Las entidades y municipios que requieran del apoyo de la Guardia Nacional para combatir los índices delictivos deberán cubrir proporcionalmente los costos de operación del nuevo cuerpo de seguridad nacional con recursos de su presupuesto, según lo establece el artículo 96 en el título sexto de la propuesta de la Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado de la República por el presidente Andrés Manuel López.
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