/ martes 23 de febrero de 2021

Posibles denuncias penales en 9 municipios por irregularidades: ASE

Nueve municipios podrían recibir denuncias penales por observaciones de la ASE

Por lo menos nueve municipios del estado podrían recibir denuncias penales por 15 observaciones en las cuentas públicas del año 2019, esto de acuerdo al informe general de fiscalización superior de la cuenta pública, que realizó la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.

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Se trata de los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, Guachochi, Meoqui, Manuel Benavides, Madera, Belisario Domínguez, Chínipas y Bocoyna, los que recibieron observaciones que podrían ser constitutivas de delitos contemplados en el Código Penal del Estado y que se resguardan en el área de investigaciones de la Auditoría Superior.

De acuerdo a la información del organismo fiscalizador, el Municipio de Juárez podría recibir una sanción penal por las observaciones 11 y 12 de la cuenta pública del 2019, que corresponde a “contrataciones improcedentes de los servicios de devolución por ISR”, toda vez que este tipo de devolución se realiza de forma gratuita a todos los ayuntamientos.

La Auditoría refiere que el Municipio de Juárez entregó 2 millones 923 mil pesos, para recuperar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la empresa Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C., que a pesar de recibir el recurso “no cuenta con evidencia del trabajo” ya que esta devolución se realiza por ley de forma gratuita.

En el caso del Municipio de Cuauhtémoc, existen tres observaciones que podrían ser constitutivas de un delito, siendo éstas identificadas como las observaciones 10, 14, 15 de la cuenta pública del 2019, por lo cual la Auditoría Superior del Estado realizó una denuncia de los hechos para que la Coordinación de Investigaciones II tenga conocimiento de las observaciones e investigue.

Dentro del Municipio de Cuauhtémoc, la ASE encontró “facturas apócrifas que corresponden al mismo folio fiscal emitido a un tercero”, lo cual es por un monto de 114 mil 109 pesos que se entregaron en cinco ocasiones durante los meses de abril y mayo del año 2019 en la Dirección de Desarrollo Social.

“Dentro de los procedimientos de compulsa y validación de facturas en el portal del SAT, efectuados para la revisión de las operaciones registradas, se encontraron inconsistencias por 114 mil 109 pesos, en la revisión a este proveedor”, refiere la observación.

De igual forma tiene una investigación ante la Auditoría por el pago improcedente para no realizar solicitudes o trámites para la recuperación del ISR y por lo cual erogó 2 millones 632 mil 937 pesos a favor de Arturo Díaz Zamudio, quien no demostró trabajo alguno, además de que no es necesario ningún procedimiento para regresar este impuesto que se hace de forma anual y gratuita.

En el Municipio de Bocoyna, en la observación número 6, identificaron que la persona Beatriz Élida Cortinas Cano recibía un sueldo del Ayuntamiento, cuando se encontraba al mismo tiempo como empleada del Congreso del Estado, recibiendo así 224 mil 697 pesos, sin cumplir con sus actividades como servidora de dicho Municipio.

“Se realizaron pagos por concepto de sueldo y gratificación anual a Beatriz Cortinas, quien ocupó el puesto de enlace hasta el 31 de octubre de 2019, percibiendo durante el periodo auditado la cantidad de 224 mil 697 pesos, cuando formaba parte del Congreso del Estado”, destacó la Auditoría Superior del Estado.

En el caso del Municipio de Guachochi, los auditores detectaron contratación improcedente para la devolución del Impuesto Sobre la Renta, por lo cual entregaron un millón 272 mil 578 pesos, pero los auditores no localizaron evidencia del trabajo realizado por la empresa “Consultoría Fiscal y Gubernamental y Bouret S.C.”.

El Municipio de Madera tiene la observación 39, donde detectaron “préstamos personales sin una justificación normativa para hacerlo por un monto de 325 mil 500 pesos, sin que exista instrumento legal que los autorice de manera expresa y apegados en lineamientos, directrices, estrategias y metas”, además de que no se ha logrado su recuperación.

