/ viernes 16 de noviembre de 2018

--El estado rebasado por Uber --Rechaza Corral a la Segob --Alcaldesa y Bazán exhibidos

Nuestra columna política Ráfagas

UBER.- Recientes hechos delictivos relacionados con la empresa Uber, su plataforma y conductores, la cantidad de usuarios y choferes y el descontrol del transporte a causa de “piratas” que laboran fuera de la aplicación, llevan a la conclusión de que el estado ya fue rebasado por la trasnacional, luego de su ingreso a Chihuahua hace poco más de dos años.

https://www.nissanjidoshachihuahua.com.mx/buenfin-jidosha-es-mx.htm

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REGULACIÓN.- La falta de una regulación como la que sí tienen los taxis ha disparado el negocio hasta niveles que ya no son viables para la seguridad estatal, ni para la propia empresa, de ahí que se hayan hecho operativos por la Dirección de Transporte, a cargo de David Holguín, contra los Uber “pirata” que son conductores que entran y salen de la plataforma a conveniencia, lo que genera graves problemas.

REBASADO.- Al transporte convencional, el Gobierno del Estado lo tiene medianamente sometido por concesiones que son del ámbito del derecho público, pero al tratarse de Uber la autoridad tanto federal como estatal ha sido doblegada, rebasada, con el argumento de que se trata de convenios entre particulares, propios del derecho privado.

REBASADO I.- La argumentación de que el negocio de Uber no se rige por el derecho administrativo, sino por el acuerdo entre dos particulares, podría parecer lógica al atenderse necesidades del mercado de transporte que evidentemente la trasnacional llegó a satisfacer, con mejores costos y siendo más competitiva.

REBASADO II.- ¿Pero qué pasa cuando los choferes de Uber son involucrados en delitos, que van desde los más simples hasta los más graves, como el homicidio? ¿Qué pasa cuando se dan verdaderos actos de piratería, como los que llevaron a la Dirección de Transporte a decomisar vehículos de conductores?

REBASADO III.- Aquí el asunto se vuelve un problema social y de seguridad, del que no puede excusarse el Estado ni quedarse de brazos cruzados, como si estuviera pintado y la regulación estuviera sólo en el plano federal.

DESCONTROL.- El problema ha llegado a niveles realmente preocupantes, como para esperar a que el mercado lo resuelva de forma mágica. El descontrol es tal que de los taxis se sabe santo y seña en unos minutos, hasta el tipo de sangre o el nombre de la abuelita del chofer, si se quiere, en cualquier situación o incidente, ¿y de Uber qué se sabe? Nada, la autoridad no tiene información alguna bajo el supuesto, rebasado por la realidad, del acuerdo entre particulares.

DESCONTROL I.- La pregunta es cuándo pretende actuar el Gobierno del Estado para regular lo que por derecho le corresponde, ante una situación en la que no puede permanecer de brazos cruzados o con acciones mínimas como unos cuantos decomisos, como los ejecutados en los últimos días.

CARAVANA.- Gobernadores de los estados fronterizos fueron convocados a una reunión el pasado miércoles con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para tomar acuerdos sobre las caravanas migrantes que desde hace semanas comenzaron a cruzar por el país.

MIGRANTES.- Dicen que el gobernador Javier Corral desechó la invitación al encuentro, en parte porque las caravanas no han mostrado interés en atravesar por Chihuahua, al menos no de la forma organizada en que lo han hecho en otras partes, y en parte porque las relaciones con el Gobierno Federal están totalmente rotas.

FUNCIONARIOS.- Además, dicen, aparte del titular de Segob estaba convocado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con el que ni de chiste se sentaría el de Chihuahua; y otros funcionarios federales que van de salida y están en la peor etapa de la administración, el fin del sexenio en el que prácticamente nadie los toma en cuenta para algo serio.

MILITARES.- El plan del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el problema de la inseguridad y violencia generó una cascada de reacciones, por el papel que tendrán las fuerzas armadas –lo que siempre ha criticado la izquierda- en la estrategia o política de seguridad de la nueva administración que comienza en diciembre, que le apostará al doble al Ejército y a la Marina, que lo que sus antecesores.

