La madera que logran robar o talar de manera clandestina de la sierra del estado de Chihuahua los grupos del crimen organizado, identificados como el Cártel de Juárez a través de “La Línea” y el Cártel de Sinaloa mediante “Gente Nueva”, se comercializa en diferentes pequeños y grandes negocios de la industria mueblera, principalmente en municipios como Parral, Delicias, Chihuahua, Madera y Guerrero.
Según explican algunos de los propietarios de aserraderos de las zonas más peligrosas para el comercio de madera del estado, como Uruachi, Bocoyna y alrededores, los delincuentes del crimen organizado venden la madera robada o talada a costos accesibles a diferentes negocios quienes por esta razón se encuentran obligados a adquirirla.
Por cuestiones de seguridad, al tener en operación aserraderos en la Sierra Tarahumara, el comerciante decidió guardar el anonimato y explicó que existe hasta cuota para algunos trabajadores que desean ingresar al negocio, lo que ha desatado la disputa por el control de la madera en la sierra, como ha ocurrido en los últimos días.
Una familia es la encargada del control del narcotráfico y todas sus subactividades, identificada como “Manjarrez Alonso”, conocidos como los “H’s”, quienes tienen el dominio de robo de madera, combustible, narcóticos y diferentes actividades, que prácticamente son los dueños de la mayoría de los negocios de la sierra en Chihuahua.
Al servicio del Cártel de Sinaloa, el jefe de plaza es César Daniel, conocido por su afición a los caballos y las actividades al aire libre y es apodado “el H2”, líder del grupo y sus principales operadores son sus hermanos Homero Manjarrez Alonso, alias “el H7” y José Alfredo, alias “el Harry”.
A este grupo criminal se le acredita el robo de madera en los caminos que conducen a Bocoyna, Uruachi, Guerrero y otras partes de la sierra, donde su amplia estructura criminal se apodera de los ejemplares de la sierra para realizar su negocio, que pareciera deja más ingresos que la venta de droga en la zona serrana.
El dueño del aserradero explica que la población tiene plenamente identificado al “H2” como el responsable de la violencia en el lugar, pues nadie puede hacer nada en su contra, toda vez que no hay siquiera un departamento para poner una denuncia y en las únicas oficinas que existen les dicen que deben acudir a la capital del estado.
Con la falta de oportunidades para presentar alguna denuncia formal y con lo tardado que podría ser un proceso de investigación en contra de un líder criminal encargado del negocio de la madera, los afectados y ciudadanos que conocen el tema, deciden guardar silencio y prefieren seguir con su vida cotidiana.
Refiere que la seguridad en el lugar es escasa, pues además de ser muy extensa, no existen los elementos necesarios para cubrir o atender a los municipios más conflictivos que actualmente atraviesan por el robo y tala de árboles en la zona serrana con el fin de generar más ingresos de manera ilegal.
Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no ha realizado ninguna carpeta de investigación contra elementos del crimen organizado por temas relacionados con la tala clandestina o robo de madera en los municipios serranos del estado, pero en cambio sí ha asegurado principalmente carbón de madera.
De igual forma la Comisión Estatal de Seguridad (CES) es la encargada de destacamentar agentes en la zona, pero sólo han detenido personas sin permiso de talar y camiones que trasladan madera sin determinar su legítima procedencia, lo cual no se relaciona con las estructuras del crimen organizado.
El comisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, aseguró que han sido detenidos 14 sujetos relacionados a la tala clandestina en la zona occidente, sin embargo ninguno de ellos pertenece o dijo pertenecer a un grupo del crimen organizado, quienes presuntamente encabezan este mercado desde la tala hasta la venta.
La tala ilegal de madera es el delito contra los recursos naturales que deja un importante número de ganancias, el cual actualmente es aprovechado por el crimen organizado en Chihuahua y en lo que se conoce como el “Triángulo Dorado”, donde operan los principales cárteles de la droga del norte del país.
