SERDÁN.- El alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, debe de tener más cuidado con sus elementos de policía, pues ya son varios los incidentes en que se ven involucrados como presuntos responsables de actos criminales. Esto es lo que ha empañado a este municipio cercano a la capital del estado, a pesar de los esfuerzos del alcalde por dar otra imagen.
ARIEL.- Lo que sí ha desarrollado Ariel Fernández es una alta capacidad de evadir a reporteros cuando se trata de dar información que no es muy de acuerdo a su imagen. Se niega a recibir en la Presidencia Municipal, lo niegan, se esconde. Y sólo pretende con boletines dar una cara amable de lo que realmente ha estado pasando con sus policías.
ARIEL I.- En abril de este año, dio a conocer el alcalde de Aquiles Serdán que había dado de baja a 30 policías, de sus 45, como una acción de depuración de la corporación. Eso lo dijo para paliar la pésima fama de abusos policiacos, según quejas de vecinos de fraccionamientos conurbanos de Chihuahua.
ARIEL II.- Luego en mayo vuelve a ratificar el cese inmediato de sus agentes de policías, y se supone que en estos meses contrataron mejores elementos. Pero para sorpresa, apenas hace unos días, la Fiscalía detuvo a varios policías de Aquiles Serdán, entre ellos a un jefe de grupo, bajo la sospecha de ser los presuntos asesinos de dos personas y dejar herida a una tercera. Fue el sonado caso de un vehículo Uber.
ARIEL III.- A lo único que quiso explicar el alcalde de Aquiles Serdán, a manera de justificación, era que la cuarta persona involucrada, también de la policía, era una mujer que apenas tenía un día trabajando. Eso, revela entonces, que ni siquiera hay buen esquema de selección o que la supuesta depuración de policías delincuentes fue insuficiente.
CUENTA.- Aunque hay varios casos judicializados correspondientes a la corrupción del sexenio pasado, a los expertos juristas les llama la atención el poco cuidado de las formalidades legales en la revisión de las cuentas públicas, sobre todo la correspondiente al último año de la gestión de César Duarte.
TIEMPOS.- Según los tiempos legales, que muy seguido los diputados ignoran, a partir del 30 de septiembre pasado la Comisión de Fiscalización que encabeza el panista Jorge Soto tenía dos meses, cumplidos en noviembre, para dictaminar el informe rendido sobre la revisión de la cuenta estatal del periodo enero-octubre de 2016, que seguramente no es ejemplo de una sana y correcta administración pública.
TIEMPOS I.- Pero vencido el plazo, el destino de la cuenta pública de Duarte sigue siendo un misterio, parece que no hay un avance que englobe, cuantifique y califique las irregularidades de la administración estatal y determine qué es lo procedente en las vías que corresponden, civiles, penales y administrativas.
FORMALIDADES.- Además no sólo los tiempos legales han sido descuidados. Tampoco se ha puesto la debida atención en una actuación que puede ser cuestionable, jurídicamente, en la Auditoría Superior del Estado, dado que el titular no se encuentra en firme y legalmente es quien revisa, observa y opina en cuanto a la fiscalización de recursos públicos.
NOTIFICACIÓN.- La otra formalidad incumplida es un tanto compleja, pues se trata de la notificación al titular del Ejecutivo en el tiempo de la revisión, es decir a Duarte, que muy seguramente no pudo ser localizado, pero se deben cumplir ciertos requisitos para probar que la falta de respuesta no es una omisión del ente fiscalizador, sino del funcionario fiscalizable; y nadie sabe si se cumplió con ello o no.
EXFUNCIONARIOS.- El caso, pues, es que la cuenta en general se ha manejado de forma accidentada y ello puede ser herramienta para la defensa de cualquier acusado. Alegar que casi todos los casos de procesados del “duartismo” son por hechos de 2016 puede ser algo válido, pero no es una justificación completa, pues ni están en la cárcel todos los que son, ni son todos los que están, como para dejar cabos sueldos y la tarea sin cumplir.
URGENCIAS.- En materia de seguridad hay dos temas que parecen estar descontrolados y que no reciben la suficiente atención, y que además van más allá de la falta de resultados en el combate al crimen, que se refleja en la sangrienta guerra de los cárteles, en la que se contabilizan ya unos 2 mil muertos en el año corriente.
