La Plaza de Armas, en el exterior de la Presidencia Municipal, fue el escenario en el que un padre aguardó la resolución de la votación del Cabildo de Chihuahua sobre el expediente con número R08/14, sobre la responsabilidad de la administración municipal, del evento que privó de la vida a su hija.
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Felipe Ponce, abogado de la familia, destacó que “Justicia retrasada, es justicia denegada”, y calificó como inexplicable que después de que cuatro años después de que se reconoció la responsabilidad sobre el hecho, que causó muertes y lesiones a alrededor de un centenar de personas, tuvieron que pasar más de tres años, para que se dictara la sentencia por parte del Ayuntamiento, y cuestionó, lo que en ese periodo ha hecho la autoridad por el hombre que perdió a su hija.
“Este asunto todavía no se acaba. Muchas personas pensarán que se había resuelto todo, pero no se había dado ninguna sentencia por parte de la Presidencia Municipal, en relación de las demandas de las víctimas para la reparación de daño integral, en un tema 100% municipal, independientemente de la causa penal en contra de los presuntamente responsables de los daños. Esto es de la responsabilidad municipal frente a las víctimas”, aseveró.
En ese sentido, mencionó que han transcurrido más de siete años y apenas va a salir la primera sentencia municipal; y que aunque ya se resolvió el caso de su representado, todavía quedan muchas personas a quienes no las han atendido, que no se les ha dado servicio médico, ni se les reembolsan los gastos. Simplemente no se les atiende, señaló.
“En el caso de la familia que ya se resolvió, estuvimos con ellos, con la familia en la Secretaría del Ayuntamiento para preguntar de su caso, de su expediente, que es el R08/14, el caso es sobre un papá que perdió a su hija y no se le ha dado su indemnización. Ya nos la darán a conocer y veremos el contenido para ver si estamos conformes o no con lo que hayan resuelto, más allá de la responsabilidad que ya habían asumido, desde que asumieron la recomendación de Derechos Humanos”, dijo Ponce.
El desafortunado siniestro ocurrió el 5 de octubre de 2013, cuando estaba en funciones como alcalde Marco Quezada Martínez. Luego entró como presidente municipal Javier Garfio Pacheco, que en un primer momento, no quiso admitir las demandas, y finalmente, las admitió. Por cuestiones electorales, solicitó licencia, y lo suplió Eugenio Baeza, quien no tuvo intervención en el caso.
Durante el tiempo en que estuvo al frente de dos administraciones María Eugenia Campos, tampoco se dictó sentencia, hasta hoy, en el periodo como suplente de María Angélica Granados Trespalacios, cuando se dicta la sentencia municipal.
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