SEGURIDAD.- Para los expertos en los cuerpos policiacos civiles, que en buena medida serán sometidos a mandos regionales militares, la estrategia parece una mezcla de ideología de derecha –como la guerra del panista Felipe Calderón- con matices progresistas porque se plantea desde amnistía hasta regulación y legalización de drogas, entre otras cosas que, por ahora, parecen no tener pies ni cabeza.

SEGURIDAD I.- Muy pesimistas, los conocedores señalan que si la guerra de Calderón y la blandengue estrategia del sexenio de Enrique Peña Nieto en la materia fueron grandes fracasos, la del gobierno que está por comenzar puede ser aún peor si, como se supone, el país aún no ha tocado fondo.

LÍNEA.- Por lo pronto, por cierto, dicen que el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, ya comenzó con el lineazo a todos los legisladores del partido de López Obrador para sumarse, con declaraciones públicas de apoyo principalmente, a la iniciativa de reforma constitucional que implica uno de los puntos de la nueva estrategia en materia de seguridad, que anunció el presidente electo el pasado miércoles.

GUARDIA.- Morena, apuntan, tendrá la tarea de modificar la Constitución Política de México para permitir que elementos de las fuerzas armadas, adscritos a la Guardia Nacional anunciada por López Obrador, puedan, de forma permanente, patrullar calles, prevenir delitos e incluso detener personas.

IMPEDIMENTO.- La reforma es obligada porque hasta la fecha, con todos los intentos por cambiar el marco legal o cuando menos clarificarlo, impide a las fuerzas armadas intervenir en labores de seguridad pública, función que corresponde exclusivamente a las autoridades civiles.

INTERIOR.- Qué cosas, la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto fue abortada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque mete de manera permanente al Ejército a las tareas de policía, y ya viene otra reforma recargada y cargada hacia a la derecha, por parte de un gobierno que se dice de izquierda. Y los “morenos”, aseguran, ya recibieron o están por recibir la instrucción de que la acaten sin llorar.

PARRALENSES.- Por cierto, la resolución del pleno de la SCJN sobre la Ley de Seguridad Interior, que por mayoría calificada de 9 votos consideró que son procedentes y fundadas las impugnaciones a la norma, llenó de gloria al alcalde de Parral Alfredo “Caballo” Lozoya y a su secretario del Ayuntamiento, Francisco Sánchez, pues este municipio fue de los que promovió una controversia constitucional sobre la que ahora el máximo tribunal del país le da la razón.

INVALIDEZ.- La declaración de invalidez de la ley, por resultar incompatible con los artículos 21 y 73 de la Constitución Federal, les favorece a todos los que la impugnaron, entre ellos el municipio minero que desde un principio la señaló, igual que la administración estatal de Javier Corral.

COMITÉ.- La alcaldesa de San Buenaventura y el dirigente estatal del PRI, Miriam Caballero y Omar Bazán Flores, fueron exhibidos por el director general de Gobierno, Joel Gallegos Legarreta, luego de poner el grito en el cielo y amenazar con denunciar penalmente a funcionarios estatales, por intervenir en la conformación del comité pro obras de ese municipio.

COMITÉ I.- El PRI anunció que su Secretaría Jurídica presentaría ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por usurpación de funciones y lo que resulte, contra servidores públicos de la Recaudación de Rentas en el municipio de Buenaventura, quienes promovieron, mediante convocatoria, la conformación de un comité pro obras, lo que compete por ley a los ayuntamientos del estado, según el tricolor.

LEYES.- Pero quién sabe cuál ley leyeron en el partidazo, para adjudicarse el derecho de integrar los comités pro obras por el municipio, si en realidad es el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Municipal, la Secretaría General de Gobierno y otras de sus instancias, el que debe organizar, vigilar y controlar dichos organismos.

CERVEZA.- Seguramente tuvieron una confusión, pues los comités pro obras son para vender cerveza en comunidades donde no hay tiendas y permisos establecidos, con anuencia de la autoridad estatal solamente y para determinadas causas, muy específicas, para obras, como su nombre lo dice; y hay comités vecinales para otras actividades muy diferentes, esos sí regulados y supervisados por los municipios.

CERVEZA I.- No faltan los alcaldes que ven al comité pro obras como su negocio personal, como su permiso para vender cerveza y sacar un dinerito, quién sabe si para las arcas públicas o para su cartera; pero el Estado es el responsable de esto y se regula en la Ley de Alcoholes, no en el Código Municipal que alegó Bazán a nombre de su alcaldesa.


