/ sábado 3 de marzo de 2018

-Integran comité anticorrupción -Maru apunta a su reelección -Extradición, apenas a la mitad

Nuestra columna política Ráfagas

REVERSA.- Sin reversa ni modificaciones pese a los señalamientos, asumió formalmente el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que fue conformado por José Enríquez Tamez, Ana Isabel Terrazas Cerros, Liliana Ochoa Ortega, René Moreno Medina y Norma Yadira Lozano, la sustituta de Joaquín Treviño.

 

JUSTIFICACIÓN.- La justificación ante los reclamos sociales sobre el sesgo político que se le dio al CPC, es que el trabajo de la Comisión de Selección, integrada por 9 notables, dos de las cuales se manifestaron en contra, era aplicar la normatividad vigente, ese era su mandato, hacer una convocatoria con base en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual, como se vio, no quedó tan estricta como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

MANDATO.- Entonces, no había forma jurídica de dar cabida a los reclamos que surgieron de la selección, en la que según algunos fue más bien una pugna política entre ciudadanos, más que interna de los gobiernos y el partido en el gobierno, el PAN; fue más bien, aseguran, una falta de conducción política la que derivó en los cuestionamientos al CPC.

 

CONFIANZA.- Así las cosas, no queda de otra más que el voto de confianza al comité ciudadano anticorrupción y que den el ancho para la tarea encomendada, que será preventiva, de vigilancia y observación, no de autoridades, no de fiscales, no de funcionarios ni ministerios públicos, porque hay quienes se confunden y creen que el CPC será persecutor de delitos y gran juez de los corruptos que se encuentren en el gobierno.

 

PRUEBA.- La prueba del comité será, pues, el trabajo que presente como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, que en efecto nació cojo, algo chueco, medio ciego y también sordo; y si acaso alguna impugnación formal que retrase su conformación, lo que hasta la fecha no se ha dado.

 

PRESIDENTE.- Por cierto, los enterados comentan que se equivocan quienes creen que la misma mano del gobernador Javier Corral, como fácilmente puede especularse y sospecharse, estuvo detrás de la integración del Comité de Participación Ciudadana del SEA, pues por lógica José Enríquez Tamez, el primer presidente, nombre que le achacan como propio al jefe del Ejecutivo, hubiera sido designado para el cargo de 5 años, no para el de menos duración.

 

PRESIDENTE I.- Dicen que sí hay cercanía y comunicación entre Enríquez y el mandatario estatal, pero si hubiera intervención del Ejecutivo en las designaciones, aseguran, a Enríquez Tamez no lo hubieran puesto de presidente, sino para el cargo de mayor duración, que será presidente al quinto año finalmente, cuando el gobierno del nuevo amanecer haya terminado.

 

LÓGICA.- Esa lógica explica, insisten, que no fue la mano del Palacio de Gobierno la que puso presidente del CPC, pues en todo caso al grupo en el poder no le interesa quién sea el coordinador y cómo funcione el SEA ahora, que apenas está comenzando, sino cómo habrá de funcionar después, pues conforme avance la administración y se consolide, las primeras víctimas del sistema anticorrupción podrían ser los funcionarios actuales.

 

FIRMAS.- Para no dejar el tema, la doctora y abogada Olga Ponce Frescas hizo entrega de mil firmas de apoyo al Congreso del Estado, con la propuesta de adecuar la norma estatal a la Ley General del SNA, pues fue ese hueco el que generó una convocatoria laxa y menos estricta que la nacional.


FIRMAS I.- Hasta ahí quedará el intento, pues al ser una norma de reciente creación, debe pasar cuando menos un año de su vigencia para reformarse, por lo que quedará de tarea para la siguiente legislatura, que no haría mal en tenerla entre sus prioridades, porque el Sistema Anticorrupción del Estado no dejará conforme a nadie, aunque se considere un avance.

 

AJUSTE.- La alcaldesa María Eugenia Campos Galván hizo ajustes importantes en su equipo, al despachar a Arturo García Portillo de la Coordinación de Gabinete y nombrar en ese cargo a Mario Vázquez Robles, exdirigente estatal del PAN que comenzó la administración como director de Servicios Públicos Municipales.

 

REELECCIÓN.- Vázquez Robles es del equipo compacto de generales de Campos Galván, igual que García Portillo, quien seguramente aparecerá al frente de alguna campaña de Acción Nacional, sino es que del proyecto de reelección de la alcaldesa, por lo que parece que por ahí va la jugada.

 

SEPARACIÓN.- La presidenta municipal deberá separarse de su cargo un día antes del comienzo de las campañas, por lo que los movimientos en lo que empiezan obviamente obedecen a ese proyecto.

