/ miércoles 13 de febrero de 2019

Procesarán a tránsitos que protegieron a Carlos Borruel Jr

Por su parte Carlos Borruel dijo que se fugó del lugar para evitar que el percance se mediatizara

El juez de Control Carlos Flores Morales vinculó a proceso a los exagentes de la Policía Vial, Kenny Raúl N.A. y Froylán A.A. por el delito de ejercicio ilegal de servicio público y delitos contra la procuración de justicia, luego de que el ministerio público lograra acreditar los delitos en los imputados, quienes colaboraron en la simulación y falsificación de documentos oficiales para que el joven Carlos Borruel Macías evadiera la responsabilidad del accidente registrado el 28 de abril del año pasado.

Bajo la causa penal 3057/2018, los exagentes de Vialidad son señalados por encubrir y falsificar documentos oficiales para beneficiar al hijo de un funcionario del Gobierno del Estado, con la finalidad de que cobrara el seguro de otro vehículo para que repararan su deportivo de más de 3 millones de pesos.

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Los agentes de Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado lograron acreditar la participación de los agentes la noche y madrugada del 28 de abril, donde arribaron y obedecieron órdenes de darle la “atención” al joven que había protagonizado un aparatoso accidente a bordo de un McLaren de color rojo.

A través de más de 20 entrevistas a elementos de Vialidad, agentes de la Policía Municipal, testigos, representantes de aseguradoras y con los propios conductores e involucrados en el accidente, el ministerio público notó una serie de contradicciones entre los dichos, principalmente entre los conductores responsables de los hechos.

Según Raúl Pedro Rodríguez Guerra, quien emitió su declaración ante la Fiscalía General del Estado y luego de conducir la Ford Raptor, dijo que no conocía al joven, que había consumido algunas bebidas alcohólicas y que por distraerse en el celular, chocó al deportivo y por lo cual aceptaba la responsabilidad del siniestro.

Mientras que Luis Alberto Reyes León, quien dijo conducir el vehículo McLaren, propiedad de Carlos Borruel, afirmó que él era el piloto de la unidad y que había tomado el control del volante, luego de que su amigo había ingerido algunas bebidas embriagantes.

Dentro de la declaración ante la Fiscalía General del Estado, aceptó que había tomado algunas copas y que el accidente surgió cuando ambos jugaban carreras sobre el periférico de la Juventud, lo que contradice una versión de la otra, pero ambos coinciden que se dirigían a un antro denominado “Clásico”.


Por su parte Carlos Borruel dijo que se fugó del lugar para evitar que el percance se mediatizara y que esto lo utilizaran como un tipo de giro político, por lo que decidió escapar del lugar a bordo de un vehículo negro, según rindió en su declaración ante las autoridades correspondientes.

Kenny y Froylán, agentes de la Policía Vial, hasta el mes de diciembre tuvieron que obedecer órdenes de terceras personas y elementos que solicitaron la “atención” por ser familiar de un comandante de Vialidad, de nombre Gustavo Borruel, así como un comandante de la Policía Municipal, Omar Borruel, quienes estuvieron al pendiente del accidente, según relató el ministerio público.

Dentro de la investigación, se precisó que los agentes de la Policía Municipal fueron los primeros respondientes, posteriormente dos elementos de Vialidad de nombres Fernando Trevizo y Gabriela arribaron al lugar para luego ser relevados por los agentes Kenny Raúl y Froylán, quienes se hicieron cargo de los hechos.

Además de los testimonios de prueba, el ministerio público presentó un peritaje terrestre elaborado en el lugar del impacto, como a los vehículos involucrados, donde los resultados descartaron la participación de otro automotor ya que no contaba con ningún daño originado por el mismo accidente.

En los resultados del caso, se estableció que el joven Carlos Borruel solicitó incluso al mismo ajustador de la empresa Axa, que le contestara una llamada para ponerse de acuerdo, mientras se arreglaba con los elementos de Vialidad, con el fin de que le repararan su deportivo ya que no contaba con seguro.