NOS INTERESA SU OPINIÓN, escríbanos al correo electrónico de Ráfagas: rafagas@elheraldodechihuahua.com.mx



UBER.- Recientes hechos delictivos relacionados con la empresa Uber, su plataforma y conductores, la cantidad de usuarios y choferes y el descontrol del transporte a causa de “piratas” que laboran fuera de la aplicación, llevan a la conclusión de que el estado ya fue rebasado por la trasnacional, luego de su ingreso a Chihuahua hace poco más de dos años.

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REGULACIÓN.- La falta de una regulación como la que sí tienen los taxis ha disparado el negocio hasta niveles que ya no son viables para la seguridad estatal, ni para la propia empresa, de ahí que se hayan hecho operativos por la Dirección de Transporte, a cargo de David Holguín, contra los Uber “pirata” que son conductores que entran y salen de la plataforma a conveniencia, lo que genera graves problemas.

REBASADO.- Al transporte convencional, el Gobierno del Estado lo tiene medianamente sometido por concesiones que son del ámbito del derecho público, pero al tratarse de Uber la autoridad tanto federal como estatal ha sido doblegada, rebasada, con el argumento de que se trata de convenios entre particulares, propios del derecho privado.

REBASADO I.- La argumentación de que el negocio de Uber no se rige por el derecho administrativo, sino por el acuerdo entre dos particulares, podría parecer lógica al atenderse necesidades del mercado de transporte que evidentemente la trasnacional llegó a satisfacer, con mejores costos y siendo más competitiva.

REBASADO II.- ¿Pero qué pasa cuando los choferes de Uber son involucrados en delitos, que van desde los más simples hasta los más graves, como el homicidio? ¿Qué pasa cuando se dan verdaderos actos de piratería, como los que llevaron a la Dirección de Transporte a decomisar vehículos de conductores?

REBASADO III.- Aquí el asunto se vuelve un problema social y de seguridad, del que no puede excusarse el Estado ni quedarse de brazos cruzados, como si estuviera pintado y la regulación estuviera sólo en el plano federal.

DESCONTROL.- El problema ha llegado a niveles realmente preocupantes, como para esperar a que el mercado lo resuelva de forma mágica. El descontrol es tal que de los taxis se sabe santo y seña en unos minutos, hasta el tipo de sangre o el nombre de la abuelita del chofer, si se quiere, en cualquier situación o incidente, ¿y de Uber qué se sabe? Nada, la autoridad no tiene información alguna bajo el supuesto, rebasado por la realidad, del acuerdo entre particulares.

DESCONTROL I.- La pregunta es cuándo pretende actuar el Gobierno del Estado para regular lo que por derecho le corresponde, ante una situación en la que no puede permanecer de brazos cruzados o con acciones mínimas como unos cuantos decomisos, como los ejecutados en los últimos días.

CARAVANA.- Gobernadores de los estados fronterizos fueron convocados a una reunión el pasado miércoles con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para tomar acuerdos sobre las caravanas migrantes que desde hace semanas comenzaron a cruzar por el país.

MIGRANTES.- Dicen que el gobernador Javier Corral desechó la invitación al encuentro, en parte porque las caravanas no han mostrado interés en atravesar por Chihuahua, al menos no de la forma organizada en que lo han hecho en otras partes, y en parte porque las relaciones con el Gobierno Federal están totalmente rotas.

FUNCIONARIOS.- Además, dicen, aparte del titular de Segob estaba convocado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con el que ni de chiste se sentaría el de Chihuahua; y otros funcionarios federales que van de salida y están en la peor etapa de la administración, el fin del sexenio en el que prácticamente nadie los toma en cuenta para algo serio.

MILITARES.- El plan del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el problema de la inseguridad y violencia generó una cascada de reacciones, por el papel que tendrán las fuerzas armadas –lo que siempre ha criticado la izquierda- en la estrategia o política de seguridad de la nueva administración que comienza en diciembre, que le apostará al doble al Ejército y a la Marina, que lo que sus antecesores.

SEGURIDAD.- Para los expertos en los cuerpos policiacos civiles, que en buena medida serán sometidos a mandos regionales militares, la estrategia parece una mezcla de ideología de derecha –como la guerra del panista Felipe Calderón- con matices progresistas porque se plantea desde amnistía hasta regulación y legalización de drogas, entre otras cosas que, por ahora, parecen no tener pies ni cabeza.