Dentro de Belisario Domínguez, la Auditoría Superior detectó pagos a proveedores sin contrato, entregando 321 mil 306 pesos a diez personas para que llevaran a cabo la recuperación del ISR, a pesar de no ser necesario que se realice solicitud o trámite adicional alguno por parte de los entes públicos.

El Municipio de Manuel Benavides entregó 343 mil 634 pesos a Manuel Servando Salcido Treviño para realizar labores de recuperación del ISR en el Ayuntamiento, lo cual la auditoría califica como un pago injustificable, ya que esta devolución se realiza de forma gratuita y sin necesidad de algún trámite.

La Auditoría Superior también detectó en el Municipio de Meoqui labores para recuperar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo cual entregó 926 mil 014 pesos a Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C., lo cual no es necesario, toda vez que es un trámite que se realiza de forma gratuita.

En el Municipio de Nuevo Casas Grandes se detectaron préstamos personales indebidos, toda vez que el recurso público tiene la finalidad de satisfacer las necesidades que exijan en el desarrollo del municipio y no en el uso personal.

“Saldos por un total de 97 mil 184 pesos que se originan por concepto de préstamo personales, de los cuales, 31 mil 500 se realizaron en el ejercicio sujeto a revisión, y el importe de 65 mil 684 pesos se efectuó en el año 2018 o anteriores, sin que hayan presentado los convenios o contratos celebrado entre los deudores y el Municipio, en los cuales se especifiquen plazos, motivos para su otorgamiento y autorización legal, considerando además que el recurso público no tiene la finalidad de utilizarse para préstamos personales, sino de administrarse con la finalidad de satisfacer las necesidades que exija el desarrollo del estado y por ende del municipio”, refiere.

Todas las 15 observaciones se entregarán a la Coordinación de Investigaciones II de esta Auditoría Superior del Estado, para tenga conocimiento de la presente Observación y, en su caso, presente la denuncia ante la autoridad competente, para que se realice la investigación por la posible comisión de hechos delictivos a los servidores públicos.

Por lo menos nueve municipios del estado podrían recibir denuncias penales por 15 observaciones en las cuentas públicas del año 2019, esto de acuerdo al informe general de fiscalización superior de la cuenta pública, que realizó la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.

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Se trata de los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, Guachochi, Meoqui, Manuel Benavides, Madera, Belisario Domínguez, Chínipas y Bocoyna, los que recibieron observaciones que podrían ser constitutivas de delitos contemplados en el Código Penal del Estado y que se resguardan en el área de investigaciones de la Auditoría Superior.

De acuerdo a la información del organismo fiscalizador, el Municipio de Juárez podría recibir una sanción penal por las observaciones 11 y 12 de la cuenta pública del 2019, que corresponde a “contrataciones improcedentes de los servicios de devolución por ISR”, toda vez que este tipo de devolución se realiza de forma gratuita a todos los ayuntamientos.

La Auditoría refiere que el Municipio de Juárez entregó 2 millones 923 mil pesos, para recuperar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la empresa Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C., que a pesar de recibir el recurso “no cuenta con evidencia del trabajo” ya que esta devolución se realiza por ley de forma gratuita.

En el caso del Municipio de Cuauhtémoc, existen tres observaciones que podrían ser constitutivas de un delito, siendo éstas identificadas como las observaciones 10, 14, 15 de la cuenta pública del 2019, por lo cual la Auditoría Superior del Estado realizó una denuncia de los hechos para que la Coordinación de Investigaciones II tenga conocimiento de las observaciones e investigue.

Dentro del Municipio de Cuauhtémoc, la ASE encontró “facturas apócrifas que corresponden al mismo folio fiscal emitido a un tercero”, lo cual es por un monto de 114 mil 109 pesos que se entregaron en cinco ocasiones durante los meses de abril y mayo del año 2019 en la Dirección de Desarrollo Social.