Entre los cuestionamientos de los agentes investigadores, explicaron que una de las principales anomalías fue que a pesar de que los involucrados dijeron tomar algunas bebidas embriagantes y no se les aplicó el artículo 161 para ser trasladados a las instalaciones de la delegación de Vialidad, como se debería haber realizado y en cambio sólo se elaboró el reporte y no hubo una sola sanción para los responsables del accidente.

Hasta el momento los agentes Kenny Raúl y Froylán fueron despedidos de la corporación y vinculados a proceso por acatar la instrucción de alterar croquis y evidencia del accidente, mientras que el protagonista del mismo no alcanzará alguna acción penal en su contra y sigue su vida de manera cotidiana.

Se fincó un plazo de dos meses para la continuación de la investigación y se impusieron las medidas cautelares de firmar cada mes en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y con la excluyente de no salir del país hasta que se finalice el procedimiento penal convocando a una nueva audiencia el viernes 12 de abril del presente año, para aportar nuevas pruebas a través de un juicio oral o no.

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Bajo la causa penal 3057/2018, los exagentes de Vialidad son señalados por encubrir y falsificar documentos oficiales para beneficiar al hijo de un funcionario del Gobierno del Estado, con la finalidad de que cobrara el seguro de otro vehículo para que repararan su deportivo de más de 3 millones de pesos.

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Mientras que Luis Alberto Reyes León, quien dijo conducir el vehículo McLaren, propiedad de Carlos Borruel, afirmó que él era el piloto de la unidad y que había tomado el control del volante, luego de que su amigo había ingerido algunas bebidas embriagantes.

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Por su parte Carlos Borruel dijo que se fugó del lugar para evitar que el percance se mediatizara y que esto lo utilizaran como un tipo de giro político, por lo que decidió escapar del lugar a bordo de un vehículo negro, según rindió en su declaración ante las autoridades correspondientes.

Kenny y Froylán, agentes de la Policía Vial, hasta el mes de diciembre tuvieron que obedecer órdenes de terceras personas y elementos que solicitaron la “atención” por ser familiar de un comandante de Vialidad, de nombre Gustavo Borruel, así como un comandante de la Policía Municipal, Omar Borruel, quienes estuvieron al pendiente del accidente, según relató el ministerio público.

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Además de los testimonios de prueba, el ministerio público presentó un peritaje terrestre elaborado en el lugar del impacto, como a los vehículos involucrados, donde los resultados descartaron la participación de otro automotor ya que no contaba con ningún daño originado por el mismo accidente.

En los resultados del caso, se estableció que el joven Carlos Borruel solicitó incluso al mismo ajustador de la empresa Axa, que le contestara una llamada para ponerse de acuerdo, mientras se arreglaba con los elementos de Vialidad, con el fin de que le repararan su deportivo ya que no contaba con seguro.

Entre los cuestionamientos de los agentes investigadores, explicaron que una de las principales anomalías fue que a pesar de que los involucrados dijeron tomar algunas bebidas embriagantes y no se les aplicó el artículo 161 para ser trasladados a las instalaciones de la delegación de Vialidad, como se debería haber realizado y en cambio sólo se elaboró el reporte y no hubo una sola sanción para los responsables del accidente.

Hasta el momento los agentes Kenny Raúl y Froylán fueron despedidos de la corporación y vinculados a proceso por acatar la instrucción de alterar croquis y evidencia del accidente, mientras que el protagonista del mismo no alcanzará alguna acción penal en su contra y sigue su vida de manera cotidiana.

Se fincó un plazo de dos meses para la continuación de la investigación y se impusieron las medidas cautelares de firmar cada mes en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y con la excluyente de no salir del país hasta que se finalice el procedimiento penal convocando a una nueva audiencia el viernes 12 de abril del presente año, para aportar nuevas pruebas a través de un juicio oral o no.

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