En 2016, por orden del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, concedió una orden de embargo contra Bertha Olga Gómez Fong y César Duarte Jáquez por un adeudo personal con la empresa “ACM Invernaderos”, de Ángel Cano Martínez, a quien presuntamente le debía cerca de 4 millones de dólares, que pretendía pagar del erario.
El empresario español dijo que César Duarte intentó pagarle con dinero público y el empresario se negó, por lo cual acudió a un juez español que ha ordenado embargar al mandatario y de paso hizo pública una lista de sus propiedades que lo hacen ver como un político con una considerable fortuna.
Las propiedades enlistadas hablaban de un político con un poder económico notable, con el 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso número 744743; la sociedad Unión de Crédito Progreso, SA de CV; Akala SA de CV SFP; Única Casa de Cambio, SA; Hotel Soberano (hoy Sheraton); Hidroponia de Parral, SA de CV; Industrial Parral Forestal, SA de CV, e Hidroponia de Chihuahua, estas últimas relacionadas con la contadora que fue detenida hace unos días en Parral, Guadalupe Medina Aragón.
En todas las empresas relacionadas con el exmandatario, señalaban a Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda; Carlos Hermosillo, Guadalupe Mediana, Jaime Galván Guerrero, a través de Patricia Berges Chávez, y una serie de personajes más que colaboraron en los actos de corrupción de la pasada administración.
La orden de embargo abarcaba 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicadas en Parral, Chihuahua; 9 en Balleza y otra localizada en Ciudad Juárez, pues la empresa ACM, fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, procedió a demandar a Duarte por el supuesto de que la deuda es de casi 4 mil millones de dólares que se pretendió negociar parcialmente con el pago de 2 millones de dólares sustraídos del erario de Chihuahua.
Pero tras un acto de evidente corrupción por parte de los denunciados y por no poner en riesgo la solvencia moral de la firma, se arruinó la negociación y se procedió judicialmente a la cobranza, lo que ocasionó en su momento el exhorto de referencia a los tribunales mexicanos.
De acuerdo con su información, la empresa ACM tiene presencia internacional y en Chihuahua tiene fuertes intereses en inversiones inmobiliarias e industriales, así que ante el intento de despojo por parte del este grupo de Duarte, se defendieron, señalando que se estaba echando mano de mecanismos de corrupción para pagar esa deuda, “quería pagar con fondos públicos deudas privadas, la empresa se negó”, explicó en su momento el empresario.
Esta discusión entre ambos involucrados se televisó en vivo a través de cadena nacional Televisa, donde ambos mediante llamada telefónica estuvieron debatiendo de las responsabilidades de cada uno en el proyecto de invernaderos, donde César Duarte quedó debiendo poco más de 70 millones de pesos.
