Ayer el magistrado Jorge Ramírez entregó un documento a la Comisión Jurisdiccional en el que les solicita coadyuvar para llevar un procedimiento apegado a derecho, esto como insistencia a la recusación que presentó en contra de los diputados presidente y secretario de dicha Comisión, Georgina Bujanda y René Frías, respectivamente, al asegurar están impedidos para resolver su solicitud de declaración de procedencia, así como la violación al proceso que pueden ser considerados como delitos, esto es, enviarle un disco “en blanco” donde el MP no fundamenta los delitos que le imputan.
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La reiteración de la recusación hacia los dos diputados en mención quedó asentada en el expediente CJ/DP/001/2020, en la que el magistrado de la Primera Sala Penal del TJS insiste en la recusación que planteó en contra de Bujanda y Frías por la que propuso nuevas hipótesis de impedimento, por conflicto de interés.
En el documento de coadyuvancia que también obra en el expediente referido y que va dirigido a la Comisión Jurisdiccional, el magistrado reitera que “se debe seguir el trámite previo y especial pronunciamiento, con suspensión en lo principal hasta que no se resuelvan los mismos… se tome en consideración que el fiscal agregó un disco que no contiene en forma alguna, los datos en que fundamentan su exposición so pena, no sólo de vulnerar el debido proceso al violentar formalidades esenciales del procedimiento, sino de incurrir en hechos que pueden ser considerados como delitos… sin perjuicio de los delitos constitucionales en que incurran”.
Además en ambos documentos el jurista refiere: “la solicitud de declaración de procedencia presentada en mi contra, y el posterior proceso, no tienen sustento alguno, porque es mentira que me he enriquecido de modo inexplicable, y se trata de una fabricación más para separarme indebidamente del cargo, amedrentando así a los demás juzgadores, en el contexto de violaciones flagrantes y gravísimas a la Constitución federal, porque además pretenden eliminar examinar hechos supuestamente sucedidos antes de la expedición de la ley respetiva por una instancia constituida extemporáneamente, cuyos integrantes tienen conflictos de intereses”.
Continúa: “Asimismo, de modo contrario a Derecho, se ocultaron deliberadamente los registros exactos de la ficticia investigación, a efectos de impedir que conociese la totalidad de los datos recabados y pudiese exhibir la ilicitud de su aparente obtención”.
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