Cuauhtémoc, Chih.- El diputado Omar Bazán informó que fueron procedentes los amparos por parte de ciudadanos de Cuauhtémoc, por los aumentos al agua potable, ya que el juez de distrito consideró ilegal el tabulador para el cobro del servicio, el cual, aseguró, fue elaborado “a modo”, por las juntas locales, sin contar con un consejo de administración bien definido.
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Cuauhtémoc se encuentra entre los 17 municipios que aplicaron tarifas de agua potable sin haber creado sus respectivos Consejos de Administración, entre cuyas funciones está el autorizar los derechos de cobro, las tarifas y sus modificaciones por la prestación de los servicios, y remitirlos al Consejo de la Junta Central para su aprobación.
Lo anterior quiere decir que se autorizaron tarifas de manera ilegal, explicó el vicepresidente del Congreso del Estado.
Desde meses atrás apoyamos la presentación de al menos un centenar de amparos, entre ellos unos 40 por parte de usuarios de ciudad Cuauhtémoc, añadió Omar Bazán.
Ya se están recibiendo los primeros resolutivos a favor de los demandandes y eso es una muy buena noticia para la economía familiar, además de que se exhibe un acto de plena omisión e ilegalidad.
El diputado Omar Bazán explicó que el 13 enero de este año, presentó ante el Congreso una iniciativa de punto de acuerdo para que los entes denominados Junta Central de Agua y Saneamiento; H. Ayuntamientos y las Juntas Municipales y Rurales de: Aquiles Serdán, Ascensión, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe, Hidalgo del Parral, Ignacio Zaragoza, López Mateos, Madera, Matamoros, Ricardo Flores Magón, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel y Villa López, informaran las razones por las que aún no constituyen los Consejos de Administración que establece el artículo 20 y derivados de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua.
Señaló que la pasada legislatura reformó varios artículos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua y entre ellos destacó que las juntas municipales tendrán un Consejo de Administración, cuyas facultades por importancia, es autorizar los derechos de cobro, las tarifas y sus modificaciones por la prestación de los servicios, y remitirlos al Consejo de la Junta Central para su aprobación.
La misma reforma estableció un plazo de 18 meses para la creación de los consejos de administración, lo cual debió ocurrir el 30 de junio de 2019.
Expiró el plazo, no se conformaron los Consejos de Administración y los entes operadores del servicio definieron un tabulador "a modo" y, peor aún, con altas tarifas para los usuarios.
Las juntas municipales le dieron la vuelta a la ley y no consideraron el sistema de tarifas previsto con autorizaciones y probaciones de diferentes niveles, que garantizan que en el suministro del servicio solo sea al costo de extracción, saneamiento y distribución.
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