/ viernes 13 de noviembre de 2020

Movió César D. mil millones de pesos de “nómina secreta”; cumplía favores

Varias maletas de dinero partieron del 2011 al 2016 en aviones privados para cumplir con la “Operación Safiro”

La Fiscalía General del Estado calcula que la denominada “nómina secreta” que conformó el exgobernador César Horacio D.J. durante su administración trasladó cerca de mil millones de pesos del erario del estado, para presuntamente cumplir con favores, protección e inmunidad con más de cien personalidades, quienes adquirieron estos pagos mensuales tanto en el estado como a nivel nacional.

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La información que se ha logrado recabar a través de testigos protegidos, investigaciones, el “seguimiento del dinero”, empresas fantasma y demás datos de prueba, han arrojado que el dinero se trasladaba de la Secretaría de Hacienda, era llevado por algunas personalidades que lo ocultaban en maletines para llevárselo en aviones privados a la Ciudad de México y otros puntos.

En meses pasados, el gobernador Javier Corral Jurado detalló que parte de la “nómina secreta” había algunos panistas que fungieron como funcionarios públicos durante la administración pasada, a quien incluso, llamaban a César Horacio “jefe” tras recibir estas aportaciones clandestinas.

La información que se concentra de estas entregas de dinero es que varias maletas de dinero partieron del 2011 al 2016 en aviones privados para hacer pagos de los compromisos, y como parte de lo que el Gobierno del Estado identifica como la “Operación Safiro”, en la que se movieron decenas de millones de pesos a través de empresas fantasmas y en coordinación con al menos siete entidades.

Uno de los involucrados, al que se le acreditó haberse beneficiado con este esquema de corrupción, fue al líder nacional juvenil del PRI Cristopher J.B., quien el pasado 10 de noviembre fue vinculado a proceso por delito electoral, tras haber recibido 26 pagos de 100 mil pesos mensuales durante el 2014 al 2016, según la carpeta de investigación que se mantiene en su contra.

“Era una red de corrupción política, red de protección mediante acción corruptora, mediante entregas de dinero en efectivo, a diversos actores políticos y sociales e instituciones, diputados locales, empresarios, líderes de opinión”, informó el gobernador el pasado 8 de julio, al anunciar la captura del exmandatario.

Entre los pagos o aportaciones de dinero que tenía el exgobernador se encuentran algunos ex funcionarios de partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, quienes a pesar de que era oposición se beneficiaron con algunos pagos para cumplir con la instrucción que giraba el exmandatario.

El esquema que detectó el Gobierno del Estado para llevar a cabo el desvío del dinero fue a través de contrataciones de empresas fantasma, pago a proveedores a sobreprecio o pagos a proveedores de servicios que nunca se brindaban y por lo cuales cobraban millonarios pagos por la prestación de un servicio ficticio.

En las investigaciones que mantiene la Fiscalía General del Estado, detecta por lo menos un listado de cien personas que se beneficiaron con este dinero, con el cual se pretendía el pago de favores políticos o simples gastos personales que mantenían los colaboradores o ex colaboradores de César Horacio.

Dentro de los recibos y demás comprobantes que lograron reunir, existen más de mil entregas de dinero por diversos conceptos, algunos por cantidades superior a los 200 mil pesos mensuales y algunos por otras cantidades menores, que mes a mes recibían esta aportación para obtener respaldo de diputados, senadores, y otras figuras del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Parte de los recursos que salían del estado de Chihuahua llegaban al secretario de Finanzas del PRI, quien posteriormente entregaba dicho recurso a campañas y candidatos en el año 2016, y por el cual han seguido un proceso penal en contra de Alejandro Gutiérrez, ex secretario nacional del PRI, por haber participado en estos hechos.

Como Alejandro Gutiérrez existen otros involucrados, que recibieron recurso para el pago de presuntos favores, como fue el caso del exdiputado Fernando Reyes, de Movimiento Ciudadano, quien en el 2017 fue capturado por haber recibido 2.4 millones de pesos para votar a favor de la bursatilización de la deuda del estado, de lado de otros legisladores.

Hasta el momento se encuentran más de treinta personas detenidas por haber participado en estos presuntos desvíos que se generaron en la administración del exgobernador, y existe por lo menos otro número similar de personas que está siendo investigada por haber colaborado o verse beneficiado por esta entrega de dinero.

