SCJN.- La titular de la Secretaría de la Función Pública, Mónica Vargas, negó que 37 procedimientos administrativos relacionados con la Operación Justicia para Chihuahua se les “cayeran” o los perdieran, se trata –según explicó— de una actualización de los ordenamientos contenidos dentro de la nueva jurisprudencia, aprobada en octubre de 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
PREVISORES.- En la óptica de la funcionaria, de manera anticipada se realizaron los ajustes correspondientes, acordes con las más recientes disposiciones legales y antes de que se emita un ordenamiento judicial en ese sentido.
AUDIENCIA.- De ese modo, se pretende que los 37 procedimientos a reponer lleguen hasta la audiencia de pruebas y alegatos para remitirlos posteriormente al Tribunal de Justicia Administrativa, en especial los cuatro expedientes con acusaciones contra el exgobernador César Horacio D. J. y en los cuales, se documentan supuestos desvíos por unos 130 millones de pesos, alrededor del 10% del quebranto total estimado. Todo ello, antes de que concluya la gestión de Javier Corral.
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ACÉFALAS.- Hoy por hoy, una decena de municipios en la entidad, sobre todo los serranos, no tienen a su alcalde viviendo en la localidad que gobiernan. ¿Los motivos? De acuerdo con fuentes de algunos partidos políticos, la presencia de grupos del crimen organizado hace que la gobernabilidad local se vuelva un verdadero deporte extremo, donde jugarse la vida es el pan de cada día y más de uno decide huir y dejar a su suerte, la administración local. En ocasiones, ni el secretario del Ayuntamiento quiere hacerse cargo.
MORIS.- En Moris, por ejemplo, el alcalde actual Ramiro Rivera tienen meses sin despachar en las oficinas, vive en otra ciudad y según se expuso, el panista salió de ahí por la presión tanto de criminales como de los habitantes que reclamaban la entrega de apoyos enviados por el gobierno estatal y federal, que nomás no les llegaron.
DELINCUENCIA.- La problemática social en la Sierra es una tarea titánica que el nuevo gobierno estatal, de la mano con la federación (sería lo ideal) deberá trabajar y sortear, pues el Estado de Derecho ahí no existe, lo cual se constata en cada elección, que los candidatos intentan hacer campaña en las localidades y se topan con retenes, amenazas y atentados. Nada casual, la mitad de los partidos políticos ni siquiera designó aspirantes en una decena de municipios serranos y hubo casos, como en Morelos, donde sólo contendió una persona.
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CONSEJO.- En próximos días, se reunirá el Consejo Nacional de Morena para iniciar formalmente la renovación de las dirigencias estatales, entre ellas, la de Chihuahua y estará en juego, quién ocupará la silla del profe Martín Chaparro, tras seis años en el cargo.
MANO.- Se anticipa la disputa entre dos principales grupos, el de Juan Carlos Loera y el de Cruz Pérez Cuéllar, sin embargo, no hay que desestimar a los llamados puros o genuinos, algunos de los que cuestionaron esas candidaturas y quienes por si las dudas, ya le mandaron decir a Víctor Quintana que ni se apunte.
GRILLA.- La confrontación entre las tribus se anticipa encarnada para tomar las riendas del Comité Ejecutivo Estatal, que advierten se requiere de un aguerrido dirigente para “atacar” al PAN y el gobierno entrante, pues de la tersa relación que se tuvo con el actual panista en el poder nada quedará a partir de septiembre.
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EXCANDIDATOS.- En la segunda impugnación presentada por Morena contra la elección a la gubernatura, llama la atención que se incluyan señalamientos a los excandidatos Graciela Ortiz, Alejandro Díaz y María Eugenia Baeza, a quienes se acusa de “fraudulentos” por usar el dinero de sus campañas, emanado del erario, para finalmente apoyar a Maru Campos. Según los abogados de Morena, es elemento para exigir la anulación de los comicios y que esos personajes rindan cuentas ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).
LÍMITE.- Por cierto, la fecha límite para presentar medios de impugnación para la elección a la gubernatura era el viernes 18 de junio y ésta se presentó el sábado 19, por lo que probablemente sea desechada por el Tribunal Estatal Electoral, según comentarios de los integrantes del IEE y del propio TEE.