 

SEPARACIÓN I.- Así, tendría a su suplente Margarita Blackaller al frente del despacho, a César Jáuregui Moreno como secretario municipal y a Mario Vázquez como jefe del Gabinete, mientras ella se dedica al suyo, a retener la administración de la capital que por primera vez tiene a una mujer a cargo.

 

RELLENO.- Por cierto, de inmediato fue detectado el nombramiento en sustitución de Mario Vázquez, a favor de Ricardo Martínez García, quien era el subdirector de Servicios Públicos; el funcionario fue de los protagonistas del escándalo del Relleno Sanitario en la administración municipal de Juan Blanco.

 

RELLENO I.- El caso al final quedó entre la sospecha de corrupción, de un negocio inconcluso al amparo del poder y la persecución política de quien se perfilaba como un buen contendiente para la gubernatura, el ahora exalcalde y actual diputado federal.

 

EXTRADICIÓN.- La Procuraduría General de la República suma ya 8 solicitudes de extradición en contra del exgobernador César Duarte Jáquez, sospechosamente protegido por el PRI Nacional por muchos meses, más que al que fuera su colega de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso y bajo un proceso que es bastante ligero, a juicio de los especialistas, quienes ven ciertos favores y cuidado excesivo de la justicia cuando se trata de políticos.

 

EXTRADICIÓN I.- Son 8 de 11 que inicialmente se tenían, 10 del fuero común y una federal; pero a estas, se dice, deberán sumarse otras 5, fundamentadas en órdenes de aprehensión giradas por jueces, así que apenas alcanzó la mitad la PGR que, dicen, por fin le abrió la puerta a la Fiscalía General del Estado para que sirva de coadyuvante, luego de varios portazos previos, antes y después del acuerdo entre Javier Corral y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

 

DETENCIÓN.- Ya con que lo detengan por una orden en Estados Unidos, donde se presume está el exgobernador, luego le aplican las demás, pero hasta que no caiga no desaparecerá la idea de que es protegido del PRI y el gobierno mexicano.

 

CELERIDAD.- Por cierto, vaya lentitud para el caso Duarte, nada que ver con la celeridad del caso del aspirante del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, que también, critican los panistas, involucra a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

FANTASMA.- En el caso de Anaya, que consideran una fabricación de Estado para torpedear su campaña, hasta el Servicio de Administración Tributaria salió a decir que una empresa “fantasma” le pagó tantos millones al panista por un supuesto negocio; pero el SAT se ha quedado calladito con la multitud de “fantasmas” a las que César Duarte pagaba miles de millones para desviarlos del presupuesto de Chihuahua.

 

PRIVACIDAD.- Ni qué decir, señalan, de la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad, pues la PGR difundió hasta el video donde llegó Anaya a sus instalaciones el pasado domingo a entregar una declaración por escrito, por considerarlo de interés público, mientras que a César Duarte lo mencionan en los boletines oficiales, sin ponerle nombre, como “un exgobernador” del que se pide su extradición.

 

INDEPENDIENTES.- Ayer acudieron al Congreso del Estado las aspirantes independientes a la alcaldía de Guachochi, del distrito electoral federal 1 y del distrito local 8, Magda Rubio, Beatriz Córdova Bernal y Cecilia Espinoza Martínez, así como también la asesora legislativa Katya Galán, en representación de la diputada por Morena, Leticia Ortega, y el aspirante independiente de Meoqui, Adolfo Medina, para solidarizarse con la primera en su denuncia de violencia política.

 

ENTREGA.- En el Legislativo pidieron que se entregara a la Comisión de Igualdad y de Grupos Vulnerables la solicitud de sanción contra el presidente municipal de Guachochi, Hugo Aguirre, por haber faltado a la Ley de Prevención y Eliminación de la Discriminación del Estado, debido a las conductas que se le imputan al edil por declaraciones que dio en un programa de radio de aquella zona en contra de la independiente.

 

ENTREVISTA.- Cuentan los que estuvieron presentes que la maestra Beatriz Córdova y Rubio Molina subieron al piso donde se encuentra la oficina de la diputada panista Liliana Aracely Ibarra Rivera, quien es la presidenta de Atención a Grupos Vulnerables, para encargarle que le diera seguimiento de este asunto, donde les recibieron el oficio y les tomaron los datos, pero que les fue imposible entrevistarse con la legisladora, debido a que estaba en reunión de su comisión.

 

ACTIVISTAS.- Los que saben, aseguran que el interés de las aspirantes juarenses a candidatas independientes por solidarizarse con la causa de Magda Rubio, es debido a que ambas también tienen historial como activistas.

