A nueve años de interponer demanda por fraude, el ciudadano Ildefonso Ontiveros continúa luchando contra la empresa Teléfonos de México con la esperanza de que le sean entregadas sus acciones que rondan en siete millones de pesos.
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De acuerdo con Ontiveros, quien laboró en Telmex de 1976 a 1982, los problemas con la compañía comenzaron cuando tramitó por primera vez un crédito Infonavit a fin de obtener un patrimonio para su familia: “Al poco tiempo comencé a darme cuenta que me descontaban de mi nómina más dinero del que fue acordado dentro del crédito. Mi sueldo dejó de alcanzarme y el interponer una serie de acciones, los jefes comenzaron a sabotearme para que renunciara”, explicó.
Ontiveros se vio en la necesidad de pagar su patrimonio fuera de la empresa de telefonía, sin embargo, el camino más largo en búsqueda de justicia laboral lo emprendería al momento de reclamar unas acciones que como empleado le fueron otorgadas al ingresar.
“Me dijeron que mis acciones ya habían sido firmadas, que ya habían sido entregadas, pero yo nunca, nunca, recibí absolutamente nada. En ese entonces rondaban en los 2 millones de pesos, pero ahora no bajan de los 7 millones”, indicó, y agregó que ése fue el comienzo de nueve años de lucha burocrática para que las autoridades estatales y federales tomaran cartas en el asunto, sin embargo, ninguna le ha respondido.
Comenzando por contratar a un abogado que terminó defraudándolo y “vendiéndose” a la empresa, hasta el punto de ocupar actualmente un alto puesto, hasta la negación por parte de las autoridades judiciales, estatales y federales, para resolver su caso. Pues aunque Ontiveros asegura contar con las pruebas necesarias para que el daño sea reparado, dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 26, el Supremo Tribunal de Justicia y la Fiscalía General de la República, nada ha sido suficiente.
Tras años de ser consciente de ser víctima de fraude, robo, humillaciones y desprestigios por parte de servidores públicos, el ciudadano Ontiveros busca llegar a un acuerdo de reparación de daños en saldos caídos, prejuicio a su patrimonio y el robo de sus acciones.
“Hubo trabajadores dentro de las distintas instancias que reconocieron ante mí la existencia de casos similares al mío al sur del país, casos que se resolvieron a favor de los demandantes gracias a las acciones de los servidores públicos en los departamentos de justicia. ¿Por qué aquí en Chihuahua se niegan a resolver mi situación, teniendo esos precedentes?”, reclamó.
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