La Fiscalía General de la República informó sobre la incorporación de dos abogados de la familia LeBarón: los exprocuradores de Sonora y Baja California.
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En un comunicado de prensa, la FGR dio a conocer que Murrieta Gutiérrez, así como Antonio Martínez Luna, exprocurador de Justicia de Baja California, serán los abogados de las víctimas, pero también coadyuvarán en los trabajos con el Ministerio Público Federal, con el fin de que se vigile la transparencia del proceso.
"Se incorporaron los licenciados Antonio Martínez Luna y Abel Murrieta Gutiérrez, exprocuradores de Justicia de Baja California y Sonora, respectivamente, como representantes de las víctimas y coadyuvantes permanentes del Ministerio Público Federal (MPF), quienes actuarán en esa función para garantizar la absoluta transparencia en el procedimiento, tanto ante la representación social federal, como ante la autoridad Judicial Federal", cita el informe.
Esto después de la reunión que mantuvo el fiscal Alejandro Gertz Manero con los hermanos Adrián y Julián LeBarón, y con familiares Langford para informarles sobre los avances de la investigación.
Entre lo que se dio a conocer se encuentra la ratificación de tres órdenes de aprehensión cumplidas, cuatro personas arraigadas y 40 más consideradas como sospechosas del asesinato de 3 mujeres y 6 niños el pasado 4 de noviembre de 2019 en la comunidad de La Mora, en Bavispe, Sonora.
Además, en dicho comunicado, la FGR aseguró que por respeto y solidaridad a los familiares de las víctimas se les dejará de mencionar el apellido para proteger sus derechos y su dignidad.
"La Fiscalía General de la República (FGR), reitera su solidaridad y su respeto a los familiares de las víctimas y hace un llamado para que el caso se denomine en razón de la región en que ocurrieron los hechos, deslindando el apellido de las víctimas y así proteger sus derechos humanos y su dignidad", finalizan.
Abel Murrieta fue titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el sexenio del gobernador priista Eduardo Bours Castello (2003-2009), y es señalado por los padres de las víctimas de la Guardería ABC, ocurrida el 5 de junio de 2009, de alterar evidencias en las investigaciones del caso, por lo que forma parte de las denuncias penales presentadas por los abogados de los padres.
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