 

ACTIVISTAS I.- Espinoza Martínez es coordinadora de Documentación de Derechos Humanos en Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, mientras que Córdova Bernal tiene en su haber iniciativas como la propuesta de Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales y la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

NOS INTERESA SU OPINIÓN, escríbanos al correo electrónico de Ráfagas: rafagas@elheraldodechihuahua.com.mx

REVERSA.- Sin reversa ni modificaciones pese a los señalamientos, asumió formalmente el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que fue conformado por José Enríquez Tamez, Ana Isabel Terrazas Cerros, Liliana Ochoa Ortega, René Moreno Medina y Norma Yadira Lozano, la sustituta de Joaquín Treviño.

 

JUSTIFICACIÓN.- La justificación ante los reclamos sociales sobre el sesgo político que se le dio al CPC, es que el trabajo de la Comisión de Selección, integrada por 9 notables, dos de las cuales se manifestaron en contra, era aplicar la normatividad vigente, ese era su mandato, hacer una convocatoria con base en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual, como se vio, no quedó tan estricta como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

MANDATO.- Entonces, no había forma jurídica de dar cabida a los reclamos que surgieron de la selección, en la que según algunos fue más bien una pugna política entre ciudadanos, más que interna de los gobiernos y el partido en el gobierno, el PAN; fue más bien, aseguran, una falta de conducción política la que derivó en los cuestionamientos al CPC.

 

CONFIANZA.- Así las cosas, no queda de otra más que el voto de confianza al comité ciudadano anticorrupción y que den el ancho para la tarea encomendada, que será preventiva, de vigilancia y observación, no de autoridades, no de fiscales, no de funcionarios ni ministerios públicos, porque hay quienes se confunden y creen que el CPC será persecutor de delitos y gran juez de los corruptos que se encuentren en el gobierno.

 

PRUEBA.- La prueba del comité será, pues, el trabajo que presente como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, que en efecto nació cojo, algo chueco, medio ciego y también sordo; y si acaso alguna impugnación formal que retrase su conformación, lo que hasta la fecha no se ha dado.

 

PRESIDENTE.- Por cierto, los enterados comentan que se equivocan quienes creen que la misma mano del gobernador Javier Corral, como fácilmente puede especularse y sospecharse, estuvo detrás de la integración del Comité de Participación Ciudadana del SEA, pues por lógica José Enríquez Tamez, el primer presidente, nombre que le achacan como propio al jefe del Ejecutivo, hubiera sido designado para el cargo de 5 años, no para el de menos duración.

 

PRESIDENTE I.- Dicen que sí hay cercanía y comunicación entre Enríquez y el mandatario estatal, pero si hubiera intervención del Ejecutivo en las designaciones, aseguran, a Enríquez Tamez no lo hubieran puesto de presidente, sino para el cargo de mayor duración, que será presidente al quinto año finalmente, cuando el gobierno del nuevo amanecer haya terminado.

 

LÓGICA.- Esa lógica explica, insisten, que no fue la mano del Palacio de Gobierno la que puso presidente del CPC, pues en todo caso al grupo en el poder no le interesa quién sea el coordinador y cómo funcione el SEA ahora, que apenas está comenzando, sino cómo habrá de funcionar después, pues conforme avance la administración y se consolide, las primeras víctimas del sistema anticorrupción podrían ser los funcionarios actuales.

 

FIRMAS.- Para no dejar el tema, la doctora y abogada Olga Ponce Frescas hizo entrega de mil firmas de apoyo al Congreso del Estado, con la propuesta de adecuar la norma estatal a la Ley General del SNA, pues fue ese hueco el que generó una convocatoria laxa y menos estricta que la nacional.


FIRMAS I.- Hasta ahí quedará el intento, pues al ser una norma de reciente creación, debe pasar cuando menos un año de su vigencia para reformarse, por lo que quedará de tarea para la siguiente legislatura, que no haría mal en tenerla entre sus prioridades, porque el Sistema Anticorrupción del Estado no dejará conforme a nadie, aunque se considere un avance.

 

AJUSTE.- La alcaldesa María Eugenia Campos Galván hizo ajustes importantes en su equipo, al despachar a Arturo García Portillo de la Coordinación de Gabinete y nombrar en ese cargo a Mario Vázquez Robles, exdirigente estatal del PAN que comenzó la administración como director de Servicios Públicos Municipales.

 

REELECCIÓN.- Vázquez Robles es del equipo compacto de generales de Campos Galván, igual que García Portillo, quien seguramente aparecerá al frente de alguna campaña de Acción Nacional, sino es que del proyecto de reelección de la alcaldesa, por lo que parece que por ahí va la jugada.

 

SEPARACIÓN.- La presidenta municipal deberá separarse de su cargo un día antes del comienzo de las campañas, por lo que los movimientos en lo que empiezan obviamente obedecen a ese proyecto.

 

SEPARACIÓN I.- Así, tendría a su suplente Margarita Blackaller al frente del despacho, a César Jáuregui Moreno como secretario municipal y a Mario Vázquez como jefe del Gabinete, mientras ella se dedica al suyo, a retener la administración de la capital que por primera vez tiene a una mujer a cargo.

