Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno de Chihuahua promoverá en los próximos días una controversia constitucional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el incumplimiento de un convenio de transferencia de recursos por 700 millones de pesos que, a decir del gobernador Javier Corral Jurado, fueron negados por la investigación en curso sobre los desvíos de dinero público que se hicieron en el sexenio pasado y alcanzan altos niveles dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Fue el mismo Javier Corral Jurado quien anunció el procedimiento jurídico contra el Gobierno de la República, al considerar que la Suprema Corte debe analizar el uso del presupuesto público como mecanismo de control del propio Gobierno federal hacia las entidades.
El mandatario hizo el anuncio en distintas entrevistas con medios electrónicos, al ampliar su denuncia pública respecto al castigo económico que está imponiendo la administración de Enrique Peña Nieto a Chihuahua, en respuesta a la investigación de la red de corrupción política que con el ex gobernador César Duarte alcanzó niveles nacionales.
En total son 780 millones de pesos los que no han sido transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a Chihuahua, pese a ya estar convenidos desde el 14 de diciembre de 2016, con el monto mayor (700 millones) correspondiente a un fondo de saneamiento financiero que sólo ha carecido de disponibilidad para esta entidad.
“Puedo ya anunciar en este momento que vamos a interponer una controversia constitucional en contra de esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para incumplir unilateralmente un contrato, un convenio con una entidad federativa, porque es muy grave lo que está sucediendo; ellos no pueden unilateralmente decir no cumplo”, dijo el mandatario estatal en entrevista para Carmen Aristegui.
Javier Corral señaló que ejercerá acciones legales y le tomará la palabra al presidente Enrique Peña Nieto, quien respondió ante la denuncia pública que en todo caso, el gobernador de Chihuahua debería acudir ante las instancias correspondientes.
Explicó que el incumplimiento de la SHCP en los cuatro convenios debidamente firmados merma las capacidades, competencias y facultades del Gobierno de Chihuahua para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de su tarea constitucional.
Dijo que se quiere seguir en el tema de la controversia constitucional a un punto que es todavía más importante, “no solamente este mecanismo de control político que usa la SHCP a través de una discrecionalidad como ésta de cumplir o no un convenio para tratar de controlar políticamente a los gobernadores, sino como un instrumento muy delicado que se puede convertir esta discrecionalidad de cumplimiento o no para impedir el ejercicio de combate a la corrupción política en un estado”.
“Esto es, que desde esta posición de no te depósito y no te cumplo y hazle como quieras, se impida que un estado de la República ejerza las facultades constitucionales y legales en el combate a la corrupción y a la impunidad, que está en el fondo de la posición del secretario de Hacienda en este incumplimiento”, mencionó durante la entrevista con Carmen Aristegui.
Consideró también que una acción así no se realiza sin la autorización del Presidente de la República e informó que se cuenta ya con un grupo de abogados para la acción de controversia constitucional, mismo que encabezará Paulo Díez Gargari.
“Vamos a coordinar un trabajo, vamos a presentar una controversia constitucional en los próximos días y también vamos a hacer solicitudes de información sobre las distintas asignaciones que este programa hizo a las entidades federativas”, adelantó Corral a Aristegui.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador de Chihuahua dijo también que ante la Corte se presentarán varios blancos de la decisión, entre ellos utilizar el presupuesto no solamente como un instrumento de control político, sino también como un mecanismo para impedir el ejercicio de una facultad y una competencia de los estados que es combatir la corrupción y la impunidad.
“Porque lo que lo está en el fondo de esta decisión es que pretenden doblegarnos, callarnos, silenciarnos; negociar una investigación que involucre a un alto funcionario del PRI, a cambio de recursos a los que Chihuahua tiene derecho como una entidad federativa que ha hecho su trabajo en materia de saneamiento financiero, de austeridad, de ahorro, de manejo escrupuloso de la información presupuestal, eso es lo que está en el fondo de la cuestión”, condenó.
El gobernador aclaró además que en un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitido el lunes por la tarde para responder su denuncia pública, esa instancia federal únicamente habló de las participaciones y aportaciones que por ley le corresponden a Chihuahua, en las cuales no se ha presentado ningún tipo de retención.
“Chihuahua ha recibido las participaciones y aportaciones conforme a la ley. Dependen de una fórmula establecida en la ley que ellos no pueden variar en modo alguno, y el aumento de las participaciones pues se debe al incremento fundamentalmente del IEPS y también de los ingresos propios de Chihuahua, pero ese no es el tema”, indicó el mandatario.
“Esas son participaciones que le corresponden a Chihuahua por ley y están determinadas por una fórmula, no es una graciosa concesión, ni de Peña, ni de Hacienda, ni de González Anaya, eso está establecido por la ley”, indicó.
Explicó que lo que no dice el boletín de Hacienda es que no ha cumplido los convenios firmados el 14 de diciembre, correspondientes a apoyos extraordinarios adicionales dentro de un programa de saneamiento financiero que se celebra con las entidades federativas y que se suscribe siempre al final del año.
Agregó que ese programa tiene precisamente el objetivo de ayudar a los estados a cerrar el ejercicio fiscal en términos del gasto corriente y que se ha convenido con Chihuahua en los últimos años, tal como se ha hecho con todas las entidades.
