/ martes 18 de agosto de 2020

Jorge Ramírez deja de ser magistrado y pierde otra vez fuero

Niega Juzgado Octavo de Distrito suspensión definitiva que evitaba posibles investigaciones por enriquecimiento ilícito; puede FGE reabrir el proceso: Jorge Espinoza

Ayer, el Juzgado Octavo de Distrito negó la suspensión definitiva al magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, con la cual se evitaba el proceso de desafuero y posibles investigaciones en su contra, por lo cual a partir de este día podrá ser sometido a un proceso penal conforme a la evidencia que contemple la Fiscalía General del Estado, según lo explicó el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés.

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Dijo que con la resolución del juez federal Jorge Ramírez, vuelve a perder el fuero constitucional que lo protegía de cualquier investigación formal y además que deja de nuevo de ser un magistrado local, ya que le suspendieron el amparo 72/2020 que había promovido semanas atrás de su detención.

El consejero jurídico explicó que a partir de ahora, si así lo solicita la Fiscalía General del Estado, puede someterlo a un procedimiento penal en su contra, ya que mantiene la investigación vigente por el delito de enriquecimiento ilícito que surgió a raíz de una auditoría al interior del Poder Judicial del Estado.

El pasado mes de marzo, a Jorge Ramírez se le inició un proceso de desafuero por parte del Congreso del Estado, y al retirarle el mismo, la Fiscalía General del Estado lo capturó para ser presentado ante un juez de control, pero quedó en libertad en una serie de minutos, ya que mantenía un amparo vigente ante el Juzgado Octavo de Distrito.

Ese mismo recurso, explicó el consejero, le fueron revocados los efectos de la suspensión provisional por instrucción del Juzgado Octavo de Distrito con sede en la ciudad de Chihuahua, lo cual fue dado a conocer durante el día de ayer al recibir la notificación sobre este recurso presentado en marzo.

“Ya no tiene suspensión el exmagistrado Ramírez que le impedía enfrentar el proceso judicial que se le ha iniciado, analizando las implicaciones, no tener la suspensión, al juez de control que lo requiere, tendría negativa final, con esto podrá ser presentado y no le regresarán la magistratura, como el fuero constitucional”, refirió Jorge Espinoza.

Comentó que en dicho amparo se reclamó la legalidad de la resolución de la declaración de procedencia por parte del Congreso del Estado y la separación del cargo de magistrado de la Primera Sala del Tribunal Superior del Estado, para que fuera investigado por la Fiscalía General del Estado respecto de su participación en diversos ilícitos.

De acuerdo con la información proporcionada por consejero jurídico del gobierno del estado, “el juzgador federal ponderó de manera correcta el perjuicio al orden público y al interés social que acarrearía otorgarle la suspensión de los actos al exmagistrado”.

Jorge Alberto Espinoza Cortés expresó además que tal resolución se basa fundamentalmente en jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que es improcedente otorgar una suspensión en contra de una determinación de desafuero decretada por los poderes legislativos.

Agregó que con la decisión del Juzgado Federal, se revocan los efectos de la resolución dictada en el mes de marzo y que temporalmente benefició al ex magistrado para no ser presentado ante la justicia para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito, ante las investigaciones que sostiene la Fiscalía General.

Consideró trascendental la decisión, ya que sienta las bases para que no se le conceda el amparo y protección de la justicia federal al exmagistrado. “Con argumentos y evidencias, debemos buscar justicia para Chihuahua en este y todos los casos”, concluyó.

Por otra parte, desde febrero la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia por irregularidades en su declaración patrimonial en la que dejó un saldo sin justificar de más de 10 millones de pesos, por lo cual iniciaron una investigación relacionada con el delito de enriquecimiento ilícito.

De igual forma el Gobierno del Estado solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera que “congelara” las cuentas del magistrado, su esposa, y más de una decena de familiares, por lo cual por más de tres meses estuvo sin poder utilizar sus recursos, depósitos o retiros ante esta investigación que mantiene vigente.



Ayer, el Juzgado Octavo de Distrito negó la suspensión definitiva al magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, con la cual se evitaba el proceso de desafuero y posibles investigaciones en su contra, por lo cual a partir de este día podrá ser sometido a un proceso penal conforme a la evidencia que contemple la Fiscalía General del Estado, según lo explicó el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés.

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Dijo que con la resolución del juez federal Jorge Ramírez, vuelve a perder el fuero constitucional que lo protegía de cualquier investigación formal y además que deja de nuevo de ser un magistrado local, ya que le suspendieron el amparo 72/2020 que había promovido semanas atrás de su detención.

El consejero jurídico explicó que a partir de ahora, si así lo solicita la Fiscalía General del Estado, puede someterlo a un procedimiento penal en su contra, ya que mantiene la investigación vigente por el delito de enriquecimiento ilícito que surgió a raíz de una auditoría al interior del Poder Judicial del Estado.

El pasado mes de marzo, a Jorge Ramírez se le inició un proceso de desafuero por parte del Congreso del Estado, y al retirarle el mismo, la Fiscalía General del Estado lo capturó para ser presentado ante un juez de control, pero quedó en libertad en una serie de minutos, ya que mantenía un amparo vigente ante el Juzgado Octavo de Distrito.

Ese mismo recurso, explicó el consejero, le fueron revocados los efectos de la suspensión provisional por instrucción del Juzgado Octavo de Distrito con sede en la ciudad de Chihuahua, lo cual fue dado a conocer durante el día de ayer al recibir la notificación sobre este recurso presentado en marzo.

“Ya no tiene suspensión el exmagistrado Ramírez que le impedía enfrentar el proceso judicial que se le ha iniciado, analizando las implicaciones, no tener la suspensión, al juez de control que lo requiere, tendría negativa final, con esto podrá ser presentado y no le regresarán la magistratura, como el fuero constitucional”, refirió Jorge Espinoza.

Comentó que en dicho amparo se reclamó la legalidad de la resolución de la declaración de procedencia por parte del Congreso del Estado y la separación del cargo de magistrado de la Primera Sala del Tribunal Superior del Estado, para que fuera investigado por la Fiscalía General del Estado respecto de su participación en diversos ilícitos.

De acuerdo con la información proporcionada por consejero jurídico del gobierno del estado, “el juzgador federal ponderó de manera correcta el perjuicio al orden público y al interés social que acarrearía otorgarle la suspensión de los actos al exmagistrado”.

Jorge Alberto Espinoza Cortés expresó además que tal resolución se basa fundamentalmente en jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que es improcedente otorgar una suspensión en contra de una determinación de desafuero decretada por los poderes legislativos.

Agregó que con la decisión del Juzgado Federal, se revocan los efectos de la resolución dictada en el mes de marzo y que temporalmente benefició al ex magistrado para no ser presentado ante la justicia para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito, ante las investigaciones que sostiene la Fiscalía General.

Consideró trascendental la decisión, ya que sienta las bases para que no se le conceda el amparo y protección de la justicia federal al exmagistrado. “Con argumentos y evidencias, debemos buscar justicia para Chihuahua en este y todos los casos”, concluyó.

Por otra parte, desde febrero la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia por irregularidades en su declaración patrimonial en la que dejó un saldo sin justificar de más de 10 millones de pesos, por lo cual iniciaron una investigación relacionada con el delito de enriquecimiento ilícito.

De igual forma el Gobierno del Estado solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera que “congelara” las cuentas del magistrado, su esposa, y más de una decena de familiares, por lo cual por más de tres meses estuvo sin poder utilizar sus recursos, depósitos o retiros ante esta investigación que mantiene vigente.



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