propiedad de la familia LeBarón, hasta donde llegaron cientos de pobladores de unas cinco comunidades, apoyados de El Barzón y el Frente Unidos para la Defensa del Agua y del Medio Ambiente, reclamando la instalación “ilegal” de pozos en dicho predio.
De acuerdo con testimonios, los pobladores llegaron alrededor de las 09:00 horas de este lunes al predio en mención, donde los “recibieron a balazos”, pero no retrocedieron y hubo un enfrentamiento, aunque precisan que ellos no estaban armados.
Por otro lado, la familia LeBarón, en voz del señor Julián, mencionó que los balazos se hicieron en defensa propia y después de que se estaban sustrayendo unidades del predio.
Ambas partes cuentan con videos en su propiedad, para respaldar su versión. Por un lado, los LeBarón cuentan con tomas aéreas de un dron donde se documenta la llegada de los inconformes en alrededor de 40 unidades, algunos de los cuales avanzaron con su propio pie, mientras otros a bordo de vehículos.
En tanto uno de los ejidatarios mostró un video en el que pueden escucharse los disparos realizados, de hecho una de las balas se proyecta en el vidrio frontal del inmueble, pero afortunadamente ninguno de los tripulantes fue herido, no así un joven de apellido Soto que sufrió un rozón de bala en una pierna.
Tras este suceso, los mismos pobladores llamaron a las autoridades y el reporte fue atendido por fuerzas estatales y ministeriales, que se entrevistaron con varias personas para elaborar el reporte correspondiente del hecho.
“Llamamos a la Policía porque nos estaban atacando y nosotros estábamos desarmados”, denunció uno de los inconformes, quien señaló a Kristopher Wiley LeBarón, hijo de uno de los LeBarón, como uno de los que disparó contra los ciudadanos, pero eso no está confirmado de momento.
Cabe resaltar que en el lugar del enfrentamiento se encontraron balas calibre 223 y 9 mm, que fueron mostradas por los pobladores y resguardadas por los elementos.
Para alrededor de las 13:00 horas de este lunes, el rancho La Mojina estaba rodeado por decenas de unidades policiales, así como cientos de habitantes de las comunidades de Benito Juárez, Villa Ahumada, Flores Magón, Buenaventura y Ejido Constitución, principalmente, unos de los cuales permanecieron al interior del rancho.
Para esa hora, la familia LeBarón y varios trabajadores se dispusieron a huir de la zona, algo a lo que se vieron obligados a hacer, tras ver su integridad comprometida, de acuerdo con su versión.
Cabe señalar que para alrededor de las 14:00 horas, todo parecía indicar que los ministeriales abandonarían el sitio, pero al cabo de unos minutos regresaron al punto donde se encontraban los habitantes de las comunidades en mención, en compañía de algunos integrantes de organismos como el Barzón y el Frente Unido para la Defensa del Agua y del Medio Ambiente que se unieron.
Cabe resaltar que a unos kilómetros del rancho La Mojina se encontró una unidad y un tractor abandonado, pero se desconoce si eran propiedad de los LeBarón.
Ante esto, El Barzón informó que debido a la “inacción y omisión” de las autoridades federales y estatales en relación con la denuncia contra los hermanos LeBarón por la perforación ilegal de pozos y tierras de la cuenca del río Del Carmen, este lunes ingresaron al predio más de 500 productores de la región a realizar tareas de verificación de desmonte de tierras y perforación de pozos ilegales.
Se recordó que en noviembre pasado los productores acompañados por inspectores y autoridades de Profepa y Conagua buscaron ingresar al predio de Joel LeBarón para la revisión del pozo, actuación que fue impedida por la familia LeBaron y Policía Federal que les custodiaban. Pese a esto, los campesinos tomaron fotografías que evidenciaron el uso de maquinaria de uso pesado para perforación de dichos pozos.
“Han impedido la actuación de las autoridades, aun con los compromisos asumidos en las reuniones sostenidas desde el 19 de abril del año pasado con las autoridades federales mediante la mesa agroambiental para tratar este tipo de asuntos, tema tratado en la revisión de medidas cautelares de la familia Solorio y reuniones con autoridades estatales, incluyendo al gobernador del estado”, expusieron.
Y precisaron que los productores decidieron permanecer en el predio hasta que las autoridades federales y estatales cancelen labores en el predio, en tanto se resuelva el amparo que determinará la legalidad de los pozos.
