/ martes 29 de junio de 2021

Pierde Chihuahua 2 mil 500 millones de pesos al año del producto bruto forestal

Reveló Gustavo Alonso Heredia, encargado de Despacho de la Delegación Chihuahua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

La producción forestal legal tiene un valor de 2 mil 500 millones de pesos al año, que equivale a solo el 50% de la madera que se produce en la Sierra Tarahumara, ya que una cantidad igual, se vende como madera lavada producto de la tala clandestina, con su correspondiente evasión fiscal dentro del mercado ilegal, informó Gustavo Alonso Heredia, encargado de Despacho de la Delegación Chihuahua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Así lo expresó durante la audiencia pública en el marco de la Ley de Participación Ciudadana, sobre el medio ambiente para abordar el tema de la tala clandestina en la Sierra Tarahumara, que se solicitó a partir del Foro del Medio Ambiente, Aquí Estamos.

En el ejercicio promovido por organizaciones de la sociedad civil y moderado por el Instituto Estatal Electoral, en el cuarto tema, sobre la petición de una investigación exhaustiva de la trazabilidad de la cadena que interviene en la tala desmedida e inmoderada en la Sierra Tarahumara, Juan Jaime Loera, de Consultoría Técnica Comunitaria, preguntó si existen mecanismos de trazabilidad en el estado de Chihuahua? Y de no ser así, ¿porque no existen?, y si existe algún tipo de proceso que se pueda comparar, ¿por qué no es licitada y de libre consulta pública? Y solicitó el compromiso público para establecer y transparentar ejercicios de trazabilidad, con actores intersectorial, sociedad civil, comunidades indígenas, a través de una investigación exhaustiva.

En la ronda de respuestas, Gustavo Alonso Heredia, encargado de Despacho de la Delegación Chihuahua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó el proceso de la tala legal y de la ilegal, que inicia desde los aprovechamientos de silvicultura, y que en el peor de los casos, inicia con el delito de robo a los propietarios de los terrenos donde está la madera para talarla con fines de comercializarla.

“La producción forestal tiene un valor de 2 mil 500 millones de pesos al año, del cual solo se considera que es el 50% del total, y la otra mitad se comercializa como madera lavada, con su correspondiente evasión fiscal dentro del mercado ilegal”, informó.

Los aserraderos no emiten facturan usan la remisión forestal para comprobar la compra de la madera, la trocería va a un centro de almacenamiento, transformación de la madera, a partir de ahí, se ofrece un rembarque forestal, con facturas formales. La tala ilegal es un robo de productos al ejido o al propietario, enseguida, transporte ilegal de recursos forestales, que es un delito ambiental. Otro problema es el robo de documentos oficiales, para documentar la madera ilegal.

Al final de cuentas, esta cadena ilegal tiene consecuencias como devastación, afectaciones a economía, migración, inseguridad, afectaciones a derechos humanos. La conclusión es un mercado ilegal, evasión fiscal, extorsión, amenazas, asesinatos, entre otros delitos.

“Las denuncias están siendo calladas, por temor, por inseguridad, muchas de las cosas de las mesas de seguridad no las damos a conocer por temor a extorsión, amenazas, que también sufren los funcionarios”, expresó.

El delegado de Semarnat en Chihuahua instó a que los delitos ambientales realmente sean vinculados, y no nada más se agarre a un transportista ilegal, al que solo se cobra una multa, y no se da con el origen de la madera ilegal.

En la intervención a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Juan Carlos Segura, señaló que han ubicado municipios donde se está dando la tala ilegal: en Bocoyna, Ocampo, Guerrero y Guachochi.

También que hay amenazas por los grupos de delincuencia de comprar la madera ilegal a base de amenazas, con rutas de transporte, en San Juanito, Tomochi, Guachochi, y en la ciudad de Cuauhtémoc, Parral, Juárez, Santa Bárbara, inclusive, en Chihuahua que es donde se encuentran los centros madereros en el estado.

Entre las acciones realizadas, se ha brindado capacitación en material forestal de documentación a elementos de la Guardia Nacional, Comisión Estatal de Seguridad, Fiscalías del Estado y de la República, se da in situ, donde se encuentran destacamentadas; y se busca la trazabilidad en casetas de la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la Dirección de Desarrollo Forestal.

“Somos coadyuvantes de ministerios públicos de la federación y del fuero común. Para inhibir la tala se hacen operativos al interior de los municipios con esta problemática, garantizando en todo momento el respeto de los derechos humanos”, aseguró.

