Hoy lunes se vence el plazo de 48 horas para que los cinco agentes de la Dirección de Seguridad, presuntamente involucrados en el homicidio de una persona en detención, sean puestos a disposición del Ministerio Público para luego ser llevados ante un juez de control, quien en primera instancia validará su legal detención.
Las penalidades, en caso de resultar culpables del delito que se les imputa, son de 30 a 60 años en caso de homicidio agravado y de 20 a 40 por homicidio calificado, sin embargo el juzgador añadirá la agravante por tratarse de servidores públicos, según lo estipulado en los artículos 123 y 126 del Código Penal del Estado.
Los agentes de la Policía Municipal, de nombres Luis T.M., David R., José D.S., Fernando M. L. y Pedro C.C., permanecieron en las instalaciones de la Fiscalía zona Centro, en espera de que a las 10:00 horas de este lunes sean trasladados a la Ciudad Judicial.
La causa de muerte del ciudadano Leopoldo Eduardo Soto Cortez fue, según el dictamen forense, asfixia mecánica por estrangulamiento, fractura en hioides y clavícula inferior derecha.
De acuerdo con el reporte emitido por la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Zona Centro, el deceso fue atendido por el oficial Carlos Meléndez Gabaldón, de la unidad 322, el cual notificó que el levantamiento del cadáver tuvo lugar a las 10 horas, por lo que el cuerpo estuvo en las celdas de la Policía Zona Sur por espacio de casi cinco horas, debido a que su ingreso se marcó a las 5:10 de la mañana del jueves.
A la llegada de los elementos periciales, el cadáver fue localizado en los patios traseros del edificio municipal.
De las investigaciones se ha desprendido que los agentes atendieron el llamado de auxilio por violencia intrafamiliar en un domicilio de la colonia Villa Juárez, sin embargo al intentar someter al agresor, éste opuso resistencia, por lo que al aplicar el protocolo de uso de fuerza, hubo excesos por parte de los agentes de la unidad P-281 que provocaron la muerte del Soto Cortez, por lo que fueron puestos a disposición de autoridades judiciales.
Se ha ventilado que Leopoldo Eduardo, de 48 años, perteneció a la Procuraduría General de Justicia y luego fue activo en la Policía Ministerial, donde se desempeñó hasta 2017, cuando fue dado de baja por el delito de abuso de autoridad e indiciado, pero pisó la cárcel sólo momentáneamente.
Además, el ahora fallecido tenía querellas en su contra en una docena de casos de violencia de género, por ejercer maltrato contra sus parejas.
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