Actualmente la superficie de riego por bombeo que utiliza el agua de los acuíferos rebasa a la disponibilidad anual, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de la agricultura chihuahuense.
Las más de 400 mil hectáreas de riego por bombeo rebasan en mucho la disponibilidad de agua publicada por la Conagua, lo que ocasiona la sobreexplotación de los acuíferos.
Esta crisis tiene su origen con la apertura indiscriminada de tierras ganaderas a tierras para uso agrícola violentando las leyes ambientales, sin contar con el cambio de uso de suelo ni con la disponibilidad de agua en el subsuelo que permita garantizar el uso y disfrute para las siguientes generaciones.
La apertura de tierras empezó en El Oasis, municipio de Ojinaga, donde se han abatido los mantos freáticos y cada vez es más costoso extraer el agua por la profundidad a la que se tiene que bombear.
Los menonitas tienen en la actualidad más del 70% del agua del subsuelo y continúan perforando pozos en diferentes partes del estado sin respetar la Ley de Aguas Nacionales ni las vedas en todo el estado.
En el año 2012, a partir de la sequía, las comunidades campesinas que cuentan con concesiones de aguas de las presas y de los acuíferos, empezaron a protestar ante la Conagua por el uso ilegal de agua por parte de productores principalmente menonitas que realizaban la explotación del agua sin contar con concesión alguna y afectando las actividades productivas.
En la región de la cuenca hidrológica del río del Carmen que integra parte de los municipios de Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada, los productores de la zona exigieron a Conagua que clausurara los aprovechamientos ilegales, lucha que se mantuvo durante meses, lo que obligó a las dependencias federales a buscar soluciones.
La Secretaría de Gobernación a nivel federal participó en la convocatoria de Conagua, CFE, Profepa y Gobierno del Estado de Chihuahua para buscar la clausura de los pozos ilegales.
Después de diversas confrontaciones entre productores locales con los menonitas se llegó a la muerte de tres defensores del medio ambiente, Ismael Solorio y Manuelita Solís, así como Alberto Almeida, asesinados y su muerte continúa impune.
Tras más de 5 años las condiciones se recrudecen ante la nula actuación de Conagua y Profepa.
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