/ jueves 30 de enero de 2020

Leen por primera vez dictamen en Rarámuri y lengua de señas

Con el cual se creará el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua

En estos momentos en el Pleno del Congreso del Estado se da lectura en lengua raramuri, así como con señas intérpretes, mientras que la diputada Rocío Sarmiento hace lo propio en español, el dictamen con el cual se creará el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Con dicho Centro se pretende garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas salvaguardando sus derechos colectivos, específicamente el de acceso a la justicia, en la vertiente que se asocia a la capacidad de entender y hacerse entender en toda actuación jurídica, conforme se ha establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, así como en el derecho interno de la Constitución federal.

Por lo anterior se aprobó con 22 votos a favor, reformar –entre otros- el artículo 177 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, el cual refiere “… impartición y administración de justicia puedan garantizar, en este sentido, el derecho de acceso a la justicia a personas con discapacidad, particularmente visual, auditiva o del habla, así como a los pueblos y comunidades indígenas. Para tal efecto, contará con personal especializado en Lengua de Señas Mexicana, en la emisión de documentos en Sistema de Escritura Braille, en lenguas indígenas y demás ayudas técnicas y humanas necesarias para la comunicación”

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En estos momentos en el Pleno del Congreso del Estado se da lectura en lengua raramuri, así como con señas intérpretes, mientras que la diputada Rocío Sarmiento hace lo propio en español, el dictamen con el cual se creará el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Con dicho Centro se pretende garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas salvaguardando sus derechos colectivos, específicamente el de acceso a la justicia, en la vertiente que se asocia a la capacidad de entender y hacerse entender en toda actuación jurídica, conforme se ha establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, así como en el derecho interno de la Constitución federal.

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