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El delegado de Programas Federales, Juan Carlos Loera, quien fuese emplazado por la Secretaría de Hacienda para saldar una multa por el incumplimiento de pago a guarderías, dijo que no está obligado a finiquitar ningún tipo de multa y además de que no hay presupuesto para este tipo de cuestiones.
“Luego de algunos procedimientos judiciales que llevamos a cabo nos queda muy claro que ni el presidente de la República, ni la Cámara de Diputados, ni nosotros como delegados en los estados estamos obligados a pagar ningún tipo de multa”, recalcó.
“Yo soy una autoridad ejecutora y no ordenadora, es decir yo sigo las instrucciones que emanan de Bienestar y también de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo y por lo tanto no puedo tomar yo decisiones de este tipo, además de que no hay presupuesto para estar pagando este tipo de multas”, expuso.
Al externar sobre la multa interpuesta en su contra ante tribunales ésta “se mediatizó” de una manera incorrecta; “nunca se me notificó, esta información corrió de una manera muy informal hacia los medios de comunicación, tenemos todos los principios y la instrucción presidencial para actuar dentro de la ley y vamos a ser muy respetuosos de indicaciones y ordenanzas de los jueces, pero lo que puedo decir es que nunca se me notificó.
Comentó que todo el recurso que llega a la delegación es exclusivamente para la administración de la delegación y para el pago de becas del gobierno federal, que se hace a través de un tercero que es Bansefi o Telecom.
“Nosotros no administramos ningún tipo de recurso”, recalcó.
Cabe mencionar que a finales de abril, la oficina de Cobro Persuasivo y Garantías, de la Secretaría de Hacienda y Crédito, delegación Chihuahua, remitió un oficio dirigido a la delegación del Bienestar con el objeto de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta al “súper” delegado Juan Carlos Loera, en el cual solicita datos para “individualizar a la persona física”, para el cobro de 308 mil 040 pesos, debido al incumplimiento de pagos a guarderías amparadas.
En un primer oficio enviado por la SHCP desde el pasado 29 de abril se apercibía de una multa por el monto de 10 mil 268 pesos para cada una de las 30 guarderías que ganaron el juicio de amparo.
Se espera que el monto siga creciendo conforme se dictamine el fallo a favor de las 176 estancias amparadas, en días pasados se informó por parte de diputados federales que la multa asciende a 30 millones de pesos.
De incumplir con los pagos de la sanción, Loera de la Rosa podría recibir una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días e inhabilitación en un lapso de 3 a 9 años.
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