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La Fiscalía General del Estado calcula que la denominada “nómina secreta” que conformó el exgobernador César Horacio D.J. durante su administración trasladó cerca de mil millones de pesos del erario del estado, para presuntamente cumplir con favores, protección e inmunidad con más de cien personalidades, quienes adquirieron estos pagos mensuales tanto en el estado como a nivel nacional.

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La información que se ha logrado recabar a través de testigos protegidos, investigaciones, el “seguimiento del dinero”, empresas fantasma y demás datos de prueba, han arrojado que el dinero se trasladaba de la Secretaría de Hacienda, era llevado por algunas personalidades que lo ocultaban en maletines para llevárselo en aviones privados a la Ciudad de México y otros puntos.

En meses pasados, el gobernador Javier Corral Jurado detalló que parte de la “nómina secreta” había algunos panistas que fungieron como funcionarios públicos durante la administración pasada, a quien incluso, llamaban a César Horacio “jefe” tras recibir estas aportaciones clandestinas.

La información que se concentra de estas entregas de dinero es que varias maletas de dinero partieron del 2011 al 2016 en aviones privados para hacer pagos de los compromisos, y como parte de lo que el Gobierno del Estado identifica como la “Operación Safiro”, en la que se movieron decenas de millones de pesos a través de empresas fantasmas y en coordinación con al menos siete entidades.

Uno de los involucrados, al que se le acreditó haberse beneficiado con este esquema de corrupción, fue al líder nacional juvenil del PRI Cristopher J.B., quien el pasado 10 de noviembre fue vinculado a proceso por delito electoral, tras haber recibido 26 pagos de 100 mil pesos mensuales durante el 2014 al 2016, según la carpeta de investigación que se mantiene en su contra.

“Era una red de corrupción política, red de protección mediante acción corruptora, mediante entregas de dinero en efectivo, a diversos actores políticos y sociales e instituciones, diputados locales, empresarios, líderes de opinión”, informó el gobernador el pasado 8 de julio, al anunciar la captura del exmandatario.

Entre los pagos o aportaciones de dinero que tenía el exgobernador se encuentran algunos ex funcionarios de partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, quienes a pesar de que era oposición se beneficiaron con algunos pagos para cumplir con la instrucción que giraba el exmandatario.

El esquema que detectó el Gobierno del Estado para llevar a cabo el desvío del dinero fue a través de contrataciones de empresas fantasma, pago a proveedores a sobreprecio o pagos a proveedores de servicios que nunca se brindaban y por lo cuales cobraban millonarios pagos por la prestación de un servicio ficticio.

En las investigaciones que mantiene la Fiscalía General del Estado, detecta por lo menos un listado de cien personas que se beneficiaron con este dinero, con el cual se pretendía el pago de favores políticos o simples gastos personales que mantenían los colaboradores o ex colaboradores de César Horacio.

Dentro de los recibos y demás comprobantes que lograron reunir, existen más de mil entregas de dinero por diversos conceptos, algunos por cantidades superior a los 200 mil pesos mensuales y algunos por otras cantidades menores, que mes a mes recibían esta aportación para obtener respaldo de diputados, senadores, y otras figuras del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Parte de los recursos que salían del estado de Chihuahua llegaban al secretario de Finanzas del PRI, quien posteriormente entregaba dicho recurso a campañas y candidatos en el año 2016, y por el cual han seguido un proceso penal en contra de Alejandro Gutiérrez, ex secretario nacional del PRI, por haber participado en estos hechos.

Como Alejandro Gutiérrez existen otros involucrados, que recibieron recurso para el pago de presuntos favores, como fue el caso del exdiputado Fernando Reyes, de Movimiento Ciudadano, quien en el 2017 fue capturado por haber recibido 2.4 millones de pesos para votar a favor de la bursatilización de la deuda del estado, de lado de otros legisladores.

Hasta el momento se encuentran más de treinta personas detenidas por haber participado en estos presuntos desvíos que se generaron en la administración del exgobernador, y existe por lo menos otro número similar de personas que está siendo investigada por haber colaborado o verse beneficiado por esta entrega de dinero.

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