ELEVADORES.- En el dictamen de la cuenta pública del Congreso del Estado, ordenaron que la Auditoria Superior realice todos los trámites para darle vista a la las autoridades correspondientes por la posible consecución de un delito, pues dicen hay un pago indebido de dos millones de pesos por lo que pone en duda dicha licitación.
LICITACIÓN.- Señalan que antes de que existiera la licitación ya contaban con las propuestas de presupuesto de la empresa a la que contrataron para arreglar los elevadores, obras que por cierto ya tienen cerca de dos años sin que tengan noticias de para cuando van a tener listo el elevador, situación que además genera caos los martes y jueves de sesión.
SEÑALADOS.- Como normalmente pasa en muchos de esos casos, el señalamiento recae sobre los del último eslabón de la cadena, mientras que hay otra que fue la que ordenó todo y que hizo el trabajo de acomodar las cosas para favorecer a una empresa y que es quien si tenía el poder para hacer uso de los recursos para el pago adelanto de dos millones de pesos.
SEÑALADOS I.- El hecho es que cuando se hizo el procedimiento de licitación y adjudicación de obra, la actual directora de adquisiciones del Congreso, Judith Estrada, que es la señalada en el dictamen, se encontraba de permiso por incapacidad de embarazo, de tal forma que ella no intervino en ese proceso y el otro señalado de nombre Obed Gamboa, no es más que el mandadero de esa oficina, quien no tiene capacidad para decidir, ordenar o determinar a quien se contrataba.
ADMINISTRADORA.- Al momento de investigar el tema, salta a la vista que quien hizo todo ese procedimiento, fue la que en ese entonces era la Secretaria Administrativa del Congreso, la panista Daniela Álvarez, quien para esas fechas estaba preparando todo para irse de candidata a diputada federal por Ciudad Juárez y dicen los que saben del tema, se encontraba muy necesitada de lograr buenas relaciones con patrocinadores.
DIPUTADA.- Al conocer esa historia, es que se entiende a la perfección el señalamiento hecho en la tribuna por la diputada panista Roció González, quien refirió puntualmente que existen pruebas de acciones indebidas hechas por el comité de administración y de que hubo determinaciones que se tomaron en la pasada legislatura que todos saben están fuera de la ley, entendiendo que sus señalamientos son contra Daniela Álvarez.
DIPUTADA I.-Así que aunque los mencionados fueron los empleados, la realidad según los informados, es que cuando se haga la investigación del tema, los dos señalados van a quedar exculpados de todo y a quien le va a tocar dar respuestas ante las autoridades es a la ex diputada local, ex candidata a diputada federal, ex secretaría administrativa del Congreso, Daniela Álvarez y eso va a estar muy interesante.
CONTRA.- Si las cosas no cambian, el grupo parlamentario de Morena votará en contra de la reestructuración de la deuda pública que solicita gobierno del estado al Congreso local, ya que según explican hasta el momento desconocen el impacto real dado que la secretaria de Hacienda no les ha dicho cuánto dinero se destinaria para obras y el costo de los accesorios.
CONTRA I.- Pero además estarían votando en contra, los ocho diputados morenistas, el Paquete Económico 2019 de la entidad, donde la principal causa es que deben reorientar el gasto público ya que refieren no es posible disminuir un 19% en términos reales en gasto de desarrollo social, por tal razón invitaron al bloque de oposición conformado el jueves a unirse.
DEFENSA.- En defensa de lo que ocurrió en la última sesión del Congreso del Estado, varios morenistas, incluido el diputado Miguel Ángel Colunga, donde varios aseguraron que fue él quien bajo los dictámenes de las cuentas públicas de Gobierno, Congreso, Juárez y Camargo, aseguraron con ley en mano que solo el presidente del Congreso, en este caso el panista Jesús Villarreal, ordenó bajarlas del orden del día.
DEFENSA I.- Asimismo informaron que en la sesión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, pretendían dictaminar la reestructuración de la deuda pública; y que la visita del virrey Juan Carlos Loera al Congreso local fue en el sentido de analizar un capítulo de Banobras, es decir, que el delegado federal fuera interlocutor con los funcionarios de Hacienda estatal.
HUELGA.- Según reportó la defensa legal del ex auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza, a seis días de haber iniciado la huelga de hambre su estado de salud ha mermado pero aún se encuentra estable, mismos que aseguran ya perdió algunos kilos de pesos, debido a únicamente consumir agua y electrolitos.
HUELGA I.- Principalmente reclaman la falta de atención médica para tratarse una lesión que ha padecido desde que ingreso, hace 18 meses, al Cereso de Aquiles Serdán, por lo que aseguran se está violando el derecho humano de acceso a la salud.
RAZONES.- Son tres principales razones por las cuales hace ya seis días empezó la huelga de hambre, siendo estos el padecimiento grave que a través de estudios médicos aseguran necesita ser operado y no se le ha brindado atención médica integral
RAZONES I.- La segunda la negativa de los jueces de control de modificar la medida cautelar de prisión preventiva aún y cuando tiene arraigo en esta ciudad de Chihuahua y la posible reparación del daño se encuentra cubierta por estar asegurados por la Fiscalía diversos bienes inmuebles propiedad de Esparza, según explicó su defensa.
RAZONES II.- Y finalmente el hostigamiento que ha sufrido tanto él como su familia, dicho por el propio ex auditor, que asegura ha sido ha sido presionado para aceptar responsabilidad en los hechos que la Fiscalía le atribuye y recientemente se ha involucrado a su familia en los supuestos hechos delictivos que pesan en su contra, a través de las declaraciones de un testigo con identidad reservada.
INCREMENTO.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, tienen varios días instalados prácticamente en el Poder Legislativo, reuniéndose con algunos diputados para tratar de incrementar el presupuesto del Comité para el 2019.
INCREMENTO I.- Encabezados por el presidente del CPC, José Enriques Tamez, solicitan una mayor partida presupuestal ya que solo están considerados en el proyecto 10 millones de pesos, cuando en otras entidades lo mínimo que han otorgado son 20 millones de pesos anuales, situación por la cual han hecho acto de presencia, esperando lograr su cometido.