SEGURIDAD I.- Muy pesimistas, los conocedores señalan que si la guerra de Calderón y la blandengue estrategia del sexenio de Enrique Peña Nieto en la materia fueron grandes fracasos, la del gobierno que está por comenzar puede ser aún peor si, como se supone, el país aún no ha tocado fondo.

LÍNEA.- Por lo pronto, por cierto, dicen que el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, ya comenzó con el lineazo a todos los legisladores del partido de López Obrador para sumarse, con declaraciones públicas de apoyo principalmente, a la iniciativa de reforma constitucional que implica uno de los puntos de la nueva estrategia en materia de seguridad, que anunció el presidente electo el pasado miércoles.

GUARDIA.- Morena, apuntan, tendrá la tarea de modificar la Constitución Política de México para permitir que elementos de las fuerzas armadas, adscritos a la Guardia Nacional anunciada por López Obrador, puedan, de forma permanente, patrullar calles, prevenir delitos e incluso detener personas.

IMPEDIMENTO.- La reforma es obligada porque hasta la fecha, con todos los intentos por cambiar el marco legal o cuando menos clarificarlo, impide a las fuerzas armadas intervenir en labores de seguridad pública, función que corresponde exclusivamente a las autoridades civiles.

INTERIOR.- Qué cosas, la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto fue abortada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque mete de manera permanente al Ejército a las tareas de policía, y ya viene otra reforma recargada y cargada hacia a la derecha, por parte de un gobierno que se dice de izquierda. Y los “morenos”, aseguran, ya recibieron o están por recibir la instrucción de que la acaten sin llorar.

PARRALENSES.- Por cierto, la resolución del pleno de la SCJN sobre la Ley de Seguridad Interior, que por mayoría calificada de 9 votos consideró que son procedentes y fundadas las impugnaciones a la norma, llenó de gloria al alcalde de Parral Alfredo “Caballo” Lozoya y a su secretario del Ayuntamiento, Francisco Sánchez, pues este municipio fue de los que promovió una controversia constitucional sobre la que ahora el máximo tribunal del país le da la razón.

INVALIDEZ.- La declaración de invalidez de la ley, por resultar incompatible con los artículos 21 y 73 de la Constitución Federal, les favorece a todos los que la impugnaron, entre ellos el municipio minero que desde un principio la señaló, igual que la administración estatal de Javier Corral.

COMITÉ.- La alcaldesa de San Buenaventura y el dirigente estatal del PRI, Miriam Caballero y Omar Bazán Flores, fueron exhibidos por el director general de Gobierno, Joel Gallegos Legarreta, luego de poner el grito en el cielo y amenazar con denunciar penalmente a funcionarios estatales, por intervenir en la conformación del comité pro obras de ese municipio.

COMITÉ I.- El PRI anunció que su Secretaría Jurídica presentaría ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por usurpación de funciones y lo que resulte, contra servidores públicos de la Recaudación de Rentas en el municipio de Buenaventura, quienes promovieron, mediante convocatoria, la conformación de un comité pro obras, lo que compete por ley a los ayuntamientos del estado, según el tricolor.

LEYES.- Pero quién sabe cuál ley leyeron en el partidazo, para adjudicarse el derecho de integrar los comités pro obras por el municipio, si en realidad es el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Municipal, la Secretaría General de Gobierno y otras de sus instancias, el que debe organizar, vigilar y controlar dichos organismos.

CERVEZA.- Seguramente tuvieron una confusión, pues los comités pro obras son para vender cerveza en comunidades donde no hay tiendas y permisos establecidos, con anuencia de la autoridad estatal solamente y para determinadas causas, muy específicas, para obras, como su nombre lo dice; y hay comités vecinales para otras actividades muy diferentes, esos sí regulados y supervisados por los municipios.

CERVEZA I.- No faltan los alcaldes que ven al comité pro obras como su negocio personal, como su permiso para vender cerveza y sacar un dinerito, quién sabe si para las arcas públicas o para su cartera; pero el Estado es el responsable de esto y se regula en la Ley de Alcoholes, no en el Código Municipal que alegó Bazán a nombre de su alcaldesa.


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