DESCUIDOS.- Bueno, son dos temas torales que merecen atención inmediata. Por un lado está la actuación de la Policía Federal, que comprometió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al gobernador Javier Corral; y por el otro una marcada distancia, más allá de lo debido, de los jueces y el Ministerio Público, que no atienden el fiscal César Augusto Peniche y el magistrado presidente del Tribunal Superior, Julio Jiménez Castro.
FEDERALES.- En el caso de la Policía Federal, es lamentable que ya comience a hablarse y a sospecharse de que los agentes que han llegado al estado empiezan a involucrarse en hechos delictivos, como ha sucedido en otras ocasiones, que llegan refuerzos para combatir al crimen y más bien se convierten en refuerzos para el crimen.
FEDERALES I.- Pero los casos, aseguran, se mantienen soterrados, y aunque hay quienes tratan de achacarle esa responsabilidad de ocultarlos al comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio, por su ascendencia en la Policía Federal, más bien apunta a que se trata de esconderlos por razones políticas, para no enturbiar la relación del Estado con la Federación, ahora que en esta materia supuestamente comienza a engranar.
FEDERALES II.- No es lo más sano echar bajo la alfombra los casos de delitos atribuidos a policías, en aras de una falsa estabilidad política. Al contrario, la sociedad necesita ver avances en la lucha anticrimen y recuperar la confianza en las corporaciones, que sólo se logra limpiándolas y sancionándolas con apego a la ley.
NARCOMENUDEO.- En el otro punto, relacionado con el MP y el Poder Judicial, dicen que hay una intención perversa de varios jueces de control estatales, para librarse de casos de narcomenudeo.
INCOMPETENCIA.- Pero algunos han llegado al extremo de multar al Ministerio Público por exponer antecedentes de delitos federales de algunos detenidos, luego de ordenar la liberación de los mismos y declinar la competencia.
INCOMPETENCIA I.- O sea, los jueces, en varios casos que ha denunciado el MP, no sólo se declaran incompetentes para juzgar a ciertos detenidos de peligro, con el pretexto de los delitos federales que arrastran, sino que además de dejar sin resolver la situación jurídica, sancionan a la parte acusadora, a la representación social, al Ministerio Público.
JUDICATURA.- El Consejo de la Judicatura del Estado, el presidente del máximo tribunal estatal y el titular de la FGE deben atender eso a la brevedad, pues sobran los malos ejemplos de delincuentes liberados por jueces con cualquier pretexto, que luego terminan haciendo más daño a la sociedad.
PRINCIPIOS.- La presidenta municipal de la capital, María Eugenia Campos, tomó los principios del PAN en la atención a migrantes, por ello definió como eje fundamental de la administración “la dignidad de la persona humana” y al gobierno como humanitario, en unos comentarios hechos ayer por la alcaldesa, que llamaron la atención por su contexto.
RECONOCIMIENTO.- Chihuahua, dijo Campos Galván, está pasando por un nuevo momento en el fenómeno migratorio, lo que es reconocimiento necesario del problema que se ha acentuado en las calles; por ello, instruyó mantener y ampliar la atención en albergues para dar un refugio seguro a quienes lo necesiten; y centrar los operativos de la Policía Municipal en dar seguridad, proteger y servir, como dice su lema, con sumo cuidado en el trato a los extranjeros necesitados.
MIGRANTES.- “Es importantes decirles que somos un gobierno humanitario que no queremos hacerle daño absolutamente a nadie y mucho menos a personas que están sufriendo de algún dolor, de alguna pena, que están buscando mejores condiciones de vida”, señaló Maru Campos, al anunciar la capacitación de agentes de Seguridad Pública en materia de derechos humanos de los migrantes, para mejorar la atención a este grupo cada vez más visible.
LITURGIA.- Ayer por la noche, decenas de priistas se dieron cita en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, encabezados por Omar Bazán, para presenciar vía internet el arranque de precampaña de José Antonio Meade, aspirante a la Presidencia de la República, lo que se repitió en todos los estados del país.
LITURGIA I.- La instrucción era seguir en vivo el ritual priista que fue en la explanada del parque central de San Juan Chamula, Chiapas, donde Meade inició con los trabajos y reuniones a lo largo del territorio nacional, en la búsqueda, primero, del apoyo de los grupos internos del PRI, del Partido Verde y muy seguramente de Nueva Alianza.
