La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a gobierno del Estado a que deje de realizar los actos propios del municipio de Buenaventura en cuánto al Comité Pro Obras de aquellla localidad.
Además advirtió que de continuar con la intromisión y desacato de la controversia constitucional presentada por la alcalde Miriam Caballero, serán acreedores de una multa que va de los 10 a los 180 salarios mínimos.
Cabe recordar que en noviembre la alcaldesa interpuso este recurso jurídico en contra del Poder Ejecutivo y que en diciembre la SCJN ordenó la suspensión del acto reclamado, ahora advierte que podrán ser acreedores de una sanción por haberla violado.
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