/ viernes 8 de octubre de 2021

Enfrentan habitantes de la Sierra Tarahumara violencia y desempleo

Un paraíso sin oportunidades asediado por grupos criminales y la siembra de estupefacientes, familias prefieren huir a vivir con temor

Entre plantíos de mariguana, violencia y falta de empleo se vive en la sierra tarahumara, un paraíso natural donde escasean las oportunidades; hecho que orilla a que las prácticas delictivas se mantengan presentes en la realidad de habitantes que en ocasiones tienen que salir de su lugar de origen ante las condiciones adversas que enfrentan, esto según lo relatado por “Petra Bustillos”, originaria de una comunidad de Balleza.

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La Sierra Tarahumara, representa uno de los principales fuentes de recursos en el estado de Chihuahua ya que abarca al menos 20 municipios del estado; con todo y eso también es de las zonas más vulnerables del país; hecho que se refleja en sus índices de violentos, que a su vez desemboca en que sus habitantes buscan abandonar el sitio.

“Petra Bustillos”, a quien se mencionara de esta forma ya que por temor a los hechos violentos que se viven en la zona decidió mantener su identidad reservada; informó que desde hace dos años partió de la comunidad de El Tigre municipio de Belleza por la falta de oportunidades que hay en la zona donde habita.

Sin muchas opciones para trabajar, más que la siembra de cultivos y no, no solo de maíz y frijol, también de estupefacientes como la marihuana, esto porque de alguna forma se deben de generar ingresos ante la falta de oportunidades que se vive.

Tan solo el último reporte del el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que la zona serrana tiene el mayor índice de rezago social en Chihuahua; más de 10 municipios presentan este problema, entre los que se Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza Batopilas, Urique, Morelos, Guazapares, Chínipas, Moris y Guerrero.

Sin muchas palabras, la persona que es originaria del sector, expresó parte de la realidad, donde si, el paraíso natural es innegable, pero las condiciones de vida son todo lo contrario. En un sector donde el crimen organizado ejerce control sobre algún sector que al no tener opciones termina yéndose “al camino fácil” como la misma entrevistada mencionó; hay dos opciones; quedarse a vivir la situación o partir de su lugar de origen.

Datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) señalan que solo en Guadalupe y Calvo han sido desplazadas más de 200 personas. Sumado a ello también hay información que expresa que la CEAVE tiene registro del desplazamiento forzado en 56 comunidades en los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi; donde se incluye el lugar de origen de la entrevistada.

Se le debe de añadir que de 2014 a la fecha al menos 23 familias de las comunidades de El Manzano en el municipio de Uruachi y Monterde, en el municipio de Guazapares, Chihuahua, han tenido que abandonar su vivienda para salvaguardar su integridad.

Se señala también que en las comunidades de El Manzano en Urique y Monterde en Guazapares se han solicitado hasta 20 amparos derivado de la omisión de las autoridades para garantizar sus derechos humanos.


Entre plantíos de mariguana, violencia y falta de empleo se vive en la sierra tarahumara, un paraíso natural donde escasean las oportunidades; hecho que orilla a que las prácticas delictivas se mantengan presentes en la realidad de habitantes que en ocasiones tienen que salir de su lugar de origen ante las condiciones adversas que enfrentan, esto según lo relatado por “Petra Bustillos”, originaria de una comunidad de Balleza.

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La Sierra Tarahumara, representa uno de los principales fuentes de recursos en el estado de Chihuahua ya que abarca al menos 20 municipios del estado; con todo y eso también es de las zonas más vulnerables del país; hecho que se refleja en sus índices de violentos, que a su vez desemboca en que sus habitantes buscan abandonar el sitio.

“Petra Bustillos”, a quien se mencionara de esta forma ya que por temor a los hechos violentos que se viven en la zona decidió mantener su identidad reservada; informó que desde hace dos años partió de la comunidad de El Tigre municipio de Belleza por la falta de oportunidades que hay en la zona donde habita.

Sin muchas opciones para trabajar, más que la siembra de cultivos y no, no solo de maíz y frijol, también de estupefacientes como la marihuana, esto porque de alguna forma se deben de generar ingresos ante la falta de oportunidades que se vive.

Tan solo el último reporte del el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que la zona serrana tiene el mayor índice de rezago social en Chihuahua; más de 10 municipios presentan este problema, entre los que se Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza Batopilas, Urique, Morelos, Guazapares, Chínipas, Moris y Guerrero.

Sin muchas palabras, la persona que es originaria del sector, expresó parte de la realidad, donde si, el paraíso natural es innegable, pero las condiciones de vida son todo lo contrario. En un sector donde el crimen organizado ejerce control sobre algún sector que al no tener opciones termina yéndose “al camino fácil” como la misma entrevistada mencionó; hay dos opciones; quedarse a vivir la situación o partir de su lugar de origen.

Datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) señalan que solo en Guadalupe y Calvo han sido desplazadas más de 200 personas. Sumado a ello también hay información que expresa que la CEAVE tiene registro del desplazamiento forzado en 56 comunidades en los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi; donde se incluye el lugar de origen de la entrevistada.

Se le debe de añadir que de 2014 a la fecha al menos 23 familias de las comunidades de El Manzano en el municipio de Uruachi y Monterde, en el municipio de Guazapares, Chihuahua, han tenido que abandonar su vivienda para salvaguardar su integridad.

Se señala también que en las comunidades de El Manzano en Urique y Monterde en Guazapares se han solicitado hasta 20 amparos derivado de la omisión de las autoridades para garantizar sus derechos humanos.


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