 

RELLENO.- Por cierto, de inmediato fue detectado el nombramiento en sustitución de Mario Vázquez, a favor de Ricardo Martínez García, quien era el subdirector de Servicios Públicos; el funcionario fue de los protagonistas del escándalo del Relleno Sanitario en la administración municipal de Juan Blanco.

 

RELLENO I.- El caso al final quedó entre la sospecha de corrupción, de un negocio inconcluso al amparo del poder y la persecución política de quien se perfilaba como un buen contendiente para la gubernatura, el ahora exalcalde y actual diputado federal.

 

EXTRADICIÓN.- La Procuraduría General de la República suma ya 8 solicitudes de extradición en contra del exgobernador César Duarte Jáquez, sospechosamente protegido por el PRI Nacional por muchos meses, más que al que fuera su colega de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso y bajo un proceso que es bastante ligero, a juicio de los especialistas, quienes ven ciertos favores y cuidado excesivo de la justicia cuando se trata de políticos.

 

EXTRADICIÓN I.- Son 8 de 11 que inicialmente se tenían, 10 del fuero común y una federal; pero a estas, se dice, deberán sumarse otras 5, fundamentadas en órdenes de aprehensión giradas por jueces, así que apenas alcanzó la mitad la PGR que, dicen, por fin le abrió la puerta a la Fiscalía General del Estado para que sirva de coadyuvante, luego de varios portazos previos, antes y después del acuerdo entre Javier Corral y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

 

DETENCIÓN.- Ya con que lo detengan por una orden en Estados Unidos, donde se presume está el exgobernador, luego le aplican las demás, pero hasta que no caiga no desaparecerá la idea de que es protegido del PRI y el gobierno mexicano.

 

CELERIDAD.- Por cierto, vaya lentitud para el caso Duarte, nada que ver con la celeridad del caso del aspirante del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, que también, critican los panistas, involucra a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

FANTASMA.- En el caso de Anaya, que consideran una fabricación de Estado para torpedear su campaña, hasta el Servicio de Administración Tributaria salió a decir que una empresa “fantasma” le pagó tantos millones al panista por un supuesto negocio; pero el SAT se ha quedado calladito con la multitud de “fantasmas” a las que César Duarte pagaba miles de millones para desviarlos del presupuesto de Chihuahua.

 

PRIVACIDAD.- Ni qué decir, señalan, de la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad, pues la PGR difundió hasta el video donde llegó Anaya a sus instalaciones el pasado domingo a entregar una declaración por escrito, por considerarlo de interés público, mientras que a César Duarte lo mencionan en los boletines oficiales, sin ponerle nombre, como “un exgobernador” del que se pide su extradición.

 

INDEPENDIENTES.- Ayer acudieron al Congreso del Estado las aspirantes independientes a la alcaldía de Guachochi, del distrito electoral federal 1 y del distrito local 8, Magda Rubio, Beatriz Córdova Bernal y Cecilia Espinoza Martínez, así como también la asesora legislativa Katya Galán, en representación de la diputada por Morena, Leticia Ortega, y el aspirante independiente de Meoqui, Adolfo Medina, para solidarizarse con la primera en su denuncia de violencia política.

 

ENTREGA.- En el Legislativo pidieron que se entregara a la Comisión de Igualdad y de Grupos Vulnerables la solicitud de sanción contra el presidente municipal de Guachochi, Hugo Aguirre, por haber faltado a la Ley de Prevención y Eliminación de la Discriminación del Estado, debido a las conductas que se le imputan al edil por declaraciones que dio en un programa de radio de aquella zona en contra de la independiente.

 

ENTREVISTA.- Cuentan los que estuvieron presentes que la maestra Beatriz Córdova y Rubio Molina subieron al piso donde se encuentra la oficina de la diputada panista Liliana Aracely Ibarra Rivera, quien es la presidenta de Atención a Grupos Vulnerables, para encargarle que le diera seguimiento de este asunto, donde les recibieron el oficio y les tomaron los datos, pero que les fue imposible entrevistarse con la legisladora, debido a que estaba en reunión de su comisión.

 

ACTIVISTAS.- Los que saben, aseguran que el interés de las aspirantes juarenses a candidatas independientes por solidarizarse con la causa de Magda Rubio, es debido a que ambas también tienen historial como activistas.

 

ACTIVISTAS I.- Espinoza Martínez es coordinadora de Documentación de Derechos Humanos en Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, mientras que Córdova Bernal tiene en su haber iniciativas como la propuesta de Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales y la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

NOS INTERESA SU OPINIÓN, escríbanos al correo electrónico de Ráfagas: rafagas@elheraldodechihuahua.com.mx

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