A raíz de la aprehensión del enfermero Jorge Alberto Ceballos Almengor, vinculado como presunto homicida de la también trabajadora del IMSS Laura Soto, se inició una investigación de tipo laboral y administrativa al interior de la institución para detectar la venta de plazas en el Seguro Social. El enfermero está en suspensión laboral en el IMSS, mientras es sujeto a proceso judicial.
Hasta el momento la Oficina de Investigaciones Laborales ha estado revisando los expedientes y documentos de varios empleados del IMSS, entre ellos a cinco familiares del enfermero Ceballos Almengor, así como a tres más, sin precisar si existe algún parentesco.
El departamento de Juicios Laborales del IMSS ha estado revisando, en esa investigación, el expediente de Sandra Almengor Maldonado, ya jubilada del IMSS; a Manuel Eduardo López Almengor, auxiliar en enfermería –similar cargo de Jorge Alberto Ceballos- que está adscrito a la Unidad Médica Familiar No. 2; a Roberto Almengor Maldonado, auxiliar de enfermería en el Hospital No. 1; Nallely Yolanda Medina Almengor, oficial de puericultura, adscrita a la Asegurada 2 en Chihuahua, y Rosaline Medina Almengor, auxiliar de enfermería general en la Unidad Médico Familiar No. 44.
Asimismo, la Oficina de Investigaciones Laborales, desde el pasado mes de julio ha estado revisando los expedientes de Luis José Anaya Villa, ya jubilado; Juan Carlos Alberto Padilla, médico no familiar adscrito al Hospital General Regional No. 1 y a Erick Estrada Domínguez, auxiliar de servicios de intendencia en el HGR No. 1. En este último caso hubo rescisión de contrato.
Durante esta investigación, el jefe del departamento jurídico de la delegación Chihuahua del IMSS, licenciado Jorge Aguilar, ya tiene varios días que no se ha presentado a trabajar, sin que puedan precisar en la institución si sigue trabajando ahí o se retiró.
Además del proceso penal que se le sigue al enfermero Jorge Alberto Ceballos, existen las acusaciones de venta de plazas laborales dentro del Seguro Social.
En cuanto a la presunción en su relación con el asesinato de cinco integrantes de la familia Romero, aún la Fiscalía General del Estado no ha solicitado ante un juez la vinculación de esos homicidios.