Por parte de la Comisión Nacional Forestal, el titular de Promotoría de Desarrollo Forestal, Manuel Chávez Díaz, luego de compartir las acciones para inhibir la tala ilegal, mencionó que la ilegalidad en la tala no es exclusiva de grupos organizados que lavan madera, sino que sucede en distintas modalidades, muy tradicionales, desde cortar árboles para construir cercos o cabañas, o sí, de tala clandestina, pero no de grupos armados, sino que la misma gente en sus regiones también provoca estos fenómenos.

“Se está trabajando en identificar donde esta porque hay distintos actores donde están participando. México sigue siendo deficitario en proveer madera a los usuarios de este país, y una gran cantidad de madera es de procedencia dudosa (previamente se mencionó que se estima el 50%). La Conafor trabaja en distintas formas para formar parte de este modelo de trazabilidad. Si hay quien compra madera robada va a seguir sucediendo este fenómeno”, aseveró.

En su intervención el director de Desarrollo Forestal de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Refugio Luna presentó los resultados de las acciones desde el estado, en los que se han realizado 74 operativos en coordinación con Profepa, 188 inspecciones de transporte y a 132 centros de almacenamiento, se han clausurado 18 centros de almacenamiento y transformación y hay seis en proceso. También se han efectuado 780 mil inspecciones a camiones desde las casetas. Y la impartición de 20 capacitaciones en coordinación con Profepa y Semarnat a elementos de seguridad, con participación de 618 agentes, entre estatales y federales.

Al replicar el representante de Contec, solicitó generar un compromiso público con las autoridades para establecer los mecanismos eficientes y efectivos de trazabilidad que con un equipo intersectorial, con autoridades relacionadas con la tala ilegal, y ver los asuntos pendientes que quedan por establecerse.

El moderador, Horacio Almanza, reconoció que el problema les desborda y es preciso dar pasos adicionales y se les invitó a que a través del diálogo se puedan hacer mayores conexiones, con sociedad civil y comunidades indígenas y en ese medida les dejó la pregunta sobre la mesa si hay posibilidades, si hay acuerdo para dirigirse a una estrategia única en que haya participación de la sociedad civil.

En la audiencia también se abordaron los temas de coordinación institucional, por Diana Villalobos de Contec; compromisos en la operatividad, en el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal en un marco de autodeterminación de los pueblos sobre sus recursos, de Citlali Quintana del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, y la propuesta de que se elaboren y publiquen mapas de uso de suelo y territorios forestales de la sierra tarahumara para que se visualicen los lugares donde hay tala ilegal, por Red Serrana, en voz de Paul Navarro Durán.



La producción forestal legal tiene un valor de 2 mil 500 millones de pesos al año, que equivale a solo el 50% de la madera que se produce en la Sierra Tarahumara, ya que una cantidad igual, se vende como madera lavada producto de la tala clandestina, con su correspondiente evasión fiscal dentro del mercado ilegal, informó Gustavo Alonso Heredia, encargado de Despacho de la Delegación Chihuahua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Así lo expresó durante la audiencia pública en el marco de la Ley de Participación Ciudadana, sobre el medio ambiente para abordar el tema de la tala clandestina en la Sierra Tarahumara, que se solicitó a partir del Foro del Medio Ambiente, Aquí Estamos.

En el ejercicio promovido por organizaciones de la sociedad civil y moderado por el Instituto Estatal Electoral, en el cuarto tema, sobre la petición de una investigación exhaustiva de la trazabilidad de la cadena que interviene en la tala desmedida e inmoderada en la Sierra Tarahumara, Juan Jaime Loera, de Consultoría Técnica Comunitaria, preguntó si existen mecanismos de trazabilidad en el estado de Chihuahua? Y de no ser así, ¿porque no existen?, y si existe algún tipo de proceso que se pueda comparar, ¿por qué no es licitada y de libre consulta pública? Y solicitó el compromiso público para establecer y transparentar ejercicios de trazabilidad, con actores intersectorial, sociedad civil, comunidades indígenas, a través de una investigación exhaustiva.

En la ronda de respuestas, Gustavo Alonso Heredia, encargado de Despacho de la Delegación Chihuahua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó el proceso de la tala legal y de la ilegal, que inicia desde los aprovechamientos de silvicultura, y que en el peor de los casos, inicia con el delito de robo a los propietarios de los terrenos donde está la madera para talarla con fines de comercializarla.

“La producción forestal tiene un valor de 2 mil 500 millones de pesos al año, del cual solo se considera que es el 50% del total, y la otra mitad se comercializa como madera lavada, con su correspondiente evasión fiscal dentro del mercado ilegal”, informó.

