Será el 1 de agosto cuando se realice la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República, la cual ha sido promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el tema varios actores políticos y expertos han calificado el hecho como un simple distractor, pues la justicia no debe someterse a consulta; asimismo coinciden en que los cerca de 500 millones de pesos que costará este ejercicio debería ser invertido en medicamentos para el cáncer.
La consulta, con la que se busca someter ante la justicia los actos de los expresidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, será realizada el 1 de agosto y la pregunta que será planteada a quienes deseen participar en ese ejercicio que será regulado por el Instituto Nacional Electoral, la cual será la siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Sólo habrá dos posibles respuestas: Sí o No.
En este sentido, el senador Gustavo Madero manifestó que no es posible que se busque realizar una consulta para ver si se aplica o no la ley, a la vez destacó que sea cual sea el escenario, es decir, si la gente vota por el sí o por el no, o simplemente no acude a votar, no pasará absolutamente nada.
“Es una tristeza que se utilice un mecanismo muy noble de democracia directa, como lo es una consulta popular, para desvirtuar; primero el presidente López Obrador proponiendo una pregunta que no procede porque la justicia no se consulta y, segundo, la Suprema Corte de Justicia redactó una pregunta anodina e inocua, en la que cualquiera que sea el resultado no va a pasar absolutamente nada”, señaló el senador panista.
Lamentó que con estos actos sólo se esté gastando el dinero sin un beneficio real, se desgasta a la gente y se desaprovecha la oportunidad para utilizar ese mecanismo democrático para realmente cambiar la realidad del país; subrayó que se van a tirar 500 millones de pesos que pueden usar para comprar medicina.
Por su parte, el abogado penalista Alejandro Domínguez reiteró que el mandatario federal lo que busca con esta consulta es desviar la atención de otros temas, y subrayó que ese dinero debe canalizarse a los niños con cáncer que hoy sufren por la falta de sus tratamientos.
El también dirigente estatal del PRI reiteró que el alto costo que representa la ejecución del ejercicio de dicha consulta, que superará los 500 millones de pesos, es un agravio para todos los mexicanos.
“Tenemos una seria crisis económica y presupuestal en casi todas las áreas de la salud, lo más sentido lo vemos en la falta de abasto de medicamentos para quimioterapias de pacientes con cáncer, aun así se da luz verde a una consulta sin pies ni cabeza; si se tiene que someter a juicio a cualquier persona, incluso el presidente de la República, no se necesita autorización social”, enfatizó Domínguez.
Sobre este mismo tema, el profesor Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, aseguró que dicha consulta es una actividad meramente ciudadana, en donde los partidos políticos no tienen ninguna injerencia, motivo por el cual los actores políticos sólo deben limitarse a informar a la ciudadana que la consulta se realizará y que será regulada por el INE.
Manifestó que lo ideal es que la ciudadanía entienda la importancia de lo que representa un ejercicio de democracia participativa, para que el 1 de agosto salgan a votar y expresar su sentir, sea cual sea.
Hizo énfasis en que la voz del pueblo será la que tenga la razón y que en caso de que la ciudadanía salga a votar y gané el “no” a la pregunta planteada, se deberá hacer caso al deseo popular, aunque subrayó que espera que los mexicanos digan que sí desean un proceso de esclarecimiento de las acciones de los expresidentes, pero una decisión democrática debe de ser respetada.
Al respecto, el abogado penalista y constitucionalista Heliodoro Araiza Reyes manifestó que realizar ese tipo de ejercicios resulta completamente innecesario debido a que de existir algún elemento de convicción que acredite algún delito que no esté prescrito, se debe de proceder sin necesidad de una consulta.
“No es correcto que se le pregunte a la gente si se procede o no se procede en contra de nadie, porque la justicia no es un tema de elección popular; no dejaría nada bueno una consulta popular para juzgar a los expresidentes”, señaló el jurista.
En este sentido, destacó que el solo hecho de preguntarle a la gente, la balanza legal se inclinará de una u otra forma para determinar un veredicto, pues en el escenario hipotético en que la ciudadanía se defina por un “sí”, un juez tendrá una presión social aún y cuando no existan las pruebas; el mismo efecto resultaría en caso de que la gente votara por un “no”, pues aunque existieran pruebas ya no se podría aplicar la justicia.
Calificó como una antinomia el hecho de que el gobierno federal se vaya a gastar cerca de 500 millones de pesos para preguntar si se debe juzgar a ex servidores públicos, lo que podría prestarse a otro acto de corrupción, pues utilizar dinero público para algo que no tiene razón de ser, también cuenta como un acto de corrupción.
Agregó que el hecho de no tomar en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sería el rompimiento de un Estado de Derecho, porque incluso en las democracias se hace lo que digan las mayorías, pero siempre y cuando se cumpla con lo que estipula la ley.
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