PRECAMPAÑA.- No tiene que hacer precampaña Meade Kuribreña, beneficiario del dedazo presidencial, dado que no tiene contrincante, pero tampoco puede desaprovechar el tiempo porque va cuesta arriba en la carrera.
ALIANZA.- Ya es oficial, los partidos Encuentro Social, del Trabajo y Morena irán coaligados en el proyecto de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
DEFORME.- Por si el deforme frente opositor del PAN, PRD y MC no era suficiente, ahora se oficializa la otra unión, que también es bastante extraña, nomás de imaginarse a los ateos de izquierda del PT y de Morena sentados en la mesa de los religiosos persignados de Encuentro Social.
CUATRO.- Así, serán tres candidatos presidenciales de partidos y a lo mucho un independiente: José Antonio Meade del PRI, Verde y muy probablemente Nueva Alianza; Ricardo Anaya del PAN, PRD y MC; López Obrador de la otra mezcla y el que logre el registro entre Jaime Heliodoro Rodríguez, el Bronco de Nuevo León y la expanista Margarita Zavala. Seguramente serán 4 y no más. Cuatro, como los jinetes del Apocalipsis.
RESPUESTA.- Por alguna razón, tal vez porque tiene su peso electoral, el alcalde juarense Armando Cabada negó prestar el gimnasio Ignacio Allende a la diputada priista del Distrito 3, Rocío Sáenz, quien ya tenía todo listo para una posada con más de 2 mil personas en la frontera.
PRETEXTO.- El pretexto no oficial, porque dicen nunca le respondieron el oficio que envió la diputada donde solicitaba el inmueble, fue que el día 15 iniciaban unas obras y que era imposible atrasarlas, que no podían prestarle el gimnasio, y que le hiciera como pudiera porque ni una opción le dieron. Claro, todo esto dicho por el segundo del segundo del segundo de abordo, porque el alcalde nunca le contestó la llamada, ni un Whatsapp le mandó.
CALLE.- Ante ello, llamó la atención que la diputada del PRI ya dijo que la posada la hará en la calle, a un costado del gimnasio, lo que es un riesgo porque se trata de una gran concentración de gente a la que no se le puede responder, por ejemplo, con el garrote de la Policía Municipal. Por lo pronto el Distrito 3 le devolverá el favor al alcalde, primero con el apoyo y ciudadano y después en las urnas, aseguran.
JUICIO.- Sin duda el tema de los magistrados suspendidos Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Ramírez Alvidrez, pues tal como lo explicábamos en la edición de ayer de esta columna, además de la denuncia penal y administrativa con la que las autoridades pueden proceder, pocos han mencionado el papel que pueden jugar los diputados locales, pues recordemos que al ser funcionarios públicos el Poder Judicial luego de las investigaciones que habrá de realizar enviará al Poder Legislativo el proyecto de resolución.
JUICIO II.- El órgano interno del Poder Judicial que hará las funciones de investigador al interior del mismo, será quien desarrolle a carpeta de investigación tanto de Gabriel Sepúlveda como de Jorge Ramírez, para luego realizar un proyecto de resolución, enviarlo a la presidencia del Congreso del Estado, en la cual el Poder Judicial le solicita o sugiere al Poder Legislativo– el cual por cierto es priista con Karina Velázquez al frente- que sanción interponer para que finalmente sean los legisladores locales sean quienes determinen si la sanción que les señalan aplica o no a los magistrados suspendidos, la cual puede ir desde una carta de amonestación económica hasta la inhabilitación permanente para ejercer en la administración pública.
PROBLEMA.- Por si fuera poco, hay quienes aseguran que éste no e el problema mayor para el licenciado Jorge Ramírez, pues según los que conocen a detalle este tema, aseguran que el magistrado suspendido fue prestanombres del ex auditor superior del estado, Jesús Esparza Flores, principalmente en la adquisición de un edificio en el Periférico de la Juventud.
PROBLEMA II.- Con esto, además de sortear los procesos penales y administrativos en su contra, quizá se le sume el negocio que emprendió con Esparza Flores, hoy detenido y preso en el Cereso Estatal 1, por lo que de comprobarse, muy seguramente la Función Pública abrirá otra carpeta de investigación.
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