Los aserraderos no emiten facturan usan la remisión forestal para comprobar la compra de la madera, la trocería va a un centro de almacenamiento, transformación de la madera, a partir de ahí, se ofrece un rembarque forestal, con facturas formales. La tala ilegal es un robo de productos al ejido o al propietario, enseguida, transporte ilegal de recursos forestales, que es un delito ambiental. Otro problema es el robo de documentos oficiales, para documentar la madera ilegal.

Al final de cuentas, esta cadena ilegal tiene consecuencias como devastación, afectaciones a economía, migración, inseguridad, afectaciones a derechos humanos. La conclusión es un mercado ilegal, evasión fiscal, extorsión, amenazas, asesinatos, entre otros delitos.

“Las denuncias están siendo calladas, por temor, por inseguridad, muchas de las cosas de las mesas de seguridad no las damos a conocer por temor a extorsión, amenazas, que también sufren los funcionarios”, expresó.

El delegado de Semarnat en Chihuahua instó a que los delitos ambientales realmente sean vinculados, y no nada más se agarre a un transportista ilegal, al que solo se cobra una multa, y no se da con el origen de la madera ilegal.

En la intervención a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Juan Carlos Segura, señaló que han ubicado municipios donde se está dando la tala ilegal: en Bocoyna, Ocampo, Guerrero y Guachochi.

También que hay amenazas por los grupos de delincuencia de comprar la madera ilegal a base de amenazas, con rutas de transporte, en San Juanito, Tomochi, Guachochi, y en la ciudad de Cuauhtémoc, Parral, Juárez, Santa Bárbara, inclusive, en Chihuahua que es donde se encuentran los centros madereros en el estado.

Entre las acciones realizadas, se ha brindado capacitación en material forestal de documentación a elementos de la Guardia Nacional, Comisión Estatal de Seguridad, Fiscalías del Estado y de la República, se da in situ, donde se encuentran destacamentadas; y se busca la trazabilidad en casetas de la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la Dirección de Desarrollo Forestal.

“Somos coadyuvantes de ministerios públicos de la federación y del fuero común. Para inhibir la tala se hacen operativos al interior de los municipios con esta problemática, garantizando en todo momento el respeto de los derechos humanos”, aseguró.

Por parte de la Comisión Nacional Forestal, el titular de Promotoría de Desarrollo Forestal, Manuel Chávez Díaz, luego de compartir las acciones para inhibir la tala ilegal, mencionó que la ilegalidad en la tala no es exclusiva de grupos organizados que lavan madera, sino que sucede en distintas modalidades, muy tradicionales, desde cortar árboles para construir cercos o cabañas, o sí, de tala clandestina, pero no de grupos armados, sino que la misma gente en sus regiones también provoca estos fenómenos.

“Se está trabajando en identificar donde esta porque hay distintos actores donde están participando. México sigue siendo deficitario en proveer madera a los usuarios de este país, y una gran cantidad de madera es de procedencia dudosa (previamente se mencionó que se estima el 50%). La Conafor trabaja en distintas formas para formar parte de este modelo de trazabilidad. Si hay quien compra madera robada va a seguir sucediendo este fenómeno”, aseveró.

En su intervención el director de Desarrollo Forestal de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Refugio Luna presentó los resultados de las acciones desde el estado, en los que se han realizado 74 operativos en coordinación con Profepa, 188 inspecciones de transporte y a 132 centros de almacenamiento, se han clausurado 18 centros de almacenamiento y transformación y hay seis en proceso. También se han efectuado 780 mil inspecciones a camiones desde las casetas. Y la impartición de 20 capacitaciones en coordinación con Profepa y Semarnat a elementos de seguridad, con participación de 618 agentes, entre estatales y federales.

Al replicar el representante de Contec, solicitó generar un compromiso público con las autoridades para establecer los mecanismos eficientes y efectivos de trazabilidad que con un equipo intersectorial, con autoridades relacionadas con la tala ilegal, y ver los asuntos pendientes que quedan por establecerse.

El moderador, Horacio Almanza, reconoció que el problema les desborda y es preciso dar pasos adicionales y se les invitó a que a través del diálogo se puedan hacer mayores conexiones, con sociedad civil y comunidades indígenas y en ese medida les dejó la pregunta sobre la mesa si hay posibilidades, si hay acuerdo para dirigirse a una estrategia única en que haya participación de la sociedad civil.

En la audiencia también se abordaron los temas de coordinación institucional, por Diana Villalobos de Contec; compromisos en la operatividad, en el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal en un marco de autodeterminación de los pueblos sobre sus recursos, de Citlali Quintana del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, y la propuesta de que se elaboren y publiquen mapas de uso de suelo y territorios forestales de la sierra tarahumara para que se visualicen los lugares donde hay tala ilegal, por Red Serrana, en voz de Paul Navarro Durán.



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