/ jueves 27 de junio de 2019

Plantean eliminar los consejos de judicaturas

Se estima que la fórmula para fortalecer a los poderes judiciales locales

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, propuso eliminar los consejos de la judicatura locales, pues afirma conllevan un gasto de recursos presupuestales oneroso, fabrican una alta burocracia y fomentan los cotos de poder; no dejó de mencionar que los integrantes de los consejos prácticamente son impulsados por el Ejecutivo local en su proceso de nombramiento.

Respecto al tema, el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, refirió que de prosperar esta iniciativa se enfrentarían a dos problemas constitucionales: sería una reforma que afecte para la siguiente conformación de consejos, mas no se puede dar de manera retroactiva, y la segunda, atentan contra la soberanía de los estados, asimismo lamentó las nuevas disposiciones del gobierno federal de eliminar de un “plumazo” las instituciones.

La iniciativa con carácter de decreto pretende reformar los artículos 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de México en materia de Poderes Judiciales locales, donde se propone que el 122 quede: “La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia en los términos que al efecto establezca la ley, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos”.

Además en el documento legislativo se lee que “Debe considerarse que la instauración de Consejos de la Judicatura Locales conlleva un gasto de recursos presupuestales oneroso, además de fabricar una alta burocracia, la que en ocasiones, es la que políticamente tiene mayor influencia en los órganos jurisdiccionales sobre todo por los temas de su competencia como son la administración, vigilancia, disciplina, adscripciones, creación de nuevos órganos, etc., lo que debilita la institución del pleno del Tribunal Superior de Justicia y fomenta los cotos de poder en el único órgano que administra los recursos financieros”.

Por su parte el consejero Sotelo Mesta refirió que eliminar a las instituciones no es la solución del problema, sin negar que existan problemas al interior del CJE, “lo vivimos en carne propia en los consejos, no creo que esa (eliminar) sea la solución, es un problema ciertamente complejo el de la corrupción en los consejos locales y de esto tampoco está exenta la Federación, y no creo que sea la manera de resolver”.

“Al final del día el trabajo que desempeñan los consejos de la Judicatura alguien lo tiene que desempeñar, que anteriormente lo hacían los mismos plenos de los tribunales superiores sería regresarle una carga administrativa a entes eminentemente jurisdiccionales”, refirió el consejero, en tanto el presidente del CJE, Pablo Héctor Gonzales, no emitió postura al respecto.

Se estima –refiere la iniciativa- que la fórmula para fortalecer a los poderes judiciales locales debe pasar necesariamente por el fortalecimiento de los plenos de los tribunales superiores de Justicia de las entidades federativas, mejores mecanismos de nombramiento y permanencia de sus integrantes, autonomía presupuestal, bases sólidas de la carrera judicial y todas aquellas acciones que vengan a contribuir con el fortalecimiento de su independencia frente a los demás poderes de la entidad, particularmente del Poder Ejecutivo.

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Respecto al tema, el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, refirió que de prosperar esta iniciativa se enfrentarían a dos problemas constitucionales: sería una reforma que afecte para la siguiente conformación de consejos, mas no se puede dar de manera retroactiva, y la segunda, atentan contra la soberanía de los estados, asimismo lamentó las nuevas disposiciones del gobierno federal de eliminar de un “plumazo” las instituciones.

La iniciativa con carácter de decreto pretende reformar los artículos 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de México en materia de Poderes Judiciales locales, donde se propone que el 122 quede: “La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia en los términos que al efecto establezca la ley, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos”.

Además en el documento legislativo se lee que “Debe considerarse que la instauración de Consejos de la Judicatura Locales conlleva un gasto de recursos presupuestales oneroso, además de fabricar una alta burocracia, la que en ocasiones, es la que políticamente tiene mayor influencia en los órganos jurisdiccionales sobre todo por los temas de su competencia como son la administración, vigilancia, disciplina, adscripciones, creación de nuevos órganos, etc., lo que debilita la institución del pleno del Tribunal Superior de Justicia y fomenta los cotos de poder en el único órgano que administra los recursos financieros”.

Por su parte el consejero Sotelo Mesta refirió que eliminar a las instituciones no es la solución del problema, sin negar que existan problemas al interior del CJE, “lo vivimos en carne propia en los consejos, no creo que esa (eliminar) sea la solución, es un problema ciertamente complejo el de la corrupción en los consejos locales y de esto tampoco está exenta la Federación, y no creo que sea la manera de resolver”.

“Al final del día el trabajo que desempeñan los consejos de la Judicatura alguien lo tiene que desempeñar, que anteriormente lo hacían los mismos plenos de los tribunales superiores sería regresarle una carga administrativa a entes eminentemente jurisdiccionales”, refirió el consejero, en tanto el presidente del CJE, Pablo Héctor Gonzales, no emitió postura al respecto.

Se estima –refiere la iniciativa- que la fórmula para fortalecer a los poderes judiciales locales debe pasar necesariamente por el fortalecimiento de los plenos de los tribunales superiores de Justicia de las entidades federativas, mejores mecanismos de nombramiento y permanencia de sus integrantes, autonomía presupuestal, bases sólidas de la carrera judicial y todas aquellas acciones que vengan a contribuir con el fortalecimiento de su independencia frente a los demás poderes de la entidad, particularmente del Poder Ejecutivo.

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