“Dentro de los procedimientos de compulsa y validación de facturas en el portal del SAT, efectuados para la revisión de las operaciones registradas, se encontraron inconsistencias por 114 mil 109 pesos, en la revisión a este proveedor”, refiere la observación.

De igual forma tiene una investigación ante la Auditoría por el pago improcedente para no realizar solicitudes o trámites para la recuperación del ISR y por lo cual erogó 2 millones 632 mil 937 pesos a favor de Arturo Díaz Zamudio, quien no demostró trabajo alguno, además de que no es necesario ningún procedimiento para regresar este impuesto que se hace de forma anual y gratuita.

En el Municipio de Bocoyna, en la observación número 6, identificaron que la persona Beatriz Élida Cortinas Cano recibía un sueldo del Ayuntamiento, cuando se encontraba al mismo tiempo como empleada del Congreso del Estado, recibiendo así 224 mil 697 pesos, sin cumplir con sus actividades como servidora de dicho Municipio.

“Se realizaron pagos por concepto de sueldo y gratificación anual a Beatriz Cortinas, quien ocupó el puesto de enlace hasta el 31 de octubre de 2019, percibiendo durante el periodo auditado la cantidad de 224 mil 697 pesos, cuando formaba parte del Congreso del Estado”, destacó la Auditoría Superior del Estado.

En el caso del Municipio de Guachochi, los auditores detectaron contratación improcedente para la devolución del Impuesto Sobre la Renta, por lo cual entregaron un millón 272 mil 578 pesos, pero los auditores no localizaron evidencia del trabajo realizado por la empresa “Consultoría Fiscal y Gubernamental y Bouret S.C.”.

El Municipio de Madera tiene la observación 39, donde detectaron “préstamos personales sin una justificación normativa para hacerlo por un monto de 325 mil 500 pesos, sin que exista instrumento legal que los autorice de manera expresa y apegados en lineamientos, directrices, estrategias y metas”, además de que no se ha logrado su recuperación.

Dentro de Belisario Domínguez, la Auditoría Superior detectó pagos a proveedores sin contrato, entregando 321 mil 306 pesos a diez personas para que llevaran a cabo la recuperación del ISR, a pesar de no ser necesario que se realice solicitud o trámite adicional alguno por parte de los entes públicos.

El Municipio de Manuel Benavides entregó 343 mil 634 pesos a Manuel Servando Salcido Treviño para realizar labores de recuperación del ISR en el Ayuntamiento, lo cual la auditoría califica como un pago injustificable, ya que esta devolución se realiza de forma gratuita y sin necesidad de algún trámite.

La Auditoría Superior también detectó en el Municipio de Meoqui labores para recuperar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo cual entregó 926 mil 014 pesos a Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C., lo cual no es necesario, toda vez que es un trámite que se realiza de forma gratuita.

En el Municipio de Nuevo Casas Grandes se detectaron préstamos personales indebidos, toda vez que el recurso público tiene la finalidad de satisfacer las necesidades que exijan en el desarrollo del municipio y no en el uso personal.

“Saldos por un total de 97 mil 184 pesos que se originan por concepto de préstamo personales, de los cuales, 31 mil 500 se realizaron en el ejercicio sujeto a revisión, y el importe de 65 mil 684 pesos se efectuó en el año 2018 o anteriores, sin que hayan presentado los convenios o contratos celebrado entre los deudores y el Municipio, en los cuales se especifiquen plazos, motivos para su otorgamiento y autorización legal, considerando además que el recurso público no tiene la finalidad de utilizarse para préstamos personales, sino de administrarse con la finalidad de satisfacer las necesidades que exija el desarrollo del estado y por ende del municipio”, refiere.

Todas las 15 observaciones se entregarán a la Coordinación de Investigaciones II de esta Auditoría Superior del Estado, para tenga conocimiento de la presente Observación y, en su caso, presente la denuncia ante la autoridad competente, para que se realice la investigación por la posible comisión de hechos delictivos a los servidores públicos.

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