En lo que va de la administración del gobernador Javier Corral Jurado y del Operativo Justicia para Chihuahua, han identificado a varios jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que “inclinan la balanza” hacia exservidores o personajes involucrados en temas de corrupción.
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Desde el año 2019 y 2020, el mandatario ha señalado a varios jueces federales y magistrados que han obstaculizado la llamada Justicia para Chihuahua, toda vez que por lo menos el 80% de los amparos que presentó el Estado ante centro de justicia federal, fueron negados y en cambio otros recursos presentados por los presuntos responsables fueron recibidos incluso de forma ilegal.
Uno de los casos iniciales fue el de la magistrada Martha Oliva Tello, quien durante el año 2019 negó la mayoría de los amparos que presentó el Gobierno del Estado, en contra de la libertad condicional que le otorgaron a Alejandro G.G., ex secretario nacional del PRI, quien se mantiene en libertad condicional en la ciudad de Chihuahua.
Según lo dicho por el gobernador, la magistrada intermedió en el proceso de liberación de Alejandro G.G. en la causa penal que presuntamente le acredita la Fiscalía General del Estado, por el desvío de 250 millones de pesos, por lo cual quedó en libertad, toda vez que no se le fincó al Estado su estatus de afectado en dicho desvío.
Luego de las acusaciones que emitió el gobernador en contra de la magistrada, tras la denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal y tras aparecer en varios medios de comunicación por meter a varios familiares a la nómina del Poder Judicial de la Federal, fue retirada de Chihuahua y la enviaron a la ciudad de Tijuana.
Otro de los casos que también han tenido complicaciones fue con el Juzgado Octavo de Distrito a cargo del juez José Tomás Acosta, quien en una forma ilegal y contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió la suspensión provisional del proceso en contra del exmagistrado Jorge Abraham R.A.
A pesar de que ya había sido capturado en el año 2020, promovió un amparo en el Poder Judicial de la Federación, que le aceptó el juez octavo José Tomás, para regresarle su cargo de magistrado y por ende obtener el fuero constitucional, por lo cual no podría ser detenido y fue puesto en libertad a minutos de su audiencia de formulación de cargos.
Meses después la Fiscalía General del Estado logró obtener la negativa de la suspensión definitiva de ese amparo y logró capturar de nueva cuenta al exmagistrado, quien ya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, por un monto superior a 10 millones de pesos.
“Tomás José Acosta Canto es el gran protector de los corruptos en el estado de Chihuahua, este juez es un juez que ha estado generando medidas de protección a varios de los personajes involucrados en actos de corrupción en el estado de Chihuahua”, refirió el gobernador durante una entrevista en el año 2020.
El último de los casos fue el caso del juez Cuarto de Distrito ubicado en Juárez, Gabriel Pacheco Reveles, quien concedió una suspensión provisional, que ya había sido resuelta en la negativa, en contra de la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos, lo cual duró poco más de un mes.
A pesar de que ya había sido negado el amparo para Maru, en Juárez le aceptó el recurso y le concedió la suspensión provisional para que no se ejerciera ninguna acción penal en su contra, sin embargo, al realizar la audiencia incidental del amparo se determinó dar la negativa y abrir la posibilidad de que compareciera ante el Tribunal Superior